Perú: ¡que se vayan todos!

¡Que se vayan todos! el grito casi desesperado que surgió en la Argentina de De la Rúa el año 2001, se ha convertido en la bandera de lucha de la mayoría de los peruanos desde el año 2018 a la fecha como consecuencia de la  indignación ciudadana causada por la falta de representatividad y corrupción de las sucesivas autoridades políticas que han tenido tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo en las últimas décadas. Prácticamente todos sus últimos ex presidentes se encuentran procesados o condenados por graves delitos de corrupción. El poder judicial no ha quedado ajeno a estos males ya endémicos y que van saliendo a la luz pública paulatinamente, el caso más emblemático ha sido el de Los Cuellos Blancos y Los Hermanitos del Puerto, una red de crimen organizado que actuaba en las más altas esferas del poder y que involucra a jueces, fiscales, ex congresistas, consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, a un ex magistrado de la Corte Suprema ( el hoy prófugo César Hinostroza Pariachi), y a empresarios comprometidos en una serie de delitos principalmente tráfico de influencias y cohecho.

En este contexto, desde el año 2016 hasta el año 2023 en curso, el Perú ha tenido seis presidentes, de los cuales sólo dos han sido electos en las urnas, Pedro Pablo Kuczynski quién renunció al cargo el año 2018 y José Pedro Castillo Terrones.

Este último, profesor y dirigente sindical, juraba el cargo de Presidente de la República del Perú el 28 de julio de 2021, habiendo ganado las elecciones en segunda vuelta como candidato invitado de Perú Libre, partido de izquierda liderado por Vladimir Cerrón R., ex gobernador regional del Departamento de Junín, sentenciado por delitos de corrupción; lo hacía en medio de múltiples acusaciones de fraude por parte de una tres veces vencida electoralmente Keiko Sofía Fujimori Higuchi, procesada  por crimen organizado y lavado de activos, de su partido Fuerza Popular también investigado, y de los partidos aliados de derecha que la apoyaron en el balotaje.

Las denuncias de fraude de los vencidos fueron difundidas y promocionadas por gran parte de los medios de comunicación social, concentrados en pocas manos como se ha demandado ante la CIDH, y controlados en su mayoría por dueños de grandes grupos empresariales del Perú, quienes como es de público conocimiento financiaron las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y las de algunos de sus candidatos al congreso nacional. Aportes muchas veces no bancarizados a pesar de ser, paradójicamente, de banqueros. Las bancadas de Fuerza Popular a su vez, en los distintos períodos parlamentarios en que han intervenido, el año 2016 con 73 congresistas, abogaron con éxito por la exoneración de impuestos a los bancos y mineras aportantes en claro perjuicio de las arcas fiscales.

El 7 de diciembre de 2023, transcurrido año y medio de gobierno, agotada la teoría del fraude, tras sucesivas interpelaciones y pedidos de vacancia por parte del congreso, de reportajes y acusaciones mediáticas, de  erráticos nombramientos ministeriales por parte del ejecutivo, graves indicios de corrupción y de compra de votos de parlamentarios que aún se investigan en fiscalía, Pedro Castillo Terrones anticipándose a la votación de la tercera moción de vacancia en su contra da un mensaje a la nación disolviendo inconstitucionalmente el parlamento nacional, declarando en reorganización el poder judicial y estableciendo un gobierno de excepción.

La Fiscal de la Nación ordena inmediatamente la detención del presidente por el presunto delito de rebelión y quebrantamiento  del orden constitucional. El congreso aprueba de madrugada una resolución legislativa que permite evitar el antejuicio político para levantar la inmunidad a Castillo y permitir a la fiscalía ampliar la prisión preventiva al ex presidente, lo que en efecto ocurrió en un procedimiento cuestionado y cuya legalidad se ha puesto en tela de juicio por violación al derecho fundamental a la defensa del ex mandatario.

De acuerdo al orden constitucional la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra debía asumir la presidencia; ésta, a pesar de haber declarado que si el presidente renunciaba en algún momento ella se iba con él, juró el cargo ante el mismo congreso que le abrió un proceso de denuncia constitucional meses antes y con cuyos parlamentarios se dice habría negociado la improcedencia de la misma, la salida de Castillo, y su investidura presidencial, la que recibió el público saludo y los aplausos protocolares de Keiko Fujimori y su bancada.

La lectura de la mayoría de los ciudadanos que hoy protestan, especialmente de regiones y de la sierra sur del país, es que la nueva presidenta es una traidora al pueblo que la eligió, servil a los intereses, corrupción e impunidad de los grupos de poder económico y su brazo político en el congreso y en los medios de comunicación social a los que llaman Prensa Basura.

Las numerosas marchas que se han organizado en todo el país  a partir del 8 de diciembre comenzaron solicitando la liberación de Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales; sin embargo, conforme han pasado los días frente al asesinato de más de 60 peruanos en provincias,  un confrentacional manejo de la PCM y el actuar de las fuerzas del orden en la denominada “Toma de Lima”, el lema unánime de las movilizaciones hoy es ¡Fuera Dina Asesina, que se vayan todos!. Fuera todos los que desde sus curules y puestos de poder aplauden y en el mejor de los casos guardan silencio cómplice ante esas muertes y atropellos a consecuencia de los cuales resultó también asesinado cruelmente un miembro de la policía nacional. La gota que ha colmado el vaso ha sido el ingreso forzado de cientos de policías a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin presencia fiscal, sin asistencia de la defensoría del pueblo como corresponde en un estado de derecho, apresando a más de 200 personas alojadas por los mismos estudiantes en sus instalaciones, a quienes enmarrocaron y tendieron boca abajo en el suelo acusándolos de terroristas sin ninguna prueba y por lo que al día siguiente, luego de maltratos y humillaciones debieron dejar en libertad.

Y es que la consigna de los que han tomado el poder a través de Boluarte, la llamada derecha bruta y achorada (DBA), es que quienes no están con ellos son comunistas y terroristas. No quieren un centro democrático, combaten ferozmente a quienes quieren consolidarlo en la escena nacional. Si no eres terruco eres caviar, ésta manera de hacer política sólo ha conseguido polarizar más a la sociedad peruana. Existe un movimiento paramilitar útil a éste discurso extremista llamado la Resistencia o Pestilencia en la jerga local que funa y agrede impunemente a adversarios políticos, financiado por la DBA, promocionado por  canales y medios de comunicación afines, y aplaudido por peruanos de bien provida y profamilia que quieren salvar al país del terrorismo y del Foro de Sao Paulo.

El Perú es más grande que eso, es un país rico y multicultural, con una ideología propia heredada  de los Incas y que ningún foro extranjero va a desterrar, un país que merece vivir el siglo XXI en desarrollo, con la educación y los servicios básicos que la corrupción y la ambición de unos pocos le ha robado a muchos que hoy claman igualdad y justicia, esos que  han viajado a Lima con la minca y el ayni. La señora presidenta se ha deslegitimado en tan solo un mes de mandato, se ha manchado las manos de sangre con un primer ministro que no ha estado a la altura de la historia. La violencia solo engendra violencia, nunca es tarde para tender verdaderos puentes de paz que pongan fin a la crisis.