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Por un Acuerdo Nacional en Seguridad Pública

por 16 enero, 2019

Por un Acuerdo Nacional en Seguridad Pública
Como mínimo, debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como también de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.
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El ministro del Interior, Andrés Chadwick, al concurrir al Congreso por la solicitud de remoción del ex general director de Carabineros Hermes Soto, reconoció que la institución uniformada se encuentra en una “grave crisis”, destacó que esta situación requería convertirse en una oportunidad y dijo advertir un ambiente positivo para construir un acuerdo nacional en un tema donde no se podía esperar.

La gravedad de esta crisis ya nadie la cuestiona y aquello es un primer paso en una institución que tiene un oscuro récord histórico. Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.

Al mismo tiempo, durante el último año hemos sido testigos de graves faltas a la probidad al interior de la institución, con millones de pesos robados a las arcas fiscales por funcionarios de la institución. Si bien no existe una vinculación directa con los resultados en seguridad pública, estos problemas sí afectan directamente la percepción que la ciudadanía tiene sobre su policía y esto, ciertamente, incide en su desempeño en materia de seguridad.

Entonces, si estamos dispuestos a hablar de un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, se requiere poner todas las cartas sobre la mesa y, para ello, propongo que se incluyan los siguientes aspectos: primero, revisar todo lo concerniente en la Constitución sobre los roles y funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y Carabineros. La señal que dio el Presidente Sebastián Piñera sobre retomar la tradición democrática de designación y remoción de comandantes en jefe y general director es correcta, pero no es suficiente, toda vez que subsiste una serie de preceptos constitucionales vinculados a la seguridad nacional que, en el contexto actual, no son admisibles.

Ello incluye, por ejemplo, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional como órgano consultivo del Presidente y donde las instituciones armadas y la policía pueden expresar su opinión sobre “algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”. Esto choca con la noción de Fuerzas Armadas y de Orden no deliberantes y sujetas al poder civil.

Como todos sabemos, los abusos a los Derechos Humanos cometidos por Carabineros en dictadura no dieron paso a una reorganización significativa en democracia. La prueba más palpable de aquello es que, después de la transición, ningún Gobierno se atrevió a tocar uno de los pilares fundamentales en los que se basa su organización: la Ley 19.861 Orgánica Constitucional de Carabineros. Se transfirió la dependencia de la policía uniformada del Ministerio de Defensa a Interior, pero no se afectó en nada su organización básica que, de acuerdo a dicha norma, es de una policía militar.

En segundo lugar, un acuerdo nacional implica abordar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, lo que incluye aspectos tales como revisar el carácter militar de esta institución, transformándola en una policía jerárquica y profesional de carácter civil, como también revisar las cláusulas relativas a educación, organización interna, carrera profesional, régimen previsional y mando, entre otros aspectos.

El Gobierno está avanzando en una lógica donde se introducen elementos de control y organización de instituciones civiles a una entidad que, por su naturaleza, es de carácter militar y aquello es un sinsentido. Por ejemplo, no se justifica una estructura con un escalafón de suboficiales y oficiales, se debe revisar la estructura de ascensos basada en antigüedad y no mérito; se debe modificar la atribución del general director de Carabineros para reincorporar personal en retiro; se debe eliminar la aplicación del Código de Justicia Militar a Carabineros, y se debe modificar su autonomía en relación con la educación en los institutos policiales.

En tercer lugar, la crisis de Carabineros es en parte fruto de la materialización de un plan de seguridad en la región de La Araucanía que, en este y otros gobiernos, ha probado ser un fracaso. Por lo mismo, cualquier reestructuración debe pasar por un cambio sustantivo en el uso de la fuerza pública en relación con el conflicto que el Estado de Chile tiene en particular con el pueblo mapuche.

Si hablamos de un acuerdo nacional en seguridad pública, como mínimo debiésemos comenzar por debatir si es razonable tener una policía de carácter militar en una sociedad que demanda instituciones que prevengan más que reprimir; que sean sensibles a los contextos locales más que aplicar procedimientos militares a problemas sociales. Las fuerzas democráticas deben estar a la altura de lo que el pueblo de Chile hoy requiere y, eso, es una fuerza policial subordinada al poder civil, que dé garantías tanto en materia de seguridad pública como de Derechos Humanos. Hemos esperado demasiado. Ahora es cuando.

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