Pelota al piso: ¿cómo proteger verdaderamente a la policía?

Existe un consenso de expertos –pero también político, como han reconocido personas de la misma clase política– en que la recientemente promulgada Ley Naín-Retamal difícilmente constituye una herramienta que permita proteger a Carabineros y la PDI en las labores que realizan, y que, más bien, representa un mensaje político de apoyo, particularmente a Carabineros. Pero más allá de ser una aspiración social relevante, la protección de la integridad y vida de las fuerzas policiales es una obligación del Estado de Chile, emanada de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, según los cuales el Estado debe proveer los medios necesarios para ejercer adecuadamente el uso de la fuerza y, al mismo tiempo, permitan garantizar la protección de su vida o la de terceros.

Para discutir las medidas adecuadas a fin de cumplir este objetivo, resulta necesario identificar primero los riesgos que diariamente corren las y los policías al ejercer su labor. En nuestro país, se desconoce si existen datos de acceso público por parte de Carabineros o la PDI, pero la experiencia comparada nos puede dar una idea.

En Estados Unidos, la principal causa de muerte de funcionarias y funcionarios policiales desde 2011 a 2022 fueron los accidentes de tránsito. En esa muestra, 1 funcionario policial falleció semanalmente producto de un accidente. Por lo mismo, una de las principales preocupaciones que ha tenido la policía estadounidense es disminuir al máximo los factores que han sido identificados como generadores de accidentes de tránsito, entre ellos, el uso del cinturón de seguridad, la utilización del teléfono celular mientras se maneja, exceso de velocidad o la influencia del estrés en las labores. Dentro de estos factores también se ha determinado la carencia del entrenamiento para realizar las maniobras en procedimientos policiales y, a su vez, el cuestionamiento sobre la calidad de los vehículos policiales que manejan y las medidas de protección que poseen.

Es muy probable que tengamos cifras similares y, en ese sentido, sobre todo si nos importa proteger la vida e integridad física de nuestras policías, resulta relevante obtener estos datos. Con ellos, podemos discutir si los policías reciben el entrenamiento y la capacitación pertinentes para conducir un vehículo a los procedimientos que acuden, y si poseen los vehículos con los estándares de seguridad necesarios para una labor que requiere protecciones especiales.

Por otra parte, las cifras de EE.UU. señalan que la otra principal causa de muerte son los homicidios, mayoritariamente por arma de fuego. Un punto relevante es que estas cifras detallan el contexto en el cual ocurren esos homicidios: la mayoría sucede en controles vehiculares efectuados por funcionarios policiales. Esto no es sorpresivo: se trata de una situación de bastante riesgo debido a la exposición que se genera, y por la falta de visibilidad de las acciones que pudiera ejecutar el conductor al encontrarse al interior del vehículo. De las diversas estadísticas existentes en Estados Unidos en este punto, la mitad de los homicidios ocurre durante el control vehicular, mientras que –por partes casi iguales– ocurren antes del control o al momento de la detención. 

Esto ha posibilitado un análisis de los factores que ponen en riesgo a los funcionarios policiales en estos procedimientos. Un factor determinante ha sido la carencia de entrenamiento o, en su caso, la aplicación errónea del protocolo para realizar un control vehicular y detectar el posible uso de armas por los imputados. Por ejemplo, la forma de aproximación al vehículo, el chequeo previo de la patente del auto, la presencia de más de un funcionario para realizar el procedimiento, entre otros.

Existen varios aspectos más técnicos relacionados con la labor policial, pero, en lo macro, un grupo importante de homicidios podría haberse evitado al haber implementado las medidas y protocolos de seguridad establecidos al respecto, incluso aquellos que permitirían el uso de la fuerza. Esta información forma parte de un compromiso institucional de las policías estadounidenses, no exenta de polémicas, que a pesar de la tragedia busca determinar qué podrían haber hecho mejor, no solo para evitar muertes de otros funcionarios, sino también determinar el momento en que se podía utilizar la fuerza, incluso letal.

Esta información parece ser un buen inicio para discutir si esto podría estar ocurriendo en Chile, si bien requeriría conocer la data nacional, los últimos casos de conocimiento público de homicidios respecto de Carabineros, o con uso de armas de fuego en defensa de un intento de atropello, involucran en alguna medida controles vehiculares. ¿Estamos entregando el debido entrenamiento a nuestros funcionarios? ¿Poseen los medios necesarios para protegerse en este tipo de procedimiento? ¿Existe el contingente para realizar estos procedimientos de manera segura? En definitiva, ¿se encuentra el Estado exponiendo a los funcionarios a situaciones de riesgo careciendo de las herramientas para poder enfrentarlas? 

Conocer la labor policial y entenderla parece indispensable para hacerse cargo de manera seria y real respecto de la seguridad de las policías. Esto no es un trabajo intuitivo ni un ejercicio retórico. No se trata de producir una ley simbólica ni un respaldo político, sino que es conocer empíricamente los peligros asociados que poseen los funcionarios policiales en cada una de sus actividades, y si realmente Carabineros posee el entrenamiento y los medios para disminuir al máximo las situaciones de riesgo. Eso actualmente se desconoce en el debate público. Detrás de las lamentables tragedias, existe información valiosa que permitiría mejorar los procedimientos y evitar no solo la muerte de más policías, sino que, incluso, hacer un uso más racional de la fuerza que permita frenar a delincuentes que intenten usar armas de fuego.

Hacerse cargo del problema implica conocer de cerca el trabajo que realizan los policías día a día. En consecuencia, tanto Carabineros como la PDI debieran abrirse a trabajar este tema públicamente y, por su parte, nuestras autoridades, debieran ponerse a la altura del desafío, ya que no solo constituye una incoherencia con el discurso de protección que se ha generado, sino que un incumplimiento de las obligaciones que posee el Estado de Chile.