BRAGA
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El Comité para la Prevención de la Tortura elaboró el informe con el objetivo de presentar la realidad de las personas LBGT+ privadas de libertad, visibilizando los avances y desafíos pendientes en esta materia.
El eje de Interculturalidad del Comité para la Prevención de la Tortura (CTP) presentó el informe “Módulos de Diversidad Sexual en el Sistema Penitenciario Chileno”, que tiene como fin mostrar una aproximación a la realidad de personas LGBT+ privadas de libertad para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La instancia se llevó a cabo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso en la V Región, y fue convocada por el Comité para la Prevención de la Tortura en conjunto con Fundación Pájarxs Entre Púas y la Clínica Penitenciaria de la Universidad de Valparaíso.
Con este informe se busca visibilizar los avances y desafíos aún pendientes en la materia e inaugurar un camino de monitoreo regular a nivel nacional desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNTP).
El CTP indicó que para los fines de una primera aproximación a la temática, se visitaron los centros de detención preventiva de Quillota y Santiago Sur (Ex Penitenciaría), que son dos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional que cuentan con módulos de diversidad sexual para la custodia y cuidado de una parte del colectivo LGBTIQ+, correspondiente a personas asignadas hombres al nacer.
Desde el CTP destacan que lo reportado en el informe no representa la experiencia de todas las personas LGBTIQ+ en las cárceles de nuestro país, ya que, por diferentes razones, hay personas de orientación sexual e/o identidad de género no heteronormadas que viven la cárcel por fuera de estas dependencias y cuyas situaciones no fueron consideradas en este monitoreo.
Uno de los antecedentes para llevar a cabo este informe fue que, hasta la fecha, no existe ningún convenio internacional que se refiera específicamente a la protección de la población LGBTIQ+. Esto sin contar que el derecho internacional incluye una serie de obligaciones generales de igualdad y no discriminación, contenidas en una serie de tratados internacionales incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1).
Según un informe del 2016 presentado por el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, la población LGBTIQ+ detenida sufre porcentajes más elevados de violencia sexual, física y psicológica por motivos de su orientación sexual o identidad de género que la población penitenciaria general, ya sea de parte de la policía, de otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, del personal penitenciario o de otras/os reclusas/os.
En las entrevistas realizadas a las personas de ambos módulos se destaca el momento previo a la llegada al módulo como uno de los momentos donde experimentan mayores situaciones de riesgo de maltrato, abusos sexuales y físicos, por las escasas salvaguardas existentes y el régimen de aislamiento más estricto que suponen esas celdas.
También, existe la posibilidad de autoidentificación como persona de la diversidad sexo genérica, sin embargo, su ingreso a los módulos está condicionado a una consulta al grupo que se encuentra en el módulo de diversidad para aceptar la inclusión de una nueva persona.
Con relación al régimen de actividades, la oferta programática, que suele ser escasa en los centros penitenciarios, se encuentra aún más reducida para las personas privadas de libertad en los módulos de diversidad sexual.
Se evalúa positivamente que no se cuestione orientación sexual, identidad de género o sexo/género de la o el cónyuge, ni que constituya un criterio de selección, lo cual potencialmente podría generar discriminaciones. Las personas entrevistadas manifiestan no haber experimentado discriminación en este sentido, aunque en los hechos, son pocas las que declaran solicitar las visitas a venusterios.
Existen diferencias de condiciones materiales entre los dos módulos visitados, y las mejoras materiales dependen del apoyo y compromiso de la sociedad civil, y de la gestión y buena voluntad de funcionarias/os puntuales del área técnica de Gendarmería, lo cual no es generalizado.
La salud mental es un aspecto crítico. Se observan casos de personas con trayectorias de traumas complejos. En lo que respecta a las personas con VIH, éstas reciben regularmente la terapia retroviral. No obstante, sus necesidades nutricionales no son cubiertas por la mala calidad de la alimentación. Además, existe falta de información y de seguimiento ante un brote de tuberculosis (TBC), no hay acceso a terapia hormonal y las personas con implantes de silicona industrial no tienen control de salud.
No existen canales de denuncia o queja confidenciales. Los traslados son decididos por medidas de seguridad o tras conflictos internos en el módulo.
Finalmente, la presentación de este informe contó con la participación de Carlos Baeza, experto del área social y encargado del eje Intercultural del CTP, y Yamileth Granizo, experta del área salud, encargada del eje Salud Pública del CPT y Presidenta actual del Comité. Igualmente formaron parte las analistas de contenido del CTP, Andrea Cerca, encargada de la redacción del documento, acompañada de Steffi Schramm y Marcela García.
Por su parte, la Fundación Pájarx entre Púas e Inés Robles, encargada de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valparaíso, también estuvieron presentes, donde participaron como panelistas y entregaron comentarios sobre los hallazgos y recomendaciones del informe.
Puedes revisar el informe completo en el repositorio del sitio web del CTP: https://mnpt.cl/seguimiento-recomendaciones/
