BRAGA
En octubre de 2021 se aprobó la Ley 21.378, que establece el monitoreo telemático a imputados por violencia intrafamiliar. Su objetivo es que los agresores cumplan efectivamente las órdenes de alejamiento, para resguardar la integridad física de las víctimas. Sin embargo, solo el 4% de las más de 1.700 tobilleras solicitadas se ha instalado. Esta investigación revela que los problemas son sobre todo técnicos: direcciones mal escritas, la proximidad entre las viviendas de víctima e imputado, problemas de conectividad e inasistencias a la instalación.
Daniela* (34) decidió dejar a su pareja cuando escuchó el llanto de su hija pequeña. Ocurrió después de 13 años de relación con su agresor, tiempo en el que los gritos, golpes e insultos fueron parte de su día a día. “En el momento que estás envuelta en esta normalidad, tú no lo ves. Entonces, ver a la más chiquitita [de sus hijos] ponerse a gritar y a llorar entremedio de los dos (…), fue como: ‘¿¡Qué pasa?! Esto no lo puedo permitir’”, señala.
Cuando decidió que era suficiente, su expareja dejó el hogar a regañadientes, pero dos semanas después volvió a agredirla. Un día apareció molesto en el portón de su casa, pidiendo unas herramientas. Daniela abrió la puerta para que pasara por el patio y pudiera llegar a la bodega, pero su expareja exigió entrar a la casa. Ella se negó y él empezó a gritar y a golpear la puerta.
“Ahí empecé como con temor (…). A él no le estaba importando que otras personas lo escucharan. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que esto ya no es algo que mantiene oculto (…). Se está dejando ver. Entonces, de verdad que me dio miedo. Dije: ‘¿Hasta dónde?, ¿qué más puede hacer, si ya no le está importando que los demás lo vean?’”, cuenta Daniela. En medio del altercado, llamó a Carabineros. Fue así como hizo la primera y única denuncia por violencia intrafamiliar. El Tribunal de Familia decretó una orden de alejamiento de 100 metros.
Sin embargo, no sirvió. Su expareja comenzó a vivir a la vuelta de su casa y la ciudad era tan pequeña que coincidían en todas partes. Esas veces él la acosaba. Daniela lo denunció por desacato cuatro veces, aunque él violó la orden en más ocasiones. Así, el Tribunal de Familia le dio la posibilidad de que su agresor llevara una tobillera electrónica.
Daniela creyó que esta herramienta la protegería: “Tú casi debes tenerlo ahí, en el momento, pero es imposible porque se escabulle muy rápido, busca excusas (…). La tobillera era una seguridad para mí”, dice. Sin embargo, dos semanas después el consejero técnico del Tribunal de Familia la contactó para informar que, según Gendarmería, la instalación no era posible: “Es complejo que no te aprueben algo que va en beneficio de ti como mujer, como persona, y que el Estado, o quien lo tenga que aprobar, no lo haga”.
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María (43) vio cómo la violencia surgió de a poco en su relación: su pareja se presentaba en su casa sin avisar, golpeaba las paredes al discutir o tomaba decisiones por ella. Eso último ocurrió en el primer viaje que hicieron juntos, cuando él compró un pasaje a Pucón para los dos, aunque María le dijo que no quería.
La misma noche que llegaron discutieron y María decidió escapar al día siguiente. Se dirigió al terminal de buses, pero su pareja la interceptó. Trató de detenerla tomándola del brazo y, al empujarla hacia él, María cayó al suelo. “Él me dijo: ‘Tú te caíste sola, yo no te boté. Tú perdiste el equilibrio sola’. Yo quedé plop (…). Siempre la culpa era mía”, relata.
Estuvieron así un año, en el que terminaban y volvían, hasta septiembre de 2022. Esa vez discutieron en estado de ebriedad y la situación escaló. “Me empezó a arrastrar por el suelo, me tiró del pelo, y yo dentro de lo mareada que estaba, trataba de zafarme. Le pegué una patada al ventanal, porque era la única forma de que alguien de afuera me escuchara”, detalla María.
Esa fue su cuarta y última denuncia por violencia intrafamiliar. Ya decidida a nunca más volver, asistió al Centro de la Mujer de su ciudad. La abogada le ofreció la posibilidad de que su expareja fuera monitoreada telemáticamente. Y resultó: desde enero de este año que se siente un poco más protegida. “Yo discutí una vez con mi vecino, [decía] que por qué no cierro temprano [el negocio], me puede pasar algo (…). Yo le dije: ‘Yo soy la mujer más segura del mundo’, porque tenía un botón de pánico, un botón directo con Gendarmería, un teléfono de Carabineros, porque se había activado una red de protección por mí”.
La Ley 21.378 de monitoreo telemático en causas de violencia intrafamiliar fue impulsada en 2014 por la expresidenta del Senado Adriana Muñoz, con el objetivo de proteger a mujeres en la misma situación que Daniela y María. Estuvo en discusión durante siete años y, cuando fue promulgada el 4 de octubre de 2021, reunió un coro de voces políticas esperanzadas, pues finalmente existiría una herramienta que hiciera cumplir las órdenes de alejamiento y, así, proteger la integridad física de las víctimas. En su momento, Hernán Larraín, entonces ministro de Justicia, calificó la promulgación como “un día histórico”, según consignó La Tercera.
El sistema que habían creado seguía un camino que comenzaba con la denuncia de la víctima, la cual es tramitada por un Tribunal de Familia o de Garantía.
El juzgado al que la denuncia llegue depende de los hechos. Según la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066), si la víctima cuenta que el imputado cometió un delito –por ejemplo, la golpeó–, la causa será revisada por un Tribunal de Garantía. Pero si relata un altercado, como por ejemplo que su expareja fue a su casa y la insultó, la denuncia irá a un Tribunal de Familia.
Para que la solicitud de monitoreo pueda ser tramitada en el tribunal, la causa necesita contar con tres requisitos: el imputado debe tener una orden de alejamiento, más de un antecedente por violencia intrafamiliar y la víctima tiene que estar en una situación de “Alto Riesgo”, según la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo (PUIR), un cuestionario que determina el nivel de violencia que está viviendo la víctima.
Si existe un informe de “Alto Riesgo”, el juez entrega la solicitud de instalación a Gendarmería, que, a la vez, solicita un informe de factibilidad técnica a la empresa proveedora de las tobilleras electrónicas, Track Group Chile, ganadora de la licitación pública en 2021. Este reporte determina si existen las condiciones técnicas para el funcionamiento de la tobillera: una óptima señal, una distancia mínima de un kilómetro entre el domicilio de la víctima y el imputado y que las direcciones de cada uno de los involucrados sean las correctas. Si alguna de estas condiciones no se cumple, Track Group responderá como “negativo” o “no recomendable” a la solicitud de implementación.
Gendarmería paga mensualmente a Track Group S.A. un monto asociado al número de tobilleras instaladas. Según el contrato firmado con la empresa en julio de 2020, el precio por cada tobillera es de 3.747 pesos, incluyendo los costos de instalación y monitoreo. En total, el servicio podría llegar a costar casi 20 mil millones, si su total capacidad estuviera operativa. Sin embargo, las tobilleras electrónicas no se instalan al ritmo que los gestores de la ley esperaban.
Las autoridades no preveían los numerosos desafíos que la ley encontraría para ser aplicada efectivamente. Hasta el 22 de mayo de 2023, 1.764 mujeres han solicitado que sus agresores sean monitoreados telemáticamente. Sin embargo, 1.688 (96%) de ellas no lo han logrado. Desde que la ley empezó a regir, a inicios de abril de 2022, hasta finales de marzo de 2023, solo 76 imputados han sido controlados telemáticamente, según información solicitada a través de Transparencia. De ese total, 36 están en la Región Metropolitana. Le sigue la Región de O’Higgins, con 10 dispositivos.
Las razones de esta baja implementación, principalmente, radican en las respuestas de los informes de factibilidad técnica generados por Track Group S.A.
Según Andrés Briceño, gerente general de la empresa, la principal razón para rechazar la instalación de tobilleras es la falta de precisión en las direcciones de las solicitudes, que son rellenadas por los consejeros técnicos de los tribunales y firmadas por los jueces.
“Fundamentalmente, el rechazo es por la ausencia de detalles en las direcciones. A veces la calle es Salvador Allende 420, pero no dice la comuna. A veces en la misma comuna hay dos calles que se llaman Salvador Allende 420”, asegura. Agrega que la solicitud que llega desde los tribunales tiene que contener datos específicos: “Lo mejor que debe hacer el solicitante es entregar las coordenadas”, sugiere Briceño. Aun así, no responsabiliza a los consejeros técnicos que rellenan la solicitud, pues cuenta que algunos imputados mienten o son imprecisos a la hora de declarar su dirección.
En estos casos, el informe de factibilidad técnica se responde como “negativo”. En esta situación, Gendarmería entrega el documento a tribunales, para que puedan rectificar las direcciones y corroborar los datos. No existe un plazo definido para que el juzgado modifique los datos erróneos de la solicitud.
Track Group también puede concluir que la instalación “no es recomendable” en los casos en que la víctima viva a menos de un kilómetro de su agresor. Andrés Briceño explica la razón:
“Dentro de las [solicitudes] rechazadas están las que no recomiendo utilizar. Por ejemplo, si Valentina vive a 200 metros de la casa de Andrés, la tobillera electrónica no va a funcionar, aunque haya cobertura (…). Carabineros no va a llegar a tiempo a la casa [de la víctima] antes de que él llegue, esos 200 metros los recorre corriendo en un minuto”, ejemplifica.
Esto le ocurrió a Daniela. Entre su domicilio y el de su agresor no existía una distancia mayor a un kilómetro: “Podrían modificar ese parámetro para cumplir con ese requerimiento, porque tú no sabes a dónde puede llegar una persona que es violenta. ¿Por qué no acortar las distancias si ves que alguien está siendo violentado?”, reflexiona Daniela, consultada sobre este punto.
Natalia García, socióloga especializada en temáticas de género, explica la razón de este fenómeno: “Hay condiciones estructurales en nuestra sociedad que no lo facilitan [vivir lejos], como la dificultad para tener una autonomía económica o la necesidad de estar cerca de tus redes de contacto”.
Créditos: Foto de Francisco Flores/ Agencia Uno
Para esta investigación, se solicitó a Transparencia información sobre los radios de exclusión indicados en cada informe de factibilidad técnica, es decir, la distancia mínima que la víctima y el imputado deben respetar. Esta distancia es determinada por el juez y consejero técnico de cada tribunal. Hasta el 22 de mayo de 2023, 763 de los informes de factibilidad técnica tienen un radio de exclusión menor a 1.000 metros, por lo que calificarían como “no recomendable” para Track Group.
Andrés Briceño asegura que, en estos casos, dependerá del tribunal determinar cómo continuar con el proceso.
Las demás solicitudes son rechazadas por problemas de cobertura. Este es el caso del Juzgado de Familia de Curicó, que hasta el 22 de mayo de 2023 había solicitado 99 informes de factibilidad técnica, convirtiéndose en el tercer organismo con mayor cantidad de solicitudes en Chile, según las cifras entregadas por Gendarmería, a través de Transparencia. Sin embargo, solo se han instalado cinco tobilleras en la Región del Maule.
María Paz Arriagada, consejera técnica de este juzgado, comenta que la falta de conectividad es un motivo recurrente por el que las tobilleras no se instalan en la comuna: “Supongamos que la víctima o el ofensor viven en una zona rural, entonces muchas veces no se puede hacer el monitoreo, porque no se dan las condiciones técnicas para ello”, explica.
Andrés Briceño comenta que la misma situación ocurre en ciertos sectores del norte del país: “En el sector de Mejillones hay personas que trabajan con las algas y allí no hay cobertura. Tampoco en algunos pueblos del desierto o algunas islas, pero son menores los casos”, aclara.
En otros sectores, la posibilidad de una tobillera electrónica ni siquiera es considerada. Por ejemplo, en el Centro de la Mujer de Renca no se han solicitado dispositivos, debido a las “zonas rojas”, término con que se refieren a la nula cobertura.
En caso de que la solicitud sea aprobada, el imputado debe dirigirse a uno de los 47 Centros de Reinserción Social de Gendarmería (CRS) del país, para que un trabajador de Track Group le instale la tobillera, pero la ley no estipula una sanción en caso de que el imputado no vaya.
“No hay nada que lo obligue a él a comparecer a este recinto para la instalación. Es bastante difícil que eso ocurra, imagínate que de por sí las prohibiciones de acercamiento no se cumplen. Que un agresor concurra voluntariamente a la instalación del dispositivo es súper utópico”, señala Natalia Delgado, exabogada del Centro de la Mujer de Chiguayante y actual jefa de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social en la Región del Biobío.
Hasta junio de 2023, en un Centro de Reinserción de la Región Metropolitana se ha aprobado la instalación de 76 tobilleras. De ellas, 10 se instalaron de manera efectiva. Uno de sus trabajadores, quien decidió mantener su anonimato, sospecha que faltan porque no son notificados: “No sabemos si el tribunal los notifica (…). No nos envían respuesta y, cuando lo hacen, se la envían al Centro de Monitoreo (de Gendarmería)”, asegura. Según el trabajador, esta falta de comunicación provoca que el Centro de Reinserción no sepa el futuro de cada solicitud cuando el imputado no asiste.
“Las notificaciones se vuelven difíciles [cuando] cambian de domicilio constantemente, dan una dirección que no corresponde, pero lo más frecuente es cuando ellos se cambian constantemente de domicilio”, ejemplifica María Paz Arriagada.
En este escenario, la esperanza que vino con la promulgación de la ley fue disminuyendo. La senadora Yasna Provoste fue una de las autoridades que ha manifestado su preocupación. El 22 de diciembre de 2022 solicitó, mediante un oficio, conocer la cantidad de dispositivos de monitoreo telemático instalados. Gendarmería respondió cuatro meses después: el documento reflejaba que, hasta el 24 de abril de 2023, 1.164 informes de factibilidad técnica fueron solicitados y 48 tobilleras electrónicas habían sido instaladas, vale decir, solo el 4%.
Se consultó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sobre la baja implementación. Si bien reconocieron los desafíos, destacaron la creación del convenio de colaboración interinstitucional para la aplicación de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, así como el protocolo de protección inmediata en violencia contra las mujeres. Ambos tienen como objetivo que las instituciones resguarden, de la manera más inmediata y oportuna, a las mujeres víctimas de violencia.
Por su parte, se le consultó a Gendarmería sobre la experiencia del Centro de Monitoreo con las tobilleras: “En general y desde esta puesta en marcha (…), la experiencia ha sido satisfactoria, puesto que, gracias a un equipo altamente capacitado de funcionarios de Gendarmería, y al trabajo colaborativo interinstitucional, se ha logrado llevar a cabo el control de aquellas medidas o penas que busquen garantizar la prohibición del ofensor de acercarse a la víctima”, respondieron oficialmente.
Hasta el cierre de este reportaje, y pese a múltiples insistencias, el Ministerio de Justicia no se había pronunciado respecto del tema.
Finalmente, Track Group Chile ha puesto énfasis en la disponibilidad de tobilleras electrónicas a lo largo del país. Así lo comunicó en una Carta al Director en el Diario Constitucional, publicada en marzo de 2023, en donde expresaron su preocupación por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, quienes, teniendo una ley, no están siendo protegidas.
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Las historias de Daniela y María se unen por la violencia que marcó sus vidas. No obstante, los caminos que recorrieron en busca de la protección del Estado terminaron de forma distinta: María volvió a sentirse segura pocos meses después de denunciar, su agresor no la ha vuelto a contactar y trabaja tranquilamente como costurera. Daniela, por otro lado, se enfrentó a un largo proceso legal en contra de su agresor, el cual finalizó hace tres semanas. La resolución: su expareja debe pagar una multa de una UTM y seguir respetando la orden de restricción. Daniela dice que, después de dos años en tribunales, recién se empieza a sentir tranquila.
*Los nombres de las mujeres que comparten su testimonio en este reportaje fueron modificados para resguardar su seguridad.
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