Yo opino
Créditos: Agencia Uno
Desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, nos hemos visto enfrentadas/os a una crisis sanitaria que ha exacerbado las violencias estructurales en todas sus dimensiones. Las respuestas del gobierno han carecido de una perspectiva integral y abarcadora. Como siempre, se ha perjudicado a los grupos más discriminados y desprotegidos: las mujeres y niñas/os.
Ya a fines de marzo, las estadísticas revelaban un disparo considerable en el número de llamadas de ayuda por violencia intrafamiliar al 1455, reportando el MinMujeryEG un 70% de incremento de estas señales de peligro. Consecuencia de esta situación fue la cantidad de femicidios registrada a fines de marzo de este año, que duplica su magnitud en relación con marzo 2019.
[cita tipo=»destaque»] Ser sometidas a vivir relaciones sexuales sin consentimiento, atenta contra la integridad psíquica, física y sexual de mujeres y niñas/os, y aún más cuando producto de esto, son forzadas a llevar adelante embarazos no deseados. Tildados como actos de valentía y heroísmo, son reforzados imperativos morales y religiosos sobre el sacrificio [/cita]
Las razones son evidentes, al estar forzadas a cumplir cuarentena con sus agresores, el control machista se acrecienta, las alternativas de movimiento son prácticamente nulas y la tortura antes mitigada con distintas maniobras de sobrevivencia, se perpetúa ahora las 24 horas del día. Sumado a ello, la pérdida de empleo e incertidumbre económica favorece la dependencia, limitando las posibilidades de autonomía para las mujeres que viven el confinamiento como un verdadero cautiverio.
El aumento en llamados de ayuda, no se ha traducido en denuncias de carácter legal. En efecto, según datos de la Fiscalía, estas habrían disminuido en un 20% en los meses de marzo y abril respecto al año 2019 en ese periodo. Pese a la aparente incoherencia del fenómeno, los motivos son claros: el riesgo de castigo y represalia por una acusación crece en el contexto de aislamiento y pérdida de redes de apoyo, amplificando la sensación de desamparo y percepción de impunidad hacia el abusador.
Este mismo peligro ocurre también con los niños y niñas. Ong Activa reporta un aumento en un 42% del maltrato infantil desde que se inicia la cuarentena. El cierre de los establecimientos educacionales favorece la amenaza al interior de los hogares, estos espacios suelen presentarse como garantes de protección del que muchas niñas/os hacen uso extendiendo jornadas, participando en actividades extraprogramáticas con el único fin de dilatar el regreso a casa.
La situación descrita, es propia de niña/os víctimas y sobrevivientes de violencia sexual incestuosa. Estadísticas arrojadas por el Sename, evidencian que en un 75% de los casos, las víctimas son mujeres, concentrándose el riesgo entre los 6 y 11 años, ocurriendo cerca de 64% de estos abusos al interior del hogar. A la vez, un estudio realizado en España, destacó que un 38% de los agresores representaba una figura paterna.
Nula mención ha hecho el gobierno a este tipo de vejámenes sobre niñas y niños en periodo de cuarentena, reproduciendo el lugar del secreto y favoreciendo así el desconcierto, el miedo y la culpa en quienes la sufren. Se observa de este modo, un salto discursivo desde el maltrato infantil físico y psicológico, hacia la exposición a grooming, abuso sexual ejercido mediante redes sociales, generalmente por personas ajenas al ambiente familiar.
En el caso de mujeres adultas, las referencias a la violencia en aumento durante estos últimos meses, raras veces son asumidas por las instituciones como vinculadas a violaciones y abuso sexual, reforzando su normalización y/o minimización.
La violencia sexual en una relación de pareja, se expresa en cualquier acto de orden sexual ejercido en contra de la voluntad de una mujer, desde el uso de fuerza física hasta por medio de amenazas, extorsión y chantaje en tanto dependencia económica, o en el uso de las/os hijas/os como objetos de venganza para perpetuar la violencia. Es el caso de relaciones sexuales “consentidas” sin uso de fuerza física, sino que justamente con el fin de prevenir esta y otros peligros.
La obstrucción del uso de anticoncepción e incluso el retiro del preservativo sin consentimiento, son otras formas de violencia sexual que se suele ejercer en el ámbito privado.
Al tratarse de violencia ejercida por una figura familiar y verse implicado el mundo afectivo, entre otros factores, la cifra negra de violencia de género en ámbito doméstico es escabrosa y la retractación es algo común dentro de un proceso judicial. Muchas veces, las escasas redes permiten abrir camino a la interrupción, como lo es la atención primaria que opera como puerta de entrada a la posibilidad de protección. En estos servicios, las/los funcionarias/os pueden detectar indicadores en una entrevista o revisión médica, mientras que en el territorio, las/los vecinas/os tienen la posibilidad de advertir gritos de ayuda al momento de una golpiza. Esto es diferente cuando se trata de violencia sexual, la que al invisibilizarse de manera brutal, goza de un firme blindaje.
Así las cosas, pareciera existir una disociación imaginaria sobre las manifestaciones de violencia machista, encajando en lo “intrafamiliar” sólo aquellas de carácter físico y psicológico, dejando a la violencia sexual como manifestación explicita en el espacio público por parte de un desconocido o psicópata. Encapsulada puertas adentro y amparada en el silencio, pareciera no alterar el orden social en ninguna dimensión.
Ser sometidas a vivir relaciones sexuales sin consentimiento, atenta contra la integridad psíquica, física y sexual de mujeres y niñas/os, y aún más cuando producto de esto, son forzadas a llevar adelante embarazos no deseados. Tildados como actos de valentía y heroísmo, son reforzados imperativos morales y religiosos sobre el sacrificio como destino insoslayable del ser mujer, a quien se desplaza a un lugar de objeto sin derecho a decidir sobre la propia vida. Por esto último, es que la maternidad forzada transgrede también el derecho a la vida, encontrándose Chile gravemente en deuda con organismos internacionales en materias de aborto.
Si bien la despenalización del aborto por violación ha permitido un espacio de justicia y dignidad, su acceso ha sido profusamente obstaculizado por quienes suponen que las mujeres no son sujetas con agencia para decidir. Esto se expresa desde la falta de información hasta la objeción de consciencia de parte de médicos y profesionales, contándose un 50% de objetores solo para esta causal.
En otros términos, sabido es que cuando las mujeres denuncian una violación, son constantemente revictimizadas por un sistema judicial que funda su marco probatorio en la prueba biológica por sobre la verdad del testimonio y otras variables psicológicas y sociales, el trato hostil es aún más severo cuando el sindicado como agresor es pareja o expareja.
Las barreras recién mencionadas tanto en el sistema de salud como de justicia dan cuenta del mínimo reconocimiento estatal sobre la violencia machista estructural que embiste habitualmente contra la salud y la vida de las mujeres y niñas/os y que se recrudece con medidas de cuarentena. Preocupa el exceso de discrecionalidad para tratar la violencia en la esfera doméstica en tiempos de crisis sanitaria, enfocados los esfuerzos sólo en la implementación y divulgación de números de emergencia. Apremian medidas concretas mínimas como la apertura de nuevas casas de acogida para mujeres y sus hijos/as, y estrategias comunicacionales dirigidas a la infancia. Así también, es menester considerar las prestaciones de salud sexual y reproductiva como servicios de alta prioridad, suprimiendo la burocracia administrativa en el acceso a la tercera causal y grarantizando continuidad y disponibilidad de todas las prestaciones obstétricas y ginecológicas.
Las organizaciones pro derechos seguiremos exigiendo la responsabilidad que atañe al Estado, sus instituciones y autoridades. Mientras tanto, visibilizaremos violaciones a la integridad y dignidad de mujeres, niñas/os y disidencias, como lo es la violencia sexual en el terreno no solo público sino privado, pulsando a la desnaturalización de este flagelo social histórico.
Este asunto es crucial en el presente de crisis sociosanitaria y lo será también en la reconstrucción del tejido social post pandemia, siendo indispensable apuntar a una sociedad comprometida desde todos los actores, con la prevención y erradicación de la violencia machista en todas sus dimensiones.
