“La justicia tarda pero llega y así también le llegará cuando deje de ser Presidente. Ha equivocado el lugar donde se encuentra el adversario; ahora se ha hecho de grandes enemigos y con estas actuaciones ningún uniformado votará por Ud. en el futuro”, señala un párrafo dirigido al jefe de Estado.
Parece un texto sacado de los años más oscuros de los 70. El lenguaje, los argumentos, las acusaciones, todo recuerda esa época de la dictadura donde las amenazas y los anónimos estaban a la orden del día. Pero en pleno 2013 el grupo “Justicia Verdadera” –que agrupa a civiles y ex militares– amenazó desde el Presidente Sebastián Piñera hasta periodistas de reconocida trayectoria en temas judiciales.
El 21 de octubre llegó por correo al Congreso la amenaza que habla de “traición” a la patria, fustiga las “continuas acciones de comunistas, socialistas y sus aliados en contra de uniformados y sus familiares” y critica que no se aplique como corresponde la Ley de Amnistía. El texto tiene varios párrafos delirantes en tono y contenido, errores de redacción, nombres y apellidos mal escritos y una estructura que trató de imitar la de los fallos judiciales con vistos, considerandos y hasta sentencia.
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, la recibió el 21 de octubre en la Cámara Baja e hizo llegar los antecedentes al fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, quien ordenó investigar el hecho. El subcomisario del departamento quinto de la PDI, José Cea, está realizando la ronda de entrevistas a los amenazados.
En el anónimo se dice que Piñera es “un traidor, un maricón y un miedoso infeliz, que no ha cumplido lo prometido a los militares durante su postulación” y se le cuestiona la decisión de cerrar el Penal Cordillera para buscar “la aprobación de los comunistas e izquierdistas”.
Lo amenazan directamente. “La justicia tarda pero llega y así también le llegará cuando deje de ser Presidente. Ha equivocado el lugar donde se encuentra el adversario; ahora se ha hecho de grandes enemigos y con estas actuaciones ningún uniformado votará por Ud. en el futuro”.
Además, lo acusan de ser “el único responsable” del suicidio de Odlanier Mena, algo por lo que “esta organización lo sancionará de acuerdo al grado de su culpabilidad, que se ejecutará una vez que entregue el mando de la Nación”.
En el anónimo se fustiga a “jueces y magistrados izquierdistas”, apuntando al ministro Mario Carroza –a cargo de la causa de la operación Colombo– y ex jueces como Juan Guzmán y Alejandro Solís. Habla de “abogados comunistas y otros que se han hecho ricos en la defensa de extremistas y de sus familiares” y reclaman la intención de parlamentarios de izquierda de querer “quitarles las pensiones a presos uniformados y a sus familiares, de quitarles sus derechos legales, de suprimir los recintos carcelarios en que están”, todo un panorama que consideran “una venganza más en contra de los uniformados que salvaron a Chile del comunismo”.
Por lo mismo, advierten que si las “actuales autoridades” siguen ayudando a “estos resentidos permanentes”, aseguran que “serán muchas las cabezas que rodarán y muchos más los que se arrepentirán de haber ayudado a este descalabro”.
Cuatro periodistas son señalados por “Justicia Verdadera”. La directora de CIPER, Mónica González, los reporteros radiales Erik López, Mario Guzmán y el periodista Jorge Escalante, autor de dos libros sobre DD.HH: “La misión era matar” (2000) sobre la Caravana de la Muerte y “Los Crímenes que remecieron a Chile” (2013).
El texto habla de la “desvergonzada intervención de periodistas y otros comunicadores, en el tratamiento de los derechos humanos y en contra de los uniformados, sin mencionar los motivos que los provocaron, sin haber vivido durante esa época negra de Chile, sin pensar que ellos o sus familias fueron salvados de una guerra civil con consecuencias mucho peores”.
El subcomisario Cea ya entrevistó a algunos de los periodistas. Escalante, consultado por el tema, contó que la semana antepasada lo llamaron varias veces a su teléfono fijo y a su celular, nadie le hablaba, tampoco cortaban, sólo se quedaban escuchando al otro lado de la línea.
No se escaparon ni las elecciones presidenciales. Critican a la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, porque “habiendo participado en grupos subversivos de extrema izquierda, como el FPMR, no ha sido sometida a ningún juicio ni ha sido sancionada”, mientras que a la abanderada UDI, Evelyn Matthei, se le fustiga por apoyar a Piñera en el cierre del Penal Cordillera, lo que implica que por “esta irracional actitud, los uniformados y sus familias no votarán por ella en las próximas elecciones, con lo cual su candidatura se pierde”.
