El ex socio de PwC es criticado por su rol en el «perdonazo» a Johnson’s. Antes fue cuestionado por la venta de acciones de Lan de Sebastián Piñera, La Polar y la disputa de la familia Ossandón Larraín.
Julio Pereira asumió la dirección del Servicio de Impuestos Internos en marzo de 2010. A los pocos días ya era cuestionado por sus potenciales conflictos de interés.
La venta de acciones de LAN del Presidente Sebastián Piñera puso en el centro de la discusión la independencia del ex socio del área legal y tributaria de PricewaterhouseCopper (PwC) para verificar la legalidad de la planificación impositiva de la operación realizada por su nuevo jefe.
El 2 de junio pasado, su independencia nuevamente volvió al ruedo. Esta vez por la histórica condonación de casi US$ 120 millones en multas e intereses a Johnson’s, firma que PwC asesoró cuando él y el subdirector del SII, Mario Vila, trabajaban en dicha auditora.
Un reportaje de Ciper reveló hace diez días que ambos tuvieron conocimiento de la negociación y que aparentemente habrían tenido alguna participación en el proceso. El próximo miércoles Pereira deberá concurrir a la comisión investigadora del caso conformada en la Cámara de Diputados para aclarar su participación —y la de Vila— en el “perdonazo”.
Pereira es reconocido en el sector privado como un abogado de buen nivel técnico y con un perfil más bien académico. Su aparente poca presencia en grandes contratos de planificación tributaria mientras estuvo en PwC habría llevado a Piñera a nombrarlo en el cargo para evitar suspicacias.
En ese momento, su potencial conflicto de intereses por su pasado privado parecía no levantar mucha polvareda. De hecho, su antecesor Ricardo Escobar, había trabajado en el reconocido estudio de abogados Carey y Cía. Posterior a su salida del SII, ingresó a la auditora rival de PwC, Ernst & Young.
Pero la historia le indicó desde el principio que no serían cuatro años de paz, como hasta ese momento habían vivido los anteriores jefes del servicio.
Y fue su propio jefe máximo, Sebastián Piñera, quien lo expuso a su primera polémica. El mandatario no vendió la totalidad de sus acciones en Lan antes de asumir el 10 de marzo, por lo que la operación de salida de la aerolínea obligó a Pereira a dar explicaciones respecto de cuán independiente sería para evaluar la legalidad de la estructura tributaria de la venta del Presidente.
Es que Piñera vendió parte de su participación en la aerolínea por medio de papeles que poseía en Axxión, sociedad a través de la cual poseía acciones de Lan, lo que le habría permitido pagar menos impuestos, algo que fue severamente cuestionado no sólo por la oposición, sino también por parlamentarios de gobierno.
Poco más de un año después de asumir, en junio de 2011, estalla el escándalo La Polar. Además de las aristas vinculadas a la entrega de información falsa al mercado y estafa a los clientes, el caso abrió una espina tributaria, por la eventual evasión —derivada de los estados financieros falseados— de la firma dirigida por Pablo Alcalde y compañía.
Pereira debía actuar, pero no pudo. Se inhabilitó en el caso, por orden de la Contraloría, debido a su pasado en PwC, la que había sido auditora de la multitienda. Los cuestionamientos seguían creciendo hacia Pereira y la tensión crecía en el Servicio.
Pocos meses después el pasado otra vez tocó a su puerta. Una ardiente disputa entre los hermanos Manuel y Bernardo Ossandón Larraín por la administración de una millonaria herencia familiar obligó al SII a investigar la operación.
Los reclamos iniciados en agosto de 2011 por Manuel Ossandón ante el servicio permitieron que recién en abril de 2012 el SII confirmara un pago pendiente de impuestos de Bernardo, por casi US$ 70 millones.
Y aunque el caso había sido denunciado por Ossandón casi seis meses antes (incluyendo acciones judiciales entre los hermanos, informadas al servicio), Pereira decidió inhabilitarse sólo en marzo de 2012.
La razón para hacerlo es que tiene un vínculo familiar lejano con Bernardo y el motivo de la retrasada inhabilitación fue, según el SII, que sólo en marzo confirmaron que “había un caso”.
La guinda de su polémica gestión en estos dos años fue Johnson’s. Dejando atrás el precedente de casi inexistentes condonaciones relevantes de multas e intereses a grandes contribuyentes, Pereira le liberó el camino a la multitienda de Marcelo Calderón, que poco después del “perdonazo” fue vendida en US$ 64 millones a Cencosud.
Un reputado abogado tributarista que trabajó con Pereira lamenta la experiencia que está viviendo su ex compañero de trabajo. “Pena es la sensación que deja verlo en esa situación. Tengo la mejor opinión de su trabajo, muy profesional y honrado”, afirma el profesional.
Agrega que es muy improbable que Pereira haya actuado en forma impropia en la condonación de Johnson’s, dada su excelente situación financiera. “Desde que lo conozco ya tenía sus problemas (económicos) resueltos”, asegura la fuente.
Otro ejecutivo que conoció a Pereira en el ámbito de la asesoría tributaria opina que se trata de un profesional “medio”, sin ser muy destacado en su área, aunque “con muy buenos contactos en el mundo empresarial, dado su origen social”.
Abogado de la Universidad Católica y magister en derecho de la Universidad de Duke, hizo toda su carrera en el ámbito tributario en PricewaterhouseCopper (Pwc), donde a fines de la década de los ‘90 se transformó en uno de los tres socios del área legal y tributaria.
En el mercado se destaca por su vínculo cercano con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y también el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, con quien fue compañero en algunas clases de derecho.
Una fuente que trabajó en PwC junto a él señala que “tenía capacidad para formar equipos” y un funcionario del Servicio de Impuestos Internos coincide en el buen trato de Pereira con ellos.
Opinión que no extienden a su círculo principal. Pereira decidió incorporar a Mario Vila como subdirector jurídico, segundo a bordo, para que se encargara de dirigir los equipos de trabajo del SII. Junto con él, sumó a Gerardo Montes, como jefe de gabinete, también ex hombre de PwC.
Funcionarios del Servicio declaran que Vila no ha tenido una buena relación con los trabajadores de la institución, citando como ejemplo la fuerte disputa que tuvieron a propósito de un paro realizado a fines de 2010.
El servicio les descontó los días no trabajados y los sindicatos acudieron a tribunales, ganando la causa en octubre de 2011, ocasión en la que la Corte de Apelaciones determinó que el servicio debía pagar las remuneraciones descontadas a más de 2 mil personas. Sin embargo, la Suprema posteriormente revocó la decisión.
Conocedores del incidente recuerdan que se terminó a través de un acuerdo que obligaba a los trabajadores afectados a trabajar horas extras para no perder los sueldos.
Las relaciones con los sindicatos del SII no ha mejorado. Desde el estallido del caso La Polar y luego con el perdonazo a Johnson’s, han reclamado la falta de independencia de Pereira y Vila y el impacto a la imagen de servicio.
El 9 de julio pasado, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile presentó a Contraloría un requerimiento contra Pereira y Vila, por su actuación en ese caso.
En el documento, los funcionarios dan detalles de un correo interno enviado por Pereira a los funcionarios el 14 de junio pasado, explicando que “(en el caso de Johnson’s) la decisión definitiva adoptada por quienes tienen la facultad de condonar, fue apoyada por esta dirección”.
Fuentes al interior del Servicio precisan que particular molestia existe entre los fiscalizadores, pues ven deslavada su labor que apunta a recaudar la mayor cantidad de recursos de los contribuyentes, mientras la alta dirección del SII aplica condonaciones millonarias a grandes empresas.
Aunque Felipe Larraín rompió el silencio el martes y lo defendió públicamente, un parlamentario de la comisión investigadora comenta que Pereira inició estos días un fuerte lobby político para salvar el pellejo.
Indica que dirigentes de partidos de la oposición han recibido señales de diputados de derecha para que bajen el nivel de ataque a Pereira, aludiendo como variable el cuidado de la imagen del SII.
La preocupación no sólo sería de Pereira. El ministro de Hacienda no estaría indemne al escándalo dado que habría conocido de la condonación antes que se hiciera pública. Incluso un parlamentario asevera que el propio ministro habría reconocido de manera informal que le fue informada la operación, aunque después de realizada.
Un funcionario del servicio observa que es común que el director del SII o un alto funcionario informe al titular de Hacienda de las condonaciones de alto monto, como en este caso, dado el impacto que tiene para las arcas fiscales.
Así habría ocurrido, sostiene un ex funcionario de la SVS, en el pago de las multas del caso Chispas, en que a un grupo de ex ejecutivos de Enersis, entre ellos, José Yuraszeck, se les condonó parte de los intereses (por casi US$ 30 millones) de la sanción por el llamado “negocio del siglo”.
No fue posible contactar a Hacienda la tarde de ayer.
