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Hace rato que somos Tijuana y Ciudad Juárez

por 24 mayo, 2019

Hace rato que somos Tijuana y Ciudad Juárez
Lo que está ocurriendo hace ya varios años en el país, muy exacerbado en los últimos meses, es la trayectoria de una posible convergencia y colapso entre incompetencia gubernamental y corrupción, todo a gran velocidad. No son solo los funerales narcos o los fuegos artificiales que anuncian droga o control de territorio, sino las celdas VIP en las cárceles, la corrupción en las altas cortes del sistema judicial, la desorganización de todo el aparato persecutor penal y, lo más importante, el tremendo forado institucional de Carabineros, producto de la corrupción de su sistema de inteligencia y la captura criminal de sus finanzas.
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Los medios de comunicación han sido pródigos en publicar hechos que deben ser calificados como ejemplos de impunidad narco en nuestra sociedad. Si los velorios narcos pueden ser realizados a solo 10 cuadras de La Moneda y a 500 metros de la sede de Fuerzas Especiales de Carabineros, con balaceras que duran hasta dos días, sin que nadie intervenga, no hay otra manera de calificarlos.  

Así ocurrió en julio del año pasado cerca de Avenida Matta con San Francisco, y los vecinos aún esperan una explicación. Mientras tanto, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, a raíz de la caravana funeraria narco de Conchalí, que fue hasta Chillán con resguardo policial hace unos días, nos informó que “el mes de abril de este año, por instrucción del ministro del Interior, se constituyó una mesa a cargo de la Secretaría de Prevención del Delito para poder establecer un protocolo (sic)…",  que va a ser conocido en los próximos días.

Dice la sabiduría popular que a un país le produce más daño un Gobierno incompetente que uno corrupto. Pero agrega que, cuando corrupción e incompetencia se juntan, solo queda comprar bonos en el infierno, pues el gato se va de vacaciones y las ratas administran la caja.

Lo que está ocurriendo hace ya varios años en el país, muy exacerbado en los últimos meses, es la trayectoria de una posible convergencia y colapso entre incompetencia gubernamental y corrupción, todo a gran velocidad. No son solo los funerales narcos o los fuegos artificiales que anuncian droga o control de territorio, sino las celdas VIP en las cárceles, la corrupción en las altas cortes del sistema judicial, la desorganización de todo el aparato persecutor penal y, lo más importante, el tremendo forado institucional de Carabineros, producto de la corrupción de su sistema de inteligencia y la captura criminal de sus finanzas.

La sabiduría popular también dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el Presidente de la República, responsable de la conducción política, no escucha porque no le gustan las malas noticias sino solo las buenas encuestas. Es imposible encontrar en la historia institucional de Chile (por razones obvias me salto el período 1973-1989) un par de ministros que, en el ejercicio de sus cargos, hayan llevado más problemas institucionales y políticos a La Moneda que los ministros del Interior Andrés Chadwick y de Justicia Hernán Larraín. Pero siguen contando con la anuencia presidencial, y la apuesta que corre en el centro cívico es que cerrarán la puerta de La Moneda por fuera, junto con Sebastián Piñera, el último día de Gobierno.

Si juntamos seriamente los fiascos técnicos, administrativos y políticos, con una elite con perfiles serios de corrupción, y una manifiesta incompetencia gubernamental, el resultado es alarmante. Porque resulta falaz decir que Chile se encamina a parecerse a México en materia de inseguridad ciudadana y corrupción. Lo verdadero es que ya somos Tijuana y Ciudad Juárez hace rato, y que a nuestro modelo criollo solo le faltan cadáveres ilustres para ser la peor versión de Colombia. Muertos narcos ya hay bastantes y territorios sin control gubernamental en todas las ciudades. A nadie se le ocurre pensar que, si las policías no llegan a los puntos conflictivos, puede deberse, también, a que existen incentivos criminales para que no lo hagan.

La desmoralización de la fuerza policial es directamente proporcional a los juegos criminales internos, como el uso de la inteligencia para incriminar inocentes o la escenografía desmoralizante de Interior y Justicia juntos para dar curso a una peregrinación narco desde Conchalí a la Cárcel de Chillán y viceversa.

La sabiduría popular también dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el Presidente de la República, responsable de la conducción política, no escucha porque no le gustan las malas noticias sino solo las buenas encuestas. Es imposible encontrar en la historia institucional de Chile (por razones obvias me salto el período 1973-1989) un par de ministros que, en el ejercicio de sus cargos, hayan llevado más problemas institucionales y políticos a La Moneda que los ministros del Interior Andrés Chadwick y de Justicia Hernán Larraín. Pero siguen contando con la anuencia presidencial, y la apuesta que corre en el centro cívico es que cerrarán la puerta de La Moneda por fuera, junto con Sebastián Piñera, el último día de Gobierno.

Por cierto, como dirían los Beatles, todo lo han hecho con una pequeña ayuda de sus amigos de todo el arco político e institucional criollo. Porque esto no comenzó ayer, sino solo está siendo perfeccionado por el Gobierno de los mejores.

Un segundo período de Bachelet que abrió la puerta a la corrupción, un Congreso que no fiscaliza ni adopta decisiones fuertes en su obligación de representación ciudadana, y partidos de oposición, como el Partido Socialista, envueltos en la tolerancia de prácticas políticas corruptivas entre sus miembros, no son base ni garantía de ningún impulso rectificatorio.

Al default de las policías hay que agregar la crítica situación en la política militar y de Defensa del país, en la cual se vive la contradicción de enjuiciamiento de numerosos altos mandos por corrupción, con un intento de modernización que exige un liderazgo interno fuerte en materia de mandos que no existe. Y una voluntad y sapiencia política que el gobierno también está lejos de tener.

El cimbronazo institucional de las FF.AA no se puede vincular de manera automática al de Carabineros, pues son muy diferentes, pero es necesario visualizarlos juntos para concluir que, en materia de seguridad, el país casi no tiene reservas. Por lo tanto, el involucramiento militar en políticas antinarcotráfico resultaría un remedio peor que la enfermedad.

En más de veinte años de restauración democrática, el consenso interelites logró construir –más allá de los cuestionamiento justos que se hacen a la equidad del modelo– una economía estable, de amplia aceptación y a prueba de turbulencias. Pero esto no es ni automático ni eterno, y para funcionar requiere de un clima de paz social y certidumbre jurídica e institucional, que son las que empiezan a fallar. Repararlo no es posible solo apelando a los principios, sino actuando consecuentemente, en el día a día, de acuerdo a la ley, la justicia, la eficiencia y las responsabilidades públicas. Sobre todo por parte de los actores de poder.

Pero lo fundamental es que es obligación de cualquier Gobierno y cualquier Presidente en el sistema presidencialista que el país tiene, y eso no está ocurriendo. Es Sebastián Piñera –quien en los próximos días le dará cuenta al país de lo que ha hecho– el que debe tomar la iniciativa y decidir si quiere vivir en el Chile que recibió ya en su primer mandato, o va a entregar un país lleno de instituciones rotas, de discrecionalidad y desgobierno, con una muerte de la democracia precedida de un largo funeral narco de la política y el lucro.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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