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La acción parecía unir a la oposición desde la ex Nueva Mayoría hasta el Frente Amplio, pero lo cierto es que hay posiciones divergentes sobre la viabilidad del libelo contra los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, especialmente en el PS. Hay quienes consideran que es mejor acudir a instancias internacionales y realizar modificaciones legales en el Congreso, mientras que otros apuntan a la falta de «cálculo y despliegue político» de los patrocinantes, después que el máximo tribunal sacara toda la artillería pública para defender a sus magistrados.
El futuro de la acusación constitucional –liderada por la diputada y abogada de DDHH Carmen Hertz (PC)– en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, por otorgar la libertad condicional a siete violadores de Derechos Humanos, se mueve en un peligroso equilibrio de fuerzas al interior de la oposición.
A nivel parlamentario, algunos señalan que es “muy factible” que no se llegue a discutir en la Sala de la Cámara de Diputados el fondo del libelo y que se caiga antes, en la denominada “cuestión previa” que revisa su viabilidad. Misma etapa en la que, en junio, naufragó la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, un antecedente no menor y que desde la ex Nueva Mayoría reconocen que, de repetirse, sería una derrota «complicada», considerando que la acción contra los tres supremos responde a una materia “mucho más sensible”.
La idea de la acusación surgió después que los tres jueces de la Sala Penal otorgaran la libertad condicional a siete reos sentenciados por crímenes de lesa humanidad, lo que, a juicio de la diputada Hertz, implica una “clara señal de impunidad”. Pero, a pesar de la coincidencia en la oposición sobre ese punto, el camino que ha transitado la acusación ha sido pedregoso, especialmente ante la avalancha de presiones púbicas, con declaraciones y cartas de autoridades políticas, jurídicas y abogados que han fustigado los argumentos en que se sustenta el libelo.
Desde la Corte Suprema han remarcado que la acusación afecta los equilibrios de poderes al interior del Estado. El propio presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, recalcó ayer que esta acción acusatoria de los diputados trae consigo “un problema de autonomía” y que es “una situación que sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y entes públicos (…). Confiamos ciertamente en que esta acusación, en definitiva, no prospere”.
Podía ser hasta esperable que la Corte Suprema se alineara con sus pares, pero lo que no se vislumbró es que la acusación generara discrepancias en el seno del mundo de los Derechos Humanos, puntualmente por el rol que en esta área han jugado por años los jueces cuestionados. Eso fue lo que recalcaron esta semana, en una carta pública, 32 abogados relacionados con la defensa de los DDHH, en la que manifestaron que los magistrados Dolmestch y Valderrama “han ejercido con dignidad, probidad y un claro compromiso con los Derechos Humanos sus funciones como ministros”.
Para Hertz, la defensa corporativa de la Suprema es “una amenaza” y tampoco dudó en sentenciar, sobre los mencionados Dolmestch y Valderrama, que «no creo que uno tenga que agradecer a los ministros que administren justicia, después de 30 años (…) la acusación constitucional no es castigo y no presentarla tampoco es premio”.
[cita tipo=»destaque»]En lo que hay consenso pleno en la oposición es en cuanto al “error de cálculo” que se cometió al no contemplar la arremetida que haría la derecha, la que rápidamente se percató de que, de ser aprobada la acusación constitucional en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, implicaría tres vacantes extras en la Corte Suprema y, por ende, tres nuevos jueces adicionales que el Gobierno de Sebastián Piñera podría nominar, aparte de los siete que ya le corresponde en estos cuatro años.[/cita]
Este complejo escenario, que se ha acrecentado durante la semana, ha despertado críticas internas entre los partidos de la ex Nueva Mayoría. Para parte del PS y el PPD, claramente en el caso de esta acusación ha existido “un mal manejo político” por parte de los diputados patrocinantes, quienes no habrían calculado la arremetida que podía liderar la Suprema y el peso que tienen entre sus pares y el mundo judicial los jueces Dolmestch y Valderrama.
Hertz insiste en que toda esta planificación del establishment refleja la intención de “enmascarar una forma de impunidad” desarrollada por los jueces y que la acusación tiene «el apoyo irrestricto de las agrupaciones de DDHH”.
Pese a que en un principio las bancadas de oposición dieron su respaldo absoluto a la acusación, poco a poco, con el correr de los días, se han abiertos flancos de críticas y dudas.
La DC fue el único partido que desde el primer momento se mostró dividido ante el tema y solo el diputado Raúl Soto firmó la presentación de la acusación. En el PPD las presiones del mundo jurídico han calado bastante y, durante esta semana, la comisión política de la colectividad «recomendó» a su bancada de diputados no aprobar el libelo en la Sala y, en cambio, acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, una decisión que tomó por sorpresa a varios de los parlamentarios que no estaban enterados de la opción de su propio partido.
No son los únicos tensionados por el tema. Al interior del PS las voces disidentes apuntan a una estrategia errada, consideran que no era el camino correcto optar por la acusación constitucional, sino que como Poder Legislativo lo mejor era realizar leyes que establezcan, más allá de toda duda, materias delicadas como la libertad condicional en casos de crímenes de lesa humanidad.
A eso se suma que en el Partido Socialista hay quienes creen que, en vez de la acusación, la mejor estrategia es recurrir a la CIDH. También se habla de presiones desde la masonería y que hay diputados socialistas que han expresado sus reparos ante la acusación, como Marcelo Schilling y Raúl Leiva, quienes habrían planteado que el libelo “es un disparo en los pies y que no tiene ningún sentido”.
En este tenso clima, existe un factor no menor: las negociaciones por el proyecto de libertad condicional que se encuentra en discusión en comisión mixta. El PS ingresaría una indicación sobre crímenes de lesa humanidad, que necesita del respaldo del Gobierno y, si bien existiría una suerte de pacto “bajo cuerdas” previo, ahora desde la derecha está siendo cuestionado, lo que podría hacer peligrar la apuesta socialista.
Otro de los aspectos que se han discutido puertas adentro en el Partido Socialista es el rol que juegan en la oposición y su capacidad de liderar las batallas que emprenda esta, una discusión que ya dio sobre qué posición tomar ante la solicitud de remoción que presentó el Frente Amplio contra el Fiscal Nacional Jorge Abbott. El problema del PS, apuntan, es que es el capital político del socialismo el que está en juego, porque, aunque la acusación fracase, «ni al PC ni a Carmen Hertz les afectará».
Hasta ahora siguen en duda los votos de la DC, los regionalistas y el Partido Radical, donde hay posiciones disímiles principalmente por el rol que han jugado Dolmestch y Valderrama en materia de Derechos Humanos.
En el Frente Amplio también se abrió la discusión al respecto y hubo algunas voces disidentes, aunque la mayoría de la bancada consensuó en dar el voto a favor, tanto en la cuestión previa como en la acusación misma. El diputado Tomás Hirsch (PH) recalcó que apoyarán la acusación y que “a todo el establishment le incomoda que aparezcan nuevas formas de llevar adelante a la política, donde no aceptamos las transacciones binominales que existían antes. Ya no estamos dispuestos a que se violenten los Derechos Humanos por un simple acuerdo de cúpula. No me extraña que haya estas reacciones, pero me confirma la coherencia de la acusación que hemos presentado».
En lo que hay consenso pleno en la oposición es en cuanto al “error de cálculo” que se cometió al no contemplar la arremetida que haría la derecha, la que rápidamente se percató de que, de ser aprobada la acusación constitucional en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, implicaría tres vacantes extras en la Corte Suprema y, por ende, tres nuevos jueces adicionales que el Gobierno de Sebastián Piñera podría nominar, aparte de los siete que ya le corresponde en estos cuatro años.
Por eso, algunos diputados de Chile Vamos han adelantado la posibilidad de votar a favor de la acusación, con el fin de sacar a los “jueces de izquierda” en la Suprema. Una jugada que nadie anticipó y, menos, que uno de los protagonistas fuera el diputado UDI y reconocido pinochetista, Ignacio Urrutia. “Estos tres jueces, junto a otros, durante varios años han venido condenando con ficciones jurídicas a varios uniformados en retiro. Creemos que sería una buena oportunidad para poder sacar a tres jueces de la izquierda de la Corte Suprema y darle la oportunidad al Presidente Piñera de nombrar a magistrados que realmente respeten las leyes y la Constitución”, dijo el polémico parlamentario la semana pasada, con lo que prendió las alertas en la oposición y contaminó aún más el debate interno sobre el tema.
Otro despliegue de la derecha que resultó inesperado fue la reacción del Gobierno. La Moneda había cimentado una tensa relación con el Poder Judicial, considerando que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había dicho en diversas ocasiones que existen jueces abiertamente tensionados hacia la izquierda, más aún en las Cortes de Apelaciones. Pero en Palacio optaron ahora por defender a los magistrados y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, advirtió que «no corresponde al Congreso Nacional y en este caso a la Cámara de Diputados, hacer una acusación constitucional contra jueces por el contenido de sus resoluciones judiciales (…). Afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática”.
Al respecto, Hertz señaló a El Mostrador que “me parecen improcedentes y deplorables las expresiones del Gobierno”, porque las rodea “un tono de amenaza que no corresponde”, cuestionamiento que corre igual –precisó la abogada– para el despliegue de declaraciones que ha realizado la Corte Suprema.
La oposición aún tiene días para tratar de buscar una postura común sobre la acusación. Ayer comenzó a sesionar la comisión especial –integrada por Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD), Natalia Castillo (RD), Esteban Velásquez (FRVS) y el UDI Renzo Trisotti–, que debe estudiar el libelo y emitir un informe a la Sala de la Cámara de Diputados con su recomendación.
