PAÍS
Jorge Pizarro, Roberto León y Marcelo Rozas no solo tienen en común pertenecer a la misma facción del partido de la falange, sino que además usaron a sus familias, especialmente a sus hijos, para obtener y desviar las platas que recibieron de Soquimich. Mientras el ex diputado por Curicó está zafando judicialmente, los otros dos están siendo acusados por emisión y facilitación de boletas ideológicamente falsas, mecanismo para obtener cientos de millones en donaciones ilegales desde la minera no metálica en tiempos en que esta era presidida por Julio Ponce Lerou y «gerenteada» por Patricio Contesse González. Respecto al actual senador por la Cuarta Región, el Ministerio Público tiene pruebas de que recibió a lo menos 28 millones en su cuenta corriente, los que la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet registró como «aportes periódicos».
Se conoce la situación de cada uno por separado. El fiscal Pablo Gómez ha puesto su atención en ellos durante la investigación del caso SQM por financiamiento irregular de la política, por cuanto aparece como un mecanismo similar «padre-hijo» utilizado por tres históricas figuras de la Democracia Cristiana para recibir dineros de Soquimich, presidida entonces por Julio Ponce Lerou. Dos de ellos, el senador Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas, fueron acusados formalmente junto a sus hijos en el que será el mayor juicio por corrupción del que haya registro en el país y, por su parte, el ex diputado Roberto León Ramírez zafó en lo personal, pero su hijo del mismo nombre deberá pagar por sus pecados, por cuanto también se le encontraron varias boletas ideológicamente falsas.
Roberto León Ramírez (68), abogado, empresario agrícola y un cacique de su distrito, Curicó, pertenece a la antigua facción de la DC conocida como los «guatones», ligada a Gutenberg Matrtínez y que tuvo su punto más alto de poder durante la década de los 90. Tras 24 años en el Congreso y pese a que su partido se jugó por su reelección por un sexto período consecutivo, el año pasado no sobrevivió al desprestigio de que su nombre fuera vinculado al caso SQM y perdió su escaño en las urnas.
Así, la única «buena noticia» que ha tenido León en el último tiempo es no haber sido incluido en la lista de los 16 acusados por el fiscal Gómez en la causa SQM, por cometer delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de la política, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas o facilitadas a la minera no metálica.
El ex diputado «se salvó» en lo personal, pero está acusado uno de sus cuatro hijos, Roberto León Araya, ya que la Fiscalía determinó que el agrónomo emitió 63 boletas «en forma sistemática y correlativa» en el período que va desde junio de 2009 a agosto de 2014, mecanismo a través del cual recibió $157 millones de pesos. Es decir, $2,5 millones mensuales sin prestar servicio alguno a Soquimich.
Con esto, SQM mantuvo lazos políticos preferentes que la beneficiaron en momentos delicados, como fue el caso de la influencia que habría ejercido León en la comisión investigadora del caso Cascadas el año 2014, para que las diligencias parlamentarias no apuntaran al ex yerno de Pinochet.
El mismo patrón «padre-hijo» se repite con el senador Pizarro Soto. El organismo persecutor determinó que el parlamentario –reelegido en su escaño por la IV Región hasta el 2021– recibió 45 millones de pesos a través de una consultora, creada por tres de sus hijos, la que emitió boletas ideológicamente falsas a SQM, dineros que luego fueron transferidos a una cuenta corriente del parlamentario y ex timonel de la falange.
El nexo clave entre los León y los Pizarro es otro DC emblemático de la vieja guardia: Marcelo Rozas. El ex embajador en la República Checa en el primer Gobierno de Bachelet –quien salió abruptamente de dicho cargo después de comparar a la entonces Presidenta con Mary Poppins–, dijo a la Fiscalía que asesoraba constantemente a SQM, particularmente a Patricio Contesse, el ex gerente general de la minera no metálica desde 1997, quien, además de delitos tributarios, está formalizado por cohecho y soborno junto a Pablo Longueira.
[cita tipo=»destaque»]El mecanismo elegido por SQM para entregarle efectivo a Pizarro fue usar a sus hijos. La Fiscalía sitúa el comienzo de este acuerdo en agosto de 2010, cuando el parlamentario, entonces presidente del Senado, viajó hasta la ex salitrera María Elena en la Segunda Región, donde SQM tiene faenas, para reunirse con Contesse, Julio Ponce, su hermano Eugenio y el ex embajador Rozas. Fue a partir de allí, y con pleno conocimiento de Contesse de que el senador DC instó –según se hizo la convicción el Ministerio Público– a su hijo Sebastián Pizarro Cristi a que, en su calidad de representante legal de Ventus Consulting, suscribiera un contrato simulado de prestación de servicios con el entonces gerente general de SQM S.A., con fecha 1 de marzo de 2011.[/cita]
Rozas es un histórico militante de la DC que se hizo cargo de la revista Hoy a fines de la dictadura. Ponce Lerou se convirtió en auspiciador de dicho medio de comunicación a partir de 1990, tras conocerse ambos en un cóctel en la embajada de Israel. El ex yerno de Pinochet buscaba en esos años, desesperadamente, conectarse con gente del nuevo gobierno democrático, para asegurar que su empresa pudiera operar en buenas condiciones y que no se revisara su privatización. Y lo logró.
Rozas es licenciado en filosofía, buen lector e informado, encabezó la JDC en los años 70 y a fines de esa década (1978) se fue a El Salvador, para participar de un grupo operativo que asesoraba al presidente de ese país, Napoleón Duarte, contra la guerrilla de izquierda. Un operador de tomo y lomo, que al momento de asumir el Gobierno Patricio Aylwin, en marzo de 1990, seguía bien conectado con sus antiguos amigos Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, todos de la misma subtendencia política a la que pertenece el ex diputado León.
«Marcelo Rozas López lo conozco hace muchos años, porque era director de la revista Hoy. Me hice amigo de él, tengo permanentes conversaciones con él. Él no trabaja para Soquimich, también conozco a su esposa, Michelle Reymond. Tampoco trabaja para Soquimich. Si le prestan servicios o no a Soquimich no lo sé», declaró en marzo de 2015 Julio Ponce Lerou a la Fiscalía. Pero sus respuestas no convencieron mucho al fiscal Gómez, ya que el Ministerio Público optó por acusarlo por delitos tributarios a él, su esposa y su hijo Daniel.
Esta cercanía con Ponce Lerou permitió a Rozas tener la confianza para ofrecer trabajo al hijo del entonces diputado León. «Se había casado y tenía un hijo y le pregunté si podía hacerme informes sobre fertilizantes. Le pedí a Contesse que lo contratara para que trabajara conmigo», dijo el ex embajador en su testimonio a la Fiscalía.
Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, las boletas mensuales de 2,5 millones a León Araya empezaron en junio de 2009 y se extendieron mensualmente hasta agosto de 2014, y con posterioridad, en octubre del mismo año, el abogado de SQM, Enrique Olivares, preparó un contrato de honorarios simulado –para intentar justificar lo anterior– entre la compañía y el hijo del ex diputado DC, «siguiendo las instrucciones de Patricio Contesse González».
El contrato llegó a manos de Daniel Muñoz, asistente de Rozas. Este hombre también es clave, pues fue él quien rellenó con su puño y letra el talonario con las boletas que mensualmente llegaban a las oficinas de SQM a nombre de Roberto León para ser pagadas y, en el caso del contrato, también fue remitido desde la minera no metálica a través de Muñoz. El empleado lo devolvió el 13 de octubre de 2014 al correo de Katherine Bischoff, la secretaria de Contesse.
El órgano persecutor determinó que el contrato tenía una firma de León «que resultó ser falsa».
En su testimonio judicial, León Araya dijo que el dinero recibido «lo usé en gastos personales y en los gastos que generó la enfermedad de mi señora». Su esposa murió de cáncer en marzo de 2014, meses antes de que se detuvieran los pagos.
Hasta aquí no hay vínculos explícitos entre el dinero obtenido y la actividad política del ex diputado Roberto León Ramírez. Pero se determinó que desde SQM hubo pagos asociados a Miguel Salazar Beltrán –asesor legislativo de León Ramírez– entre el 29 de octubre de 2014 y enero de 2015. Salazar armó una sociedad usando, igual que otros DC, el nombre de su hija, Magdalena. Se trató del Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (CELAC), que se constituyó en 2011, pero fue a partir de octubre de 2014 que empezó a recibir pagos, por un total de $40 millones, desde SQM.
Dichos pagos comenzaron días después que una auditoría interna de Soquimich recomendara terminar con los pagos a León Araya, «por su vinculación con una persona políticamente expuesta». El financiamiento, entonces, llegó al asesor legislativo de León hasta comienzos de 2015. Meses después estalló el caso SQM y el propio Julio Ponce fue a declarar, señalando que Salazar Beltrán era «amigo y camarada de Rozas».
Para el próximo 23 de agosto está programada la audiencia donde se escucharán los alegatos del proceso de desafuero contra el senador Pizarro, que la Corte de Apelaciones ya declaró admisible. Sin esta protección procesal, la Fiscalía podrá formalizarlo y acusarlo por los delitos tributarios contemplados en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. En palabras simples, facilitación de boletas ideológicamente falsas.
Otra vez, el mecanismo elegido por SQM para entregarle efectivo a Pizarro fue usar a sus hijos. La Fiscalía sitúa el comienzo de este acuerdo en agosto de 2010, cuando el parlamentario, entonces presidente del Senado, viajó hasta la ex salitrera María Elena en la Segunda Región, donde SQM tiene faenas, para reunirse con Contesse, Julio Ponce, su hermano Eugenio y el ex embajador Rozas. Fue a partir de allí, y con pleno conocimiento de Contesse de que el senador DC instó –según se hizo la convicción el Ministerio Público– a su hijo Sebastián Pizarro Cristi a que, en su calidad de representante legal de Ventus Consulting, suscribiera un contrato simulado de prestación de servicios con el entonces gerente general de SQM S.A., con fecha 1 de marzo de 2011.
A ojos del Ministerio Público, dicho contrato «es falso», porque la primera boleta de Ventus a SQM está fechada el 12 de abril de 2011, dos días antes de una reunión en la que participaron el hijo de Pizarro y Contesse, donde ambos discutieron los posibles servicios a prestar, pero sin que nada de eso se zanjara. A la luz de la investigación, los únicos servicios prestados por Ventus a SQM fueron entre el 12 abril de 2011 y el 27 de julio de 2012, que consistieron en un conjunto de «asesorías verbales», que no son más que conversaciones entre Pizarro Cristi y Rozas, por las que se le pagó 45 millones, de los cuales –de acuerdo al Ministerio Público– al menos $28 millones llegaron a una cuenta corriente del senador DC, mientras que otra parte fue transferida por otro de los hijos del senador DC y socio de Ventus, Benjamín, a su madre, María Angélica Cristi Iturriaga.
El único acusado del clan Pizarro Cristi es Sebastián. No tuvo la suerte de sus hermanos, Benjamín –publicista de la UDP y que actualmente trabaja en la CCU– y Jorge, que no fueron incluidos en la nómina de los 16 acusados establecida por la Fiscalía. Aunque a este último el escándalo igual lo golpeó, porque lo obligó a renunciar en 2015 a la vicepresidencia del Comité de Inversiones Extranjeras y se tuvo que congelar «políticamente», ya que hasta ese momento era considerando una de las «promesas» del bacheletismo durante la campaña presidencial del 2013, más aún siendo yerno del entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Hay una cadena de correos que servirían para comprobar que los pagos que recibió Ventus se debieron a aportes políticos para el senador Pizarro. Uno de ellos es un email enviado el 4 de mayo de 2011 por Sebastián Pizarro a Contesse –y recibido por su secretaria–, en que le escribe «solamente para recordarte que estamos absolutamente disponibles para reunirnos nuevamente –cuando estimes conveniente– para concretar una propuesta de servicios, teniendo en cuenta las reales necesidades de SQM».
Dicho correo, fue reenviado por la secretaria de Contesse al abogado de SQM: «Don Patricio dice si le puede recordar qué estaban viendo con ellos (aparte de los aportes) slds. Kathi Bischoff» (sic), a lo que Olivares respondió que «lo único que yo conozco es el contrato que adjunto», refiriéndose al de marzo del 2011.
Además de ser apuntado como facilitador de los pagos a León y Pizarro, el ex embajador Rozas está acusado de delito tributario por un total de 199 boletas falsas, en las que se incluye un paquete de documentos a nombre de su esposa y su hijo, quienes «facilitaron sus talonarios de boletas» a Rozas, quien se las pasaba a Muñoz, su asistente, para que las llenara.
En total, Marcelo Rozas es acusado de participar en la recepción irregular de 478 millones de pesos, entre 2006 y 2015. En el caso de su hijo Daniel, recibió –entre septiembre de 2009 y diciembre de 2013– un total de 165 millones. Mientras que su esposa, Michelle Reymond –entre junio de 2009 y agosto de 2014–, recibió un total de 157 millones. Según la Fiscalía, este dinero le sirvió a Rozas para rebajar sus propios impuestos, a partir de las «asesorías» que hacía a SQM.
