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El trabajo de la Convención y el prejuicio elitista Opinión

El trabajo de la Convención y el prejuicio elitista

Carlos Pressacco
Por : Carlos Pressacco Director del Departamento de Ciencia Política y RR.II. Universidad Alberto Hurtado.
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Hay en este juicio negativo del desempeño de los convencionales un prejuicio un tanto elitista que, como dice el dicho, “mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Y con ello, tiende a desconocer que la gran mayoría de los y las convencionales han realizado un enorme esfuerzo; iniciaron su trabajo en condiciones frágiles (sin la infraestructura y equipamiento necesario), le dedicaron largas jornadas de trabajo para cumplir con los plazos definidos (sin recurrir a al plazo adicional que tenían disponible). En este sentido, percibo un cierto aire de “ninguneo” al trabajo y los resultados del Convención que es, desde mi punto de vista, una injusticia.


Mucho se ha dicho sobre los “numeritos” de algunos convencionales y sobre cómo esto ha afectado negativamente la evaluación ciudadana del proceso. Este sería un dato fundamental a la hora de comprender lo que todas las encuestas señalan: que se estaría imponiendo el rechazo aunque, al parecer, por un margen cada vez menor.

El proceso constituyente es, hay que recordarlo, un proceso inédito en nuestro país. Por primera vez en la historia republicana se ha elaborado un texto con un cuerpo colectivo, constituido democráticamente a través de sendos plebiscitos y con elección popular. Además, con paridad de género y escaños reservados, algo que es inédito en la experiencia comparada. Nadie puede negar las credenciales democráticas de este proceso que está a años luz de la calidad democrática de nuestras otras constituciones; especialmente si se la compara con la Constitución de 1980 generada por la dictadura.

Desde algunos sectores -especialmente desde una derecha que nunca estuvo muy convencida de este proceso y que respaldó a regañadientes; incluso en partidos de ese sector, como Evopoli, que emergían ocupando el espacio de una derecha más liberal y renovada- se puesto el foco crítico no en el proceso desde el punto de vista formal sino una faceta más sustantiva que alude a que no se logró un clima de “intercambio comunicativo” que privilegiara el peso y valor de los argumentos más allá de las trincheras ideológicas de cada uno de los actores involucrados.

Se ha dicho que el texto propuesto es partisano y que hemos perdido la oportunidad de construir una constitución más incluyente. Es posible que algo de esta crítica tenga fundamento, pero desde mi punto de vista, no es lo suficientemente relevante como para invalidar el proceso. En esto cabe recordar que todos los artículos del nuevo texto constitucional fueron aprobados, al menos, con dos tercios de los y las convencionales y en no pocas ocasiones con el apoyo de partidos que finalmente se inclinaron por el rechazo. Por otro lado, habría que preguntarse hasta donde era posible ampliar es porcentaje de apoyo y lograr consensos más amplios si se tiene en cuenta las posiciones que sistemáticamente han defendido parte importante de los partidos de la centroderecha que, entre otras, cosas, desecharon y “encajonaron” la propuesta de proceso constituyente de la ex presidenta Bachelet.

Si se analiza el producto, el texto propuesto aborda y resuelve nudos críticos de la sociedad chilena y recoge parte importante de la experiencia comparada. La lista de innovaciones relevantes es larga: la definición del Estado chileno como un Estado social de derecho, de carácter regional, el plurinacionalismo, la diversidad de entes territoriales, el énfasis en la autonomía, las jurisdicciones especiales, los principios fundamentales, la paridad de género, la defensa del medioambiente y la equidad territorial, etc. Por supuesto, hay contenidos que, desde mi punto de vista, podrían haber tenido un mejor tratamiento. Por ejemplo, lo relativo al bicameralismo asimétrico y la eliminación del Senado. Pero lo central es el balance y éste es ampliamente positivo.

Volvamos a los “numeritos” de algunos convencionales. Mi percepción es que, en este aspecto, se le carga la mano de manera injusta a la Convención aplicándole una vara muy exigente que la política tradicional no se aplica a sí misma. ¿A qué me refiero? A la conducta de las autoridades de diferentes instituciones de los poderes del Estado que tampoco han estado a la altura de lo que la ciudadanía espera en el desempeño de dichas responsabilidades. Algunos que han quedado, a la larga, como meras anécdotas (por ejemplo, las performances de la diputada Jiles o la votación de la senadora Van Ryselberghe con copa de vino de por medio); otros han sido claramente más graves y han sido constitutivos de delitos (cabe recordar que hay un ex senador condenado por corrupción) y que han dejado al descubierto los vínculos entre el dinero y la política. No planteo esto para empatar sino para recalcar que en todo colectivo existen este tipo de comportamientos que, aunque son negativos y condenables, son imposibles de evitar.

Hay en este juicio negativo del desempeño de los convencionales un prejuicio un tanto elitista que, como dice el dicho, “mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Y con ello, tiende a desconocer que la gran mayoría de los y las convencionales han realizado un enorme esfuerzo; iniciaron su trabajo en condiciones frágiles (sin la infraestructura y equipamiento necesario), le dedicaron largas jornadas de trabajo para cumplir con los plazos definidos (sin recurrir a al plazo adicional que tenían disponible). En este sentido, percibo un cierto aire de “ninguneo” al trabajo y los resultados del Convención que es, desde mi punto de vista, una injusticia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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