Presupuesto 2023: más allá de los guarismos

El próximo año será complejo, qué duda cabe. De acuerdo al reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, la economía experimentaría una contracción en torno al 1% del PIB, una caída considerable, por decir lo menos. Por lo demás, las recientes decisiones en el ámbito monetario –y más aún, las próximas que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED)-, no hacen más que solidificar el magro escenario local para el 2023. Así, una expansión del gasto público en torno al 4,2% (en términos reales) resulta del todo apropiado, aun cuando lo más probable es que esto no nos permita avanzar todo lo deseado en términos de consolidación de las finanzas públicas.

Lo anterior no debiera significar un revés para el ente rector en términos de su lucha contra las presiones inflacionarias, puesto que, si bien la expansión suena contundente, el gasto privado, por su parte, estará muy alicaído. De hecho, una de las características de la política fiscal en nuestro país es que es contracíclica. Así, lo propuesto por Hacienda para 2023 honra dicha filosofía, y la política fiscal está llamada a “tirar del carro” el próximo año.

Ahora bien, poner sobre la mesa cuantiosos recursos en términos de seguridad económica –así se le ha llamado al primer pilar que define al actual proyecto de ley de presupuesto – es condición necesaria más no suficiente para apuntalar nuestra economía durante el próximo año. Sin duda se requiere, tal como ya se ha anticipado, inversión en infraestructura, pero es imprescindible que dicha inversión sea, primero, oportuna, y segundo, de calidad.

Cuando decimos que se requiere que sea oportuna, apuntamos a la capacidad de ejecución de los recursos públicos. Hoy tenemos un desafío enorme en nuestro país que se relaciona con la real capacidad que existe –sobre todo pensado en zonas extremas o más alejadas de la capital– de ejecutar exitosamente los recursos que se le asignan. En distintas zonas del país sencillamente no están las capacidades locales suficientes para hacerlo y la causa es multifactorial: escasez de capital humano calificado, baja presencia de empresas privadas y burocracia estatal.

Y, en consecuencia, todo esto da origen al segundo problema que esbozamos anteriormente, que guarda relación con la calidad del gasto que se ejecuta. Si los gobiernos locales y/o regionales constatan bajas tasas de ejecución a lo largo del año, lo que termina ocurriendo es una excesiva ejecución en el último cuarto del año, con el objetivo de cumplir con las metas estipuladas, y no poner en peligro así los recursos para el año entrante. ¿El resultado de esto? Se ejecuta el gasto, pero un gasto de baja calidad. Se termina gastando en bienes de bajo impacto, que no cambiarán de manera sustantiva la calidad de vida de las personas, y que tampoco tributarán a los planes de desarrollo estratégico de las regiones.

No cabe duda que este es un desafío prioritario para la política fiscal del próximo año.