BRAGA
UChile
En Chile, las mujeres fueron autorizadas para obtener títulos universitarios mediante el Decreto Amunátegui, dictado el 6 de febrero de 1877. Esto abrió camino a importantes cambios administrativos en educación, dando paso a transformaciones sociales y culturales.
En 1877, se dictó la norma que tomó el nombre del entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui. “Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres”, señalaba el decreto.
Estas líneas del decreto oficial trajeron consigo grandes cambios de tipo social y administrativo, modificando disposiciones de la época acerca de la inhabilidad de las mujeres para optar a ciertas profesiones y actividades, abriendo camino a aquellas que luchaban por el derecho a la educación superior. Una de ellas fue Matilde Throup, la primera abogada del país.
Matile Throup Sepúlveda nació en 1870 al sur de Chile, en la ciudad de Angol. Era hija de un oficial militar y a pesar de la poca investigación que existe sobre su vida, se sabe que ingresó a estudiar a la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas —hoy en día Facultad de Derecho— de la Universidad de Chile, donde años después obtuvo la Licenciatura en Leyes, en 1892.
De esta manera, se convirtió en la primera abogada titulada del país, abriendo paso a generaciones de mujeres deseosas por estudiar, educarse y ocupar espacio en la vida pública de nuestro país.
Decreto Amunátegui, norma que permitió el ingreso de mujeres a la educación superior. Imagen: Archivo Nacional.
Este fue el primero de los muchos desafíos a los que se enfrentó Throup a lo largo de su vida. Su hito académico e histórico fue usado como precedente para países como Argentina y Bélgica para comenzar a otorgar el título de abogado a mujeres en sus respectivos territorios. A pesar de ello, fue difícil para la abogada conseguir un trabajo.
En 1983 postuló al cargo de Notario Público y Secretaria del Juzgado de Letras de Ancud, al cual se le negó el acceso por ser mujer, siendo rechazada por “incompatibilidad moral proveniente de la diferencia de sexo”. El Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras interpretar las leyes vigentes, estimó que toda mujer debía ser considerada incapaz de ser nombrada ministro de fe.
Frente a esta situación, la abogada, que durante su paso por la Universidad debió afrontar discriminaciones por parte de algunos de sus profesores, quienes la ignoraban en clase y la trataban con rigurosidad al momento de evaluarla, intentando hacerla fracasar, había desarrollado una tenacidad que la llevó a apelar frente a la Corte Suprema.
La Corte acogió su defensa y falló en su favor, argumentando que la abogada tenía derecho a ser admitida en todos los empleos y funciones públicas, dado que era un derecho reconocido por la Constitución a todos los habitantes de la República, sin distinción de género. De esta manera, Throup asentó un precedente con respecto al ingreso de mujeres a cargos públicos.
Posteriormente, la abogada participó de un concurso para el cargo de Oficial Civil de la Primera Circunscripción de Santiago y fue aceptada al examen sin ninguna dificultad. Poco tiempo después postuló al cargo de Notario Público de Santiago, donde llegó a integrar la terna remitida al Gobierno. Pese a no ser elegida para este oficio, su sola postulación significó un avance en esta materia.
Luego de varios años de ejercer su profesión, Matilde falleció en 1922, dejando como herencia un legado que permitió que otras mujeres siguieran sus pasos.
