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El cheque que el grupo Angelini pagó al SII

por 19 junio, 2015

El cheque que el grupo Angelini pagó al SII
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El conflicto que sacude al grupo Angelini por financiar en forma irregular campañas políticas es bastante más profundo que lo conocido hasta ahora. Pero la crisis que ha calado hondo al interior de uno de los conglomerados económicos más grandes de Chile –con inversiones en el rubro forestal, pesquero y combustible– se enfrenta por estos días con una dinámica que han hecho cumplir al pie de la letra incluso entre directores y accionistas: total hermetismo. Varios ejecutivos, de hecho, le llaman "la estrategia del silencio" y es ésa la que ha guiado las últimas acciones de quienes han formulado la arremetida legal de los Angelini.

Las empresas lideradas por Roberto Angelini, su presidente, no sólo tienen que enfrentar el aporte ilegal que su pesquera Corpesca le entregó al senador Jaime Orpis. Según la declaración que el ex gerente general de la firma, Francisco Mujica, realizó en la fiscalía, al parlamentario le pagaron $ 2 millones mensuales entre 2008 y 2013. El grupo también debe hacer frente a los recursos que dos de sus más importantes empresas, la matriz Copec y su filial Celulosa Arauco, dieron a Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de la presidenta Bachelet, por $ 57 millones entre enero de 2012 y enero de 2013, y por $151 millones entre enero de 2012 y marzo de 2013.

El tema que hasta hoy se maneja con total sigilo son los aportes que tanto Copec, Celulosa Arauco y su otra filial, la Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. –esta última se constituyó en 2003 para desarrollar el negocio de distribución de combustibles en el país– le entregaron irregularmente a otra decena de políticos –la mayor parte miembros de la Nueva Mayoría– a través de asesores, amigos, secretarias y familiares.

Los montos, por lo mismo, son bastante más abultados que los conocidos hasta hoy: los $ 208 millones entregados a Martelli y los dineros aportados al senador Orpis. Un abogado del grupo hizo la rectificación correspondiente en el Servicio de Impuestos Internos (SII) por los recursos que entre 2012 y 2014 estas tres empresas entregaron a diversos políticos. Al interior del servicio afirman que se trata de alrededor de US$ 2,5 millones, unos $1.500 millones entre boletas y facturas falsas que fueron integradas a la contabilidad, entre los años en cuestión, por servicios que nunca se prestaron. Por eso, entre el 7 y el 8 de mayo pasado el grupo Angelini hizo la rectificación correspondiente: pagó cerca de $ 850 millones, considerando multas, intereses y reajustes, y que fue producto de una autodenuncia, en un periodo en que el servicio no fiscalizaba al grupo.

Consultado por Qué Pasa, el grupo Angelini decidió no referirse al tema.

CONTINENTE LEGAL

A sus 85 años, José Tomás Guzmán sigue siendo un hombre activo en el grupo, aunque este año ha comenzado a dejar parte de los directorios, como el de la pesquera Eperva, en el que estuvo desde el año 52 y el que dejó hace algunos meses con fuertes muestras de agradecimiento. Él es, después de la familia Angelini, el segundo mayor accionista del grupo y ha sido uno de los colaboradores más importantes en las empresas de la familia de origen italiano, aunque ahora la posta la ha tomado su hijo José Tomás.

Su relación con las compañías, de las cuales en su mayoría sigue siendo director, nació hace más de 60 años cuando conoció a Anacleto Angelini, el patriarca del grupo, al integrarse al estudio de abogados Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, bufete cuyo principal cliente hoy es el grupo dueño de Copec, Celulosa Arauco e Inversiones Siemel, que hasta 2013 fue dueña de la aseguradora Cruz del Sur.

Pero el contingente legal en este caso no está sólo en manos de esta oficina de abogados. A la estrategia judicial se integró Carlos Balbontín, penalista que ha asesorado al grupo desde hace varios años, además de Loreto Silva, ex ministra en el gobierno de Sebastián Piñera, y Ricardo Escobar, ex director del SII, ambos socios del estudio Bofill y Escobar, quienes fueron contactados por el grupo Angelini en marzo pasado para definir así una estrategia en el tema de financiamiento a la política, y fueron los que prepararon los informes jurídicos que presentó el grupo en el SII para efectuar las rectificaciones.

Escobar fue conectado especialmente por sus conocimientos tributarios, y ha insistido públicamente que "los casos de financiamiento a la política no son delitos tributarios". Fuentes cercanas al proceso afirman que tanto Escobar como Silva han recalcado que la empresa ha realizado todos los trámites bajo el conducto regular, como cualquier otro contribuyente. El grupo legal, de hecho, se acogió al llamado que hizo el SII para que las empresas pagaran los impuestos "adeudados", toda vez que contaran con boletas o facturas relacionadas con políticos. Ello, en el servicio, es visto como “buena conducta” y un atenuante en caso de que la fiscalía decida formalizar a algunos de los ejecutivos.

Según una fuente del grupo, el team legal decidió no entrar en la discusión de si los trabajos fueron reales o no, si existían los respaldos necesarios o si los informes eran realmente verdaderos. En cambio, decidieron rectificar por todos los servicios que no fueron necesarios para producir la renta. Eso en el SII es entendido en el contexto actual como gastos que debieran haber entrado desde un comienzo a la contabilidad de la empresa como "rechazados". Sobre todo, aquellos que de alguna u otra manera estaban relacionados con la política.

El link entre los políticos, incluido Martelli, y el grupo empresarial –una de las fortunas más grandes del país– fue realizado por Guzmán, a través de Jorge Rosenblut, presidente de Enersis, dicen al interior del grupo. Según un ejecutivo de Copec, Guzmán es cercano a la DC, tal como lo era Anacleto. Por eso, aunque en el grupo han mantenido total reserva sobre los nuevos políticos que recibieron aportes, una suma importante estaría ligada a ese partido.

 

 

LA ESTRATEGIA DEL SILENCIO

En las reuniones que los abogados han definido la estrategia legal del grupo nunca ha estado presente Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec. Tal como en el conflicto con Corpesca, desde el conglomrado se han encargado de recalcar que fue exclusivamente su gerente general, Francisco Mujica, la persona que gestionó los aportes a Orpis, sin el conocimiento de Angelini.

Algo similar, explica una fuente del grupo, habría ocurrido con los aportes provenientes de Empresas Copec, Copec Combustible y Arauco. Los dardos en este frente apuntan al propio Guzmán. Por eso, la defensa ya prepara los distintos escenarios que podrían avecinarse, sobre todo tras las declaraciones de Giorgio Martelli, las cuales apuntarían directamente al abogado.

En el grupo reconocen que fue él quien gestionó los distintos aportes, y que lo hacía con plena autonomía. Quienes lo conocen de cerca afirman que es un gran componedor, un hombre que genera lazos fáciles y el ejecutivo más asequible a los políticos dentro del grupo.

Hoy Roberto Angelini se ha encargado de explicar la situación que enfrenta la compañía en varios directorios. Aunque en muchos de ellos ha sido el gerente general, Jorge Andueza, quien ha detallado a los directores y accionistas que el grupo está revisando la información, las boletas e informes bajo sospecha para poder rectificar en el SII.

Un ejecutivo de Copec explica que el mecanismo es investigar primero las irregularidades, ocurridas en los últimos tres años. Sin embargo, si se encuentra algo fuera del marco legal –cuestión que ocurrió– habría que ampliar la indagación a los últimos seis años. Eso sería parte del trabajo que los abogados tienen en carpeta.

La estrategia, en todo caso, es alejar, en la medida de lo posible, a directores, ejecutivos y al propio Angelini de la problemática. "Nos han explicado lo que sucede, que se rectificó en el SII, pero han puesto una barrera para impedir que indaguemos en los detalles. Es una medida de protección que han diseñado los abogados para evitar que otras personas salgan salpicadas en este conflicto", explica un empleado del grupo. Otra de las razones que hablan de este cortafuego es que si bien tienen que enfrentar esta crisis, no deben desconcentrar a sus ejecutivos de apuntalar los distintos negocios. Angelini, por lo mismo, no ha suspendido ninguno de sus viajes: estuvo 10 días en Italia y este fin de semana parte a Estados Unidos, entre otras cosas, para dar una señal de normalidad dentro de las compañías.

El tema que involucra a Guzmán es bastante complejo, dicen en los pasillos de las empresas de los Angelini. Dentro del equipo legal afirman que la fiscalía podría asemejar al ejecutivo con el rol que cumplió Patricio Contesse en SQM. De hecho, en las próximas semanas el Ministerio Público llamaría a declarar al ejecutivo.

El tema es delicado porque además de delitos tributarios, a Guzmán lo intentarían asociar con las figuras de simulación de contrato y apropiación indebida. Este último delito vinculado sobre todo a que el pago de dineros a políticos afectaría los bolsillos de los miles de accionistas minoritarios que tiene, por ejemplo, Empresas Copec, una firma abierta en Bolsa.

Otra materia que fue analizada por los abogados son los pagos que salieron de las arcas de Cruz del Sur, la aseguradora que el grupo Angelini controló hasta 2013, año que vendió la firma al grupo Security. Hasta ahora sólo se conocen los $ 10 millones que la empresa le dio a Martelli. Pero hay más: los $ 90 millones que Cruz del Sur le entregó, repartidos en tres tandas de $ 30 millones, a Harold’s & Johns Business & Law Limitada, la empresa de Harold Correa y Alex Matute, amigos del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y que le pagó a este último durante varios meses.

Desde el estudio afirman que realizaron cerca de 20 informes el año 2012 y parte del 2013 a la aseguradora, y que los dineros nada tienen que ver con financiamiento político. En el grupo Angelini, sin embargo, recalcan que esos montos finalmente no fueron incluidos en la rectificación sólo porque Cruz del Sur fue vendida.

Fuente: Qué Pasa

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