BRAGA
Parlamentarios del oficialismo en Argentina presentaron la iniciativa para derogar el aborto, proponiendo medidas más restrictivas. La propuesta desató críticas por parte de la oposición y organizaciones civiles, quienes llaman a movilizarse en el marco del próximo 8 de marzo.
A dos meses del gobierno de Javier Milei en Argentina, parlamentarios del oficialismo ya presentaron el proyecto de ley que busca revocar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este movimiento se produjo en un momento particularmente tenso, justo antes de la visita de Javier Milei al Papa Francisco en el Vaticano.
En particular, el proyecto busca eliminar el derecho al aborto para niñas, mujeres y personas con capacidad de gestación, incluso en casos de embarazo forzado producto de violación o abuso sexual. La propuesta solo contempla la interrupción del embarazo en situaciones donde exista un “peligro inminente” para la vida de la mujer, lo que posicionaría a Argentina entre los países con leyes más restrictivas en este tema.
Actualmente, la ley IVE permite interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas, “inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión; y cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud”, de acuerdo con lo estipulado en la ley.
Según la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, en conversación con BBC Mundo, el número de centros de salud pública que brindan servicios de aborto actualmente se ha incrementado en más del 50% desde que la ley entró en vigor en 2021. Asimismo, destacó que la mortalidad materna por aborto se ha reducido en un 40%.
Debido a lo anterior, diversas voces se han alzado en rechazo a este proyecto. La ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Mazzina, comentó en conversación con El Mostrador Braga que “para hablar de la propuesta de eliminación de la IVE, primero tenemos que contextualizar el momento político que atraviesa Argentina: en nuestro país hay un proceso de deterioro económico acelerado desde que asumió Milei, que afecta a las clases media y a las más vulnerables”.
Según comentó la ex responsable de cartera, el gobierno de Milei ha implementado medidas económicas drásticas, “incluida la eliminación de subsidios, lo que ha contribuido a una inflación del 50% en menos de dos meses. Además, ha eliminado por completo la ayuda a comedores y merenderos populares. Para respaldar estas acciones, presentó una ley con más de 600 artículos que incluía privatizaciones de empresas estatales y otorgaba superpoderes al presidente, entre otras disposiciones que favorecían a los grupos económicos concentrados. Sin embargo, esta ley fue rechazada, lo que representa una derrota política significativa para el gobierno”.
En este contexto, según aseguró Mazzina, la propuesta de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aparece como una distracción para desviar la atención de las críticas hacia las políticas económicas del gobierno, que están generando un aumento en la pobreza y la inseguridad alimentaria en la población argentina.
En esta misma línea, la ex ministra destacó que “también va en contra la ley de Educación Sexual Integral, que es una herramienta fundamental para prevenir los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, los abusos y las discriminaciones. Todas las medidas de este gobierno atacan los derechos básicos de los más vulnerables, en favor de los más ricos”.
No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró mediante un punto de prensa que la derogación de la ley IVE no está presente en la agenda del Presidente. “No es decisión del Presidente y no está impulsada de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, afirmó.
Al respecto, Mazzina reconoció que “desde nuestro espacio comprendemos que venimos de gobiernos que no cumplieron con las expectativas que habían generado, y la población, harta de una economía inestable y de un estado que no dio las respuestas que se esperaban, se decantó por un outsider de la política con ideas mesiánicas y poco equilibrado emocionalmente, que es muy peligroso”.
En relación a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Mazzina declaró que, si bien el Gobierno se comprometió a mantener los acuerdos internacionales, “veremos qué recursos destina para las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de género y la diversidad sexual”.
Por otro lado, la militante de Juntas y a la Izquierda, mujeres del Movimiento Socialista de los Trabajadores; e integrante de “Ni Una Menos Tucumán”, Lita Alberstein, afirmó que el proyecto presentado por el oficialismo atenta contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT.
Además, la activista comentó que “el gobierno está imponiendo políticas que afectan especialmente a las niñas, mujeres y personas de diversidad sexual, quienes están en la primera línea de la pobreza. La eliminación del Ministerio de Mujeres y Diversidad ha dejado en suspenso muchos programas destinados a brindar atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia, así como subsidios para madres que se ven obligadas a abandonar sus hogares con sus hijos. Esta medida está teniendo un impacto significativo en estos sectores de la población, dejándolos desprotegidos y vulnerables ante diversas situaciones adversas”.
En respuesta a la propuesta del oficialismo, desde Ni Una Menos, en conjunto con otras organizaciones civiles, están organizando el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, “con una gran acción contra la política de Milei, que incluya no sólo el derecho a aborto y el derecho a la educación sexual integral, sino también la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que sigue vigente y que es totalmente anticonstitucional, además del protocolo represivo Antipiquetes, que es también una represión indiscriminada y anticonstitucional”.
Para las asociaciones civiles el 8 de marzo es una fecha clave, en donde están buscando articularse con La Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para realizar el llamado a paro general y un plan de lucha en contra de las políticas de gobierno.
La batalla por el derecho al aborto legal continúa siendo una prioridad para muchos sectores de la sociedad argentina, quienes defienden los avances en materia de salud pública y derechos reproductivos que la ley actual representa.
Una de las medidas más controvertidas es el aumento de las penas de prisión para quienes realicen o se sometan a un aborto voluntario. Las penas oscilarían entre 1 y 4 años, pudiendo incrementarse a 6 años en caso de muerte de la madre, mientras que, quienes realicen el aborto sin consentimiento de la madre, podrían enfrentar penas de 3 a 10 años, extendiéndose a 15 años en caso de la muerte de la gestante.
Actualmente, las penas oscilan entre 1 a 3 meses si se realiza la práctica más allá de las 14 semanas y por fuera de las causales previstas en la legislación. Esta disposición ha generado un intenso debate sobre la criminalización de las mujeres que buscan interrumpir su embarazo.
Además, el proyecto deroga las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen las prácticas de aborto legal, lo que podría dificultar aún más el acceso a servicios de salud reproductiva para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, también elimina el lenguaje inclusivo de la redacción actual y la figura de persona gestante, excluyendo a los varones trans como sujetos de derecho que pueden requerir un aborto. Este aspecto del proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual, que ven en esta exclusión una violación a los principios de igualdad y no discriminación.
