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«El otorgamiento de libertades condicionales a ex militares – desconociendo el derecho internacional de los Derechos Humanos-, por parte de los ministros acusados, se suma a las bajas condenas impuestas por crímenes atroces y la aplicación de criterios que reducen la responsabilidad de los condenados. No podemos olvidar, además, que la justicia ha demorado 40 años en juzgar el terrorismo de Estado», manifestaron.
En los próximos días, la Cámara de Diputados comenzará a debatir la acusación constitucional interpuesta contra tres ministros de la Corte Suprema por haber incurrido en notable abandono de deberes.
«Esta acusación, promovida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y diputados de oposición, constituye un deber ético frente al peligro cierto de la impunidad para los criminales de lesa humanidad», afirmaron diversas organizaciones de DD.HH., a través de un comunicado público. Entre ellas destacan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua, y Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y detenidos Desaparecidos de Antofagasta
«El otorgamiento de libertades condicionales a ex militares – desconociendo el derecho internacional de los Derechos Humanos-, por parte de los ministros acusados, se suma a las bajas condenas impuestas por crímenes atroces y la aplicación de criterios que reducen la responsabilidad de los condenados. No podemos olvidar, además, que la justicia ha demorado 40 años en juzgar el terrorismo de Estado», agregaron.
Y precisaron: «Porque no buscamos una justicia a medias es que reafirmamos la necesidad de que el Congreso apruebe la acusación constitucional, como un acto indispensable para frenar la impunidad».
«Lo que está en juego hoy no es la defensa personal de algunos jueces, sino que el respeto por el orden internacional de los DDHH, el deber ineludible de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y no adoptar forma alguna de impunidad», añadieron.
En ese sentido, dijeron que «nuestra lucha incansable es para impedir la repetición del genocidio; debemos alejar para siempre la posibilidad de una dictadura, se lo debemos a Chile y sus generaciones futuras».
