Paola Luksic Fontbona preside la fundación Andrónico Luksic Abaroa que entrega un aporte sustantivo a Matucana 100. El ministro Cruz Coke se convirtió en Presidente del directorio de ese Centro Cultural. Poco después, a raíz de informes sobre la seguridad del edificio institucional del Ministerio de Cultura en calle Fray Camilo Henríquez (por el cual no se paga arriendo), Cruz Coke decidió mudar las oficinas de la secretaría de Estado a una nueva sede en Ahumada 11 que costará unos $300 millones anuales en arriendo. Las nuevas dependencias pertenecen al grupo Luksic y quien firma el contrato es la mayor del clan.
Este lunes el subdirector del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) Gonzalo Martin oficializó la entrada de su repartición en un plan piloto del Ministerio de Hacienda para hacer más eficiente el desempeño administrativo de en principio 20 servicios públicos, entre ellos el consejo con rango de Ministerio que encabeza Luciano Cruz-Coke.
“Estamos cien por ciento abocados a modernizar la institución y eso pasa, entre otras cosas, por mejorar la gestión interna. Nos tomamos muy en serio este desafío, y vamos a demostrar que las cosas se pueden hacer mucho mejor que en gobiernos pasados”, dijo Gonzalo Martín, quien apoyará el levantamiento de datos de Hacienda para medir la situación actual y entregar un informe a Sebastián Piñera el próximo 30 de agosto.
Seguramente un dato a favor de Cruz-Coke, el tercer ministro mejor evaluado en la última encuesta Adimark (75%) será que logró que el CNCA saliera de los registros en DICOM por una suma aproximada de $1.400 millones. Pero otro dato probablemente haga que Piñera, especialista en números, arrugue la nariz.
Se trata del contrato de arrendamiento entre el Consejo de Cultura y la Compañía Inversiones Adriático S.A. de propiedad del grupo Luksic, firmado el 21 de diciembre de 2010. Este acuerdo permitió que el ministerio pudiera concretar el traslado de sus dependencias en Santiago desde calle Fray Camilo Henríquez 262 hasta el corazón del centro, en cinco oficinas entre los pisos nueve y once del edificio ubicado en Ahumada 11.
El contrato empezó a regir desde el 1 de enero de este año y dura hasta el 31 de diciembre de 2013, poco antes de que se acabe el actual gobierno; con la posibilidad de renovarlo por períodos sucesivos de un año. En el contrato, el Consejo de Cultura se compromete a pagar una renta mensual de UF 1.188,18, que sumados representan unos $312 millones de pesos anuales, que hasta ahora el Ministerio no debía incluir en su presupuesto debido a que las oficinas de calle Fray Camilo Henríquez no le costaban un peso en arriendo.
[cita]Cabe preguntarse si los montos involucrados en el arrendamiento de unos $300 millones anuales no alcanzarían para adquirir nuevas oficinas o hacer refacciones mayores a la sede del Consejo de Cultura que no costaba un peso[/cita]
Pese a ello, según datos que entregó el departamento de comunicaciones de Cultura el contrato cumple con todos los requerimientos administrativos que manda la ley y el arriendo fue aprobado por Hacienda en noviembre del año pasado. Por otra parte en la repartición que encabeza Luciano Cruz-Coke aseguran que el precio del arriendo de los 2.800 m2 que componen la propiedad en total y donde deben trabajar 195 funcionarios del Consejo Regional, es de 0,43 UF el m2, mientras que, según dicen, el precio de mercado del arriendo en esa zona es de 5 UF por metro cuadrado. Por último en el CNCA aseguran que la oferta fue la mejor entre otras tres alternativas.
Inversiones Adriático está representada en el contrato de arrendamiento por Paola Luksic Fontbona, la hija mayor de la familia Luksic (controladora del conglomerado Quiñenco, el Banco de Chile y a través de Andrónico Luksic, accionista mayoritario de Canal 13, entre otras inversiones que sitúan la fortuna de Iris Fontbona, viuda del patriarca del clan en US$19.200 millones, la más grande de Chile y la 27ª a nivel mundial según el ranking Forbes 2011).
Paola Luksic es a la vez presidenta de la fundación creada en honor a Andrónico Luksic Abaroa, que auspicia diversos proyectos educativos y culturales. Entre ellos y desde 2008, una parte del presupuesto del Centro Cultural Matucana 100, que en 2010 alcanzó a los $140 millones de pesos “que se distribuyeron en proyectos de Artes Escénicas y Artes Visuales, así como también en proyectos educativos, como el programa Teatro para todos (TAT) y visitas guiadas”, dice Cristóbal Gumucio, director gerente de Matucana 100.
Aunque el CNCA define a Matucana 100 como una “corporación de derecho privado que pertenece a sus socios establecidos en los estatutos de constitución y no depende ni administrativa ni programáticamente del Estado de Chile”, según Gumucio, el centro cultural recibe cerca del 30% de su presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura. Aunque hasta el gobierno pasado el Centro Cultural mantenía su autonomía, a partir de la administración Piñera, el ministro Cruz-Coke aparece como Presidente del Directorio. El cargo, dicen en el CNCA, “obedece a la expresa invitación que su directorio le hiciera en el mes de Abril de 2010”.
[cita]Para la Fundación Luksic la relación entre el arriendo de las oficinas en Santiago y el aporte a Matucana no representa ningún cruce y menos un conflicto de interés entre las partes[/cita]
Para la Fundación Luksic la relación entre el arriendo de las oficinas en Santiago y el aporte a Matucana no representa ningún cruce y menos un conflicto de interés entre las partes pues “inmobiliaria Adriático es una sociedad de propiedad de la familia Luksic, cuyo giro, entre otros es el arriendo de múltiples propiedades”, aseguraron a El Mostrador a través de su agencia de comunicaciones.
Despejadas estas dudas, queda un último punto a considerar. Las oficinas del CNCA en Santiago, ubicadas en calle Fray Camilo Henríquez (ex San Camilo), fueron una cesión al Consejo de parte del Ministerio de Educación, por lo tanto aparte de los gastos básicos de mantenimiento no se gastaba en arriendo.
En el Consejo justifican el gasto en el cambio de sede con un informe de la Asociación Chilena de Seguridad. Fechado en noviembre de 2008, el documento da cuenta de múltiples riesgos para las personas que allí trabajaban, incluyendo el sistema eléctrico, las vías de escape y el “hacinamiento del personal”. Pero aún así cabe preguntarse si los montos involucrados en el actual arrendamiento no alcanzarían para adquirir nuevas oficinas o hacer refacciones mayores a la sede que funcionaba en forma gratuita. Puede que esta pregunta sea una de las que resuelva el informe de la Unidad de Gestión de Hacienda, que deberá estar listo el 30 de agosto.
Aprueba Contrato de Arrendamiento CNCA-Inversiones Adriático
