BRAGA
Se necesita legislar sobre la violencia ginecobstétrica y una educación sexual como tareas urgentes para los derechos reproductivos y sexuales del país. Se hace imperativo avanzar con leyes y políticas públicas que den respuesta integral a estas urgencias.
El lunes 4 y martes 5 de marzo, Chile fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU: un órgano de expertos y expertas independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados.
Este examen inicia con la elaboración de informes por parte del Estado e instituciones dando cuenta de los avances, brechas y desafíos pendientes en una diversidad de temáticas de Derechos Humanos, como también con el envío de informes alternativos desde la sociedad civil, los cuales complementan y hasta cuestionan las rendiciones de los Estados. Debido a la labor del Comité y sus recomendaciones, es habitual que los Estados apliquen numerosos cambios en sus legislaciones, políticas y prácticas tras atravesar este proceso —como ocurrió con la Ley de Aborto en tres causales y la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres—.
Fue en este contexto que se conformó la Coalición Interregional por los Derechos de las Mujeres, Sexuales y Reproductivos.
En su primer informe y declaraciones, esta coalición reportó lo extendida que está la violencia ginecológica y obstétrica, afectando a un 67 y 79% de las mujeres, respectivamente, según cifras de la Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica del 2019-2020; mientras que en un estudio del 2023 de la misma colectiva se estima que 8 de cada 10 mujeres han sufrido este tipo de violencia durante su vida.
A pesar de lo alarmante de las cifras y haber afectado históricamente a varias generaciones de mujeres, es un tipo de violencia invisible, cuestionada desde algunos profesionales de la salud y ausente en la discusión política. Ejemplo de ello es la tramitación de casi 7 años de la Ley Adriana en el Congreso. Entre las hipótesis respecto a la falta de reconocimiento institucional y político se cuentan: la medicalización y patologización de los procesos reproductivos de las mujeres, falta de apoyo familiar y de redes, sistemas de denuncia revictimizantes, sin enfoque de género y poco efectivos que dejan en el desamparo a las mujeres en una etapa de alta vulnerabilidad como es el postparto.
Cabe destacar que muchas de las mujeres que sobreviven a esta violencia presentan estrés traumático postparto, depresión postparto y afectaciones en su sexualidad, percepción del propio cuerpo y autoestima. Estas consecuencias pueden ser aún mayores por pertenencias interseccionales a una identidad afrodescendiente, indígena, adolescente, alguna diversidad sexo-género, neurodivergencias, discapacidades o si se combina con otras vulnerabilidades psicosociales y psicológicas a lo largo de la vida.
Mientras que otra problemática denunciada por esta coalición, es la ausencia de Educación Sexual Integral, la cual deja vulnerables a mujeres, jóvenes y niñas ante distintas formas de violencia de género, sexual, como la mencionada violencia ginecobstétrica.
En su trabajo territorial en la Región del Biobío, la ONG Amaranta se encontró con: numerosos casos de acoso callejero contra las alumnas, desconocimiento sobre conceptos básicos de sexualidad, nulo acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobreexposición a pornografía, desconocimiento sobre el uso práctico de métodos de barrera, lubricantes y métodos anticonceptivos, desconocimiento de la actual Ley de Aborto en Tres Causales, vergüenza a hablar sobre temáticas como la menstruación, poca información sobre el VIH, además de casos de embarazo y aborto en adolescentes.
Además, de los siete establecimientos con los que la organización se encuentra trabajando, dos tenían casos recientes de exalumnas víctimas de femicidios. Y de los 24 cursos o grupos de estudiantes voluntarios con los que han trabajado, no ha existido ninguno en que no se haya detectado algún caso de violencia. Las formas más reportadas son: ciberacoso, acoso callejero, violencia intrafamiliar, violencia institucional, violencia sexual (especialmente, grooming y abuso) y violencia en las relaciones.
Las cifras y hallazgos expuestos son solo una pincelada de todas las problemáticas y brechas detectadas por esta coalición. En este contexto, se hace imperativo avanzar con leyes y políticas públicas que den respuesta integral a estas urgencias.
En cuanto a la violencia ginecobstétrica, las organizaciones aliadas esperan que sea aprobada la Ley Adriana, cuyo énfasis promocional, preventivo y centrado en derechos del nacimiento, permita fortalecer el sistema institucional de atención del parto y nacimiento, con principios como buen trato, autonomía, privacidad, confidencialidad, territorialidad, interculturalidad, entre otros. Estos principios se traducen en mejora de la educación prenatal, acceso a información y toma de decisiones, acompañamiento, cuidados integrales, propender al respeto a la fisiología del parto y evitar las intervenciones o suministro de medicamentos sin justificación, ni consentimiento. Para ello no es suficiente con el señalamiento de la violencia ginecobstétrica en la Ley Integral de Violencias, ya que se requiere una transformación sistémica que incluya capacitación a los profesionales de la salud, protocolos claros de denuncia y reparación, bajo un enfoque de género y derechos humanos.
Mientras que la Educación Sexual Integral sigue siendo una tarea pendiente que aún no se aborda como política de Estado, por lo que hasta hoy continúa limitándose a escasas clases con un enfoque biologicista que no logran abordar la creciente violencia sexual y de género que afecta a niños, niñas y jóvenes desde corta edad. Por lo que se hace urgente promover la Política Nacional de Educación Sexual Integral que aún reposa en el Congreso.
La Coalición Interregional está conformada por: Coordinadora por los Derechos del Nacimiento-Chile, ONG Amaranta, Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, Relacahupan Chile, ONG Matria Fecunda, Corporación de Abogadas Feministas, Corporación Madre Nativa y Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica.
Y puedes leer su informe en su versión en español e inglés en el sitio oficial de la Comisión de DDHH de la ONU.
