Opinión
Más allá de las cifras, destacan los esfuerzos para reforzar la descentralización. El más notable es la creación de la Partida 31 Gobiernos Regionales que, en términos institucionales, significa terminar con la dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de la coordinación con Subdere para la continuidad de programas y planes actualmente en ejecución. A su vez, se simplifican las glosas comunes que entregan facultades excepcionales a los gobiernos regionales respecto del resto de los servicios públicos del gobierno central, incluyendo contar con mayor poder de decisión sobre recursos destinados a emergencias regionales.
El Gobierno ingresó el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023, cuyos datos más relevantes ya han sido ampliamente difundidos: un crecimiento del 4,2% y ejes programáticos enfocados en seguridad pública, seguridad ciudadana y social. Sin embargo, desde hace varios años que los gobiernos regionales han empezado a adquirir una relevancia cada vez mayor que exige más protagonismo y facultades y, en ese sentido, el proyecto de ley para el año 2023 incluye avances significativos.
Para entender esto en su debido contexto, hay que recordar que los últimos años han surgido leyes que han consolidado el actuar y la autonomía de los gobiernos regionales, siendo las más relevantes la de fortalecimiento (que crea cargos y nuevas divisiones), la que regula el traspaso de competencias desde el nivel central, y la que suprime el cargo del Intendente Regional y lo reemplaza por un Gobernador Regional elegido mediante sufragio universal.
En lo que atañe al proyecto de ley, se destaca el crecimiento en un 21,8% promedio de los presupuestos de funcionamiento regional, en línea con la necesidad de fortalecer la dotación y recuperar la capacidad de despliegue en terreno, posmedidas sanitarias de restricción a la movilidad. Por parte de la inversión regional, esta crece un 2,9%, lo cual es pertinente considerando que muchos proyectos de arrastre se trasladarán al próximo año y el margen suficiente para nuevas iniciativas.
Sin embargo, y más allá de las cifras, destacan los esfuerzos para reforzar la descentralización. El más notable es la creación de la Partida 31 Gobiernos Regionales que, en términos institucionales, significa terminar con la dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de la coordinación con Subdere para la continuidad de programas y planes actualmente en ejecución. A su vez, se simplifican las glosas comunes que entregan facultades excepcionales a los gobiernos regionales respecto del resto de los servicios públicos del gobierno central, incluyendo contar con mayor poder de decisión sobre recursos destinados a emergencias regionales. Finalmente, se simplifican procesos administrativos asociados a las modificaciones presupuestarias, especialmente con la facultad de realizarlas mediante actos administrativos exentos, lo que significará una notable disminución en los tiempos de tramitación.
Son estos avances, los que permiten concluir que el proyecto de ley es un paso adelante en el proceso de descentralización regional: no solo es contar con más recursos, sino también con facultades y herramientas que faciliten el quehacer y la toma de decisión a nivel subnacional. No obstante, aún quedan pendientes avances por lograr como, por ejemplo, la consolidación de las normas que regulen apropiadamente la responsabilidad fiscal regional y los ingresos regionales.
