BRAGA
Difusión no consentida de imágenes o videos de connotación sexual por parte de una pareja o expareja, o bien persona con la que se mantuvo un vínculo sexual: la pornovenganza crece en el mundo y un proyecto de ley (presentado en 2018) busca tipificarla como delito.
Era 2010 cuando un grupo de adolescentes se fue después de clases a un parque, donde consumieron tabaco, alcohol y marihuana. Uno de ellos desafío a la única mujer presente a realizar un acto sexual, al que la joven accedió por el efecto de los psicofármacos que tomaba y su combinación con sustancias. Otro de los jóvenes la grabó, pese a la protesta de la joven. Y luego compartió el material, también pese a su oposición.
El video se viralizó en internet y la joven fue expulsada del colegio, se publicaron sus datos personales y los de su familia, vivió acoso por parte de medios de comunicación tradicionales, y se convirtió en objeto de hostigamiento durante años, lo que le impidió llevar una vida normal. Además, tuvo un intento de suicidio.
La protagonista del video recordado como “Wena Naty” tuvo respuestas legales siete años después de los hechos: el autor del video, Gabriel Lasen Villalón, y su familia fueron condenados al pago de 35 millones de pesos en abril de 2015.
El caso de la joven fue la antesala de un delito que hoy crece en Chile y en el mundo y que, en combinación con otros delitos similares y emparentados -como la sextorsión- demuestran la necesidad de robustecer los marcos legales, sobre todo con el auge de nuevas tecnologías, como las IA.
El cuerpo de niñas y mujeres es el blanco de los delitos de mayor envergadura, donde el delito toma además la forma de violencia de género. En 2021, Argentina hizo historia al condenar con 5 años de cárcel a Patricio Pioli, un tatuador que viralizó videos sexuales de su expareja sin consentimiento.
Otro caso emblemático enmarcado en los llamados ciberdelitos sexuales data de agosto de 2023, cuando se conoció el caso de un grupo de estudiantes peruanos que manipularon fotos de niñas de entre 13 y 16 años para ser vendidas como pornografía en internet.
Este 26 de diciembre, en tanto, la agencia EFE publicó que la Fiscalía de Barcelona investiga dos casos de elaboración de fotografías sexuales de menores de edad manipuladas mediante inteligencia artificial (IA) para su posterior difusión a través de redes sociales.
La misma entidad reconoció al medio europeo que detectó un aumento de ciberdelitos sexuales, como la “pornovenganza”, alarma que en ya 2022 encendió el Observatorio de Violencia Digital y la Asociación Stop Violencia de Género Digital del país, que subrayó que el delito representaba -hasta diciembre de 2022- el 35% de los delitos de violencia digital entre los jóvenes de 18 a 24 años.
Para la académica Universidad Católica Silva Henríquez, Andrea Serrano España, con la proliferación de redes sociales y la masividad de estas, la difusión de imágenes “es más rápida y efectiva”.
“La falta de empatía y liviandad con que terceros utilizan las imágenes de otros es un fenómeno que gráfica lo fragmentado que estamos como sociedad, y la falta de reflexión a la hora disponer de la vida sexual de otro/a”, subraya.
De acuerdo a la abogada, este tipo de conductas están tipificadas y sancionadas en el Código Penal artículo 161-C (cuando un tercero graba o fotografía “los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento”) y 161-A (si la acción se verifica en un lugar privado, incluyendo también la difusión o reproducción de esas imágenes o grabaciones).
La pornoverguenza -explica la académica- da cuenta de una situación donde la víctima sí otorgó su consentimiento en una fase inicial, pero no autorizó la difusión de sus imágenes posteriormente a terceros.
“Así, presenta particularidades respecto a otras figuras penales, donde el morbo de quienes se prestan para ver y difundir estas imágenes no puede ser atacado penalmente. Pero lo más grave es que esta forma de violencia de género y sexual, hasta nuestro días, navega en un mar de impunidad también para el autor, que suele ser una ex pareja de la afectada”, agrega.
De acuerdo con un documento elaborado por la asesoría técnica parlamentaria en 2018, hasta esa fecha países como Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos (EE.UU.), Reino Unido y Nueva Zelanda contaban con leyes que tipifican específicamente delitos que comprenden esta conducta. En Chile, hasta el cierre de esta nota, se encuentra en tramitación (desde 2018) una norma que busca tipificarla.
Si bien el país cuenta con una pena particular para el abordaje de casos de pornoverguenza (que protege la integridad psíquica y física de la persona, y la vida privada y de toda forma de comunicación privada), a juicio de la académica del derecho, aún existen desafíos pendientes para el abordaje de este tipo de casos.
“La Convención Belem do Para obliga a Chile a erradicar la violencia contra la mujer, en un sentido amplio. Dejar en la impunidad estas conductas tan lesivas no va en línea con ese compromiso, pero está claro que debemos continuar rompiendo estereotipos y la cosificación del cuerpo de las mujeres”, remarca.
“Esperemos que el proyecto en actual tramitación en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados encuentre puerto, y podamos al menos disminuir la impunidad actual, reparando el daño moral y psíquico que se genera con esta violencia cibernética constante, que ataca principalmente a mujeres”.
