El perjuicio fiscal sería inicialmente por más de $ 400 millones
La denuncia es una daga al corazón de uno de los grupos financieros más poderosos del mercado y se suma al caso contra socio de Ripley y Álvaro Saieh. El holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín niega los cargos.
“La codicia es un gran pecado, que existe en muchas agrupaciones humanas”, decía en mayo pasado el presidente de la Teletón, Carlos Alberto Délano, a la revista Capital. El “Choclo”, amigo del ex Presidente Sebastián Piñera, respondía así a las críticas que había hecho el entonces presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, a propósito del Caso Cascadas.
La frase podría volverse un búmeran para Délano, pues junto a su amigo Carlos Eugenio Lavín –ambos son controladores del holding Empresas Penta– sufrieron ayer su más grande golpe cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) los denunció ante la Fiscalía Oriente por el delito de evasión tributaria, la que habrían cometido entre 2009 y 2014.
La denuncia incluye al cuñado de Délano, Samuel Irarrázabal Larraín, y al ejecutivo Marcos Castro Sanguinetti, representantes legales de las sociedades Inmobiliaria Los Estancieros S.A. e Inversiones Penta III Ltda., respectivamente. Délano y Lavín, en tanto, son representantes y socios de Inversiones Penta III Ltda.
El caso fue denunciado por el SII luego de que el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, le enviara un oficio con antecedentes recabados a partir de la investigación que está realizando dicha Fiscalía por el caso FUT, donde ya se halla imputado el ex gerente general y director de Empresas Penta, Hugo Bravo, histórico colaborador de ambos empresarios.
El “Choclo” Délano es amigo personal del ex Presidente Sebastián Piñera y financista de la UDI. Además de ser militante de la colectividad fundada por Jaime Guzmán, es miembro del directorio de la Universidad del Desarrollo (UDD) por el estrecho vínculo que tuvo con Ernesto Silva Bafalluy, histórico de esa casa de estudios y padre del actual presidente del gremialismo, Ernesto Silva Méndez.
Lavín también forma parte del directorio de la UDD.
Délano conformaba el llamado tercer piso del ex mandatario, el reducido grupo de amigos a los que Piñera consultaba de modo informal respecto de algunas decisiones políticas durante su mandato. En ese grupo estaban también Andrés Navarro, Fabio Valdés, José Cox e Ignacio Guerrero.
Pese a que la denuncia provocó un remezón a nivel del mercado financiero, el tipo de delito y los montos son insignificantes para el patrimonio de ambos empresarios.
Según el SII, la denuncia los acusa de haber utilizado en forma indebida boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible de Impuesto a la Renta de Penta III Ltda.
La Segunda revela que las parejas de ambos habrían estado emitiendo boletas de $ 5 millones cada mes desde el año 2009. Así, en principio, el perjuicio fiscal sería por más de $ 400 millones.
La cifra parece una anécdota al lado del patrimonio de Lavín y Délano. Como ejemplo, en 2013 ambos empresarios recibieron unos US$ 1.000 millones por la venta de la AFP Cuprum. Es decir, en esa operación el grupo obtuvo 1.250 veces más de lo que hoy les está reclamando el SII como evasión.
Délano y Lavín respondieron en forma corporativa a través del holding Empresas Penta –aunque las denuncias fueron contra personas naturales–, asegurando que se enteraron por la prensa de la denuncia pero afirmando, a la vez, que “ninguna de las personas y empresas denunciadas ha cometido fraude o delito tributario alguno”.
Junto con ello, aseguraron que “antes de esta intempestiva denuncia, ninguna de las personas o empresas mencionadas, había sido citada o fiscalizada por el SII, en esta materia”.
La declaración del grupo finalizó con una tajante aseveración: “El actuar permanente de Empresas Penta se rige por la transparencia y el apego a las leyes, por lo que cualquier investigación contará con toda la colaboración de la empresa, sus directivos y funcionarios”.
El grupo Penta es dueño del Banco Penta, el holding Banmedica (que maneja tanto a la isapre del mismo nombre como a Vida Tres, junto con las clínicas Santa María y Dávila, entre otras), las compañías de seguros generales y de vida Penta Security y Penta Vida, además del Fondo Las Américas, el cual, entre otros negocios, participa activamente en el rubro inmobiliario y en concesiones.
Junto con ello, tiene la corredora de bolsa, cuyo gerente general es Samuel Irarrázabal Délano, sobrino de Carlos Alberto Délano.
El caso que involucra a los dueños de Penta no es la única magulladura en la historia de Délano y Lavín. En el año 2000, ambos fueron multados por la SVS por el uso de información privilegiada en la venta de su participación en el Banco de Chile a los Luksic.
La sentencia –con una sanción casi anecdótica de $ 30 millones (incluyendo intereses) para cada uno– fue ratificada por la Corte Suprema en el 2005.
“La mejor arma del Servicio de Impuestos Internos es el temor”, dijo en julio pasado en el Senado, a propósito del debate sobre la Reforma Tributaria, el ex director del SII, Felipe Lamarca.
La frase del ex funcionario de la dictadura pareciera una receta que el actual Servicio, liderado por Michel Jorrat, está aplicando al pie de la letra.
Y los mejores ejemplos en los últimos meses los está dando el Servicio con casos que están generando ruido, dado que apuntan a varios de los grandes empresarios chilenos.
Ayer, fue el turno de los dueños del Grupo Penta, pero antes el SII apuntó a otros dos grupos relevantes.
El 6 de mayo pasado se conoció de la denuncia del SII contra los hermanos Alberto y Marcelo Calderón, socios de Ripley, los que habrían defraudado al fisco en US$ 22 millones con el uso de exenciones tributarias sin cumplir los requisitos para ello.
Dicha denuncia, que reveló el accionar del ex dueño de Johnson’s, Marcelo, quien no sólo habría ejecutado delitos –según el Servicio– sino que se vio beneficiado a través de la multitienda en 2011 por la condonación de multas e intereses por US$ 120 millones, caso que provocó finalmente la salida del director y el subdirector del SII, Julio Pereira y Mario Vila, respectivamente, entre 2012 y 2013.
Pero la acción contra Calderón trajo una segunda parte que impactó a otro empresario de los más grandes de Chile.
El 11 de julio pasado, Álvaro Saieh y sus hijos Jorge Andrés y María Catalina, controladores de CorpBanca, SMU y el grupo de comunicaciones Copesa, declararon como imputados en la misma causa de los Calderón.
Esto, producto de que Saieh participó en la última parte de la cadena de operaciones realizadas por los Calderón y que cuestionó el SII. En 2009, Saieh le compró el 20% de Ripley a Marcelo Calderón a un precio inferior al de mercado.
Esta situación provocó la airada crítica del abogado de Saieh, Jorge Bofill, ante lo cual el fiscal Gajardo aseguró que nadie tiene privilegios en Chile.
La acción del SII, complementada por Gajardo en la Fiscalía, ha llamado la atención en el mercado financiero.
Se estima que Jorrat ha instalado un selló de fiscalización mucho más duro que lo hecho por Julio Pereira y Alejandro Burr. No obstante, lo que más llama la atención es la publicidad que se les ha dado a sus actuaciones.
Tanto con el caso Calderón como ahora con los dueños de Penta, el SII hizo algo inédito: informar por comunicado de prensa a los medios, rompiendo con la costumbre recatada del Servicio en el pasado.
Cercanos al SII dicen que la administración nueva está convencida de que se debe dar una señal de mano dura, principalmente por el desafío que implica la Reforma Tributaria que se está tramitando en el Congreso, que incluye algunas nuevas atribuciones a la entidad que dirige Jorrat.
Otras fuentes más críticas dicen que el Servicio está intentando aceitar la máquina de la recaudación y dar la señal al empresariado de que la fiscalización será mucho más exigente de lo que ha sido hasta ahora.
