AFP rechazan cifras del diagnóstico de la Comisión Bravo y cuestionan gran parte de propuestas del grupo más afín

Hacia mediados de este mes se reunirá por primera vez el comité de ministros designado por la Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de analizar las propuestas que dejó la Comisión Bravo para mejorar las pensiones que reciben los afiliados.

Tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, como la ministra de Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, tienen equipos trabajando en las iniciativas que podrían tener mayor probabilidad de concretarse en el corto plazo. Funcionarios de ambas carteras pasan estos días valorizando las propuestas de la comisión y preparando el terreno para la primera reunión, donde quedarán perfiladas las medidas en las que podría avanzar el actual gobierno.

Aunque no existe claridad en cuanto a si el Ejecutivo se atreverá a avanzar en cambios de fondo o si solo optará por tomar algunas de las 58 medidas específicas que plantearon por mayoría los comisionados, pero que no todos quienes las votaron creen válido aplicar si no están vinculadas a las propuestas globales incluidas en cada uno de los grupos que presentaron paquetes de ideas.

En este contexto, el lunes pasado las AFP hicieron público un análisis completo del informe de la comisión que presidió David Bravo y, como era de esperarse, suscribieron la posición del grupo A, que propuso medidas sin intervenir el sistema de capitalización individual y que es la contraposición del grupo B, el cual plantea levantar un pilar de reparto paralelo al actual para redistribuir ahorros al interior del sistema.

Sin embargo, la Asociación de AFP también se sacó los guantes que había usado hasta ahora para analizar el informe y lanzó numerosos cuestionamientos a las estadísticas que forman parte del diagnóstico común de los comisionados, el cual ha sido calificado por el propio Bravo –que firmó la propuesta A– no como un sistema de pensiones sino uno de ahorro individual.

Junto con ello, el gremio reiteró y profundizó sus críticas a las propuestas que incluye la propia propuesta A de la comisión, dejando a modo de excepciones la idea de considerar aportes del Estado a través del Pilar Solidario y el alza acotada de las cotizaciones, con cargo al empleador, pero dirigida solo a las cuentas individuales.

Medidas adicionales

De paso propuso medidas alternativas que le permitirían mantener la modalidad de pensión de Retiro programado, que gestionan las AFP y que es la competencia de las rentas vitalicias que gestionan las compañías de seguro de vida, pese a que las principales gestoras de fondos de pensiones son, en paralelo, propietarias de algunas de las mayores aseguradoras de vida del país.

Así, AFP Provida es controlada por Metlife, la que a su vez se ubica ente las principales aseguradoras de vida de Chile. Similar situación es la de Cuprum, adquirida por el grupo estadounidense Principal, también controlador de una compañía de seguros de vida que participa en el negocio de rentas vitalicias.

En tanto, AFP Habitat, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio que es controlador de CorpVida, hoy Confuturo, que maneja una de las principales carteras de seguros de vida, entre ellos, las rentas vitalicias, mientras que la cuarta del mercado es AFP Capital, controlada por el grupo colombiano Sura, el que a su vez opera en el negocio de rentas vitalicias.

En ese sentido, el propio Bravo dijo en un seminario, hace dos meses, que entendía que las AFP defendieran sus intereses. “Hay varias propuestas de Rodrigo (Pérez) donde la Asociación de AFP ha manifestado postura, como en la AFP estatal o retiro programado o licitación de cartera. Son medidas que si se implementan van a generar efecto en las AFP. Puede ser. No es relevante para la discusión. Creo que hay que discutir, no digo que en el juicio de ustedes solo hay un tema de interés, pero es bueno reconocer cuáles son los actores más beneficiados y perjudicados por las distintas medidas», dijo en octubre pasado Bravo, con Pérez Mackenna presente.

Y añadió: «Entiendo la postura sobre el retiro programado porque básicamente es menor administración de recursos por parte de las AFP. Entiendo el problema de que un ente estatal entre a funcionar, con las mismas reglas, porque en la práctica puede significar que los afiliados se muevan a una AFP estatal. También que puede haber problemas en relación con incorporar afiliados que pueden hacer la diferencia en términos de poner inversión para bajar los costos. Habría que mirar en su propio mérito y sería bueno que, además de actores directamente involucrados, las AFP en este caso, pudieran incorporarse otros actores de otro tipo, como académicos, porque hay intereses que de manera clara podrían verse afectados. Quiero dejar eso claro”, recalcó.

Duras críticas al trabajo de la comisión

La posición frente a las propuestas de las AFP reveladas esta semana clarificó con mayor precisión la visión del gremio que agrupa a las gestoras, y que lidera el ex ministro de Vivienda del Gobierno de Sebastián Piñera y ex alto ejecutivo de Deutsche Bank en Chile, Rodrigo Pérez Mackenna.

Aunque en un seminario realizado hace casi dos meses por Aipef y el grupo Sura, Pérez Mackenna realizó algunas críticas al informe de la comisión Bravo, esta vez el gremio se lanzó con todo contra el diagnóstico de la comisión, cuestionando la base técnica y gran parte de las propuestas de la referida instancia, saludando solo  a un grupo pequeño de planteamientos globales del grupo A, el más cercano a la visión de las AFP al proponer cambios que no tocan el pilar contributivo, es decir, las cotizaciones de los afiliados en las administradoras.

Antes, advirtieron que las propuestas C y B “no se sostienen financieramente y caerían, tarde o temprano, en agudos déficit o en reducción de los montos de pensiones”.

En tanto, según el informe publicado esta semana por las AFP, lo rescatable de las 58 propuestas específicas planteadas por la comisión es que planeen fortalecer el pilar solidario, elevar la cotización con cargo al empleador, la obligatoriedad para que coticen los independientes –medida que el gobierno postergará al menos dos años–, mejorar el sistema de cobranza a empleadores atrasados, elevar la edad de jubilación y promover la educación previsional.

Críticas conocidas

La asociación, no obstante, realizó un cuestionamiento claro a la idea de destinar casi la mitad de los cuatro puntos porcentuales a los que se plantea elevar la cotización, a un fondo solidario que permita redistribuir dineros entre los afiliados al sistema. Al mismo tiempo, cuestiona la propuesta de “disminuir las pensiones de los hombres para mejorar las de las mujeres”, en alusión a la idea de equiparar las tablas de mortalidad para que hombres y mujeres compartan los riesgos de longevidad, y también la idea de eliminar el retiro programado, crear una AFP estatal, incluir a afiliados actuales de las AFP en las licitaciones de cartera y que las comisiones de intermediación que se paga por invertir en fondos extranjeros o en fondos mutuos locales los paguen las propias AFP y no se carguen a los afiliados, como se hace hoy.

El origen de las discrepancias con la comisión está en que las AFP consideran que Chile tiene un sistema mixto, con un pilar contributivo (AFP), otro solidario (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario) y uno voluntario (con el Ahorro Previsional Voluntario). En la comisión Bravo, el grupo A apoyó esta idea, mientras que los once que apoyaron la B, además de la comisionada que votó la C, consideran que no es mixto y que el pilar solidario solo está para subsidiar lo que no alcanza a cubrir el sistema privado.

Según explica el gremio en su informe, es “acertado que la mayoría de los comisionados propusiera potenciar el cambio estructural al sistema construyendo a partir de la reforma del 2008, a través de la propuesta global A”.

La alusión de las AFP a la reforma previsional de 2008 y que se aprobó en el primer Gobierno de Bachelet, no es casual. Para el comisionado del grupo A, Ricardo Paredes, esta propuesta es una especie de “Comisión Marcel potenciada” que mantiene los ejes estructurales, sin tocar el pilar de capitalización individual creado durante el régimen militar y no corregido por Bachelet en su primera administración.

Por ello valora que el grupo A –que obtuvo 12 votos, frente a los 11 de la B y 1 de la C– apunte a que el pilar solidario se pueda llevar del 60% al 80% de la población, aumentando gradualmente las cotizaciones en 4 puntos porcentuales –pagadas por el empleador– e igualando las edades de jubilación de los afiliados.

El gremio afirma que comparte “muchos” de los objetivos planteados por el grupo A, pero advierte que incluso con ese grupo tiene “diferencias con los mecanismos sugeridos para solucionar los desafíos planteados”. Es más, aseguran que algunos cambios propuestos “no mejoran pensiones y ponen en riesgo las actuales fortalezas del sistema”.

No fue una sorpresa que declarasen su coincidencia con el nivel de rentabilidad anual promedio establecido por la comisión, pues “es históricamente alta en comparación con lo que se esperaba (4%)” cuando lo creó José Piñera, como ministro del Trabajo de Pinochet. Según señalan las AFP, la gestión de las inversiones es la labor principal del sector.

También valoran que en el diagnóstico se señale que el monto de pensiones depende principalmente de la capacidad de afiliar y mantener contribuyendo a la población en edad de trabajar y afirman que todas las causales que pueden llevar a tener una baja densidad de cotización o lagunas previsionales tienen que ver con la precariedad del mercado laboral, elemento que ocurre independientemente del sistema de pensiones. En este sentido, la asociación cuestiona que no haya propuestas para mejorar la calidad del mercado del trabajo.

Y en contraste con ello aplauden que se concuerde en que la tasa de cotización sigue siendo baja (10% versus 19,6% promedio del OCDE) y que se confirme la desventaja en que están las mujeres aunque, nuevamente, lo atribuyen al mercado laboral. Finalmente reconocen que las expectativas de la ciudadanía con las pensiones choca con la realidad pero, al igual que en todo el informe, lo adjudican a la falta de actualización de parámetros demográficos que han llevado a que las jubilaciones sean más bajas de lo proyectado.

Críticas “técnicas”

La Asociación de AFP hace un duro diagnóstico de la calidad técnica del informe de la comisión Bravo, cuestionando algunas cifras claves para la definición del diagnóstico del sistema.

Primero critica las cifras de tasas de reemplazo. Sostiene que las cifras que entrega la comisión no concuerdan con las de un estudio elaborado por Dictuc-UC de 2012, a cargo del comisionado que votó por la propuesta que las AFP respaldan, Ricardo Paredes. En ese caso, Paredes obtuvo resultados muy distintos a la comisión Bravo, estimando una tasa de reemplazo –porcentaje a que equivale la pensión que recibe el afiliado respecto de sus últimos 10 años de cotización– de 58% en mujeres y sobre 87% en hombres.

También señala que dichas cifras difieren “en magnitud apreciable con los datos que la propia Comisión calcula”, en alusión a un cuadro sobre cobertura y suficiencia del sistema de pensiones y que da tasas de 86% y 102% en hombres y mujeres respectivamente, para el total de pensionados, y de 64% y 38% si se excluyen los pensionados que se afiliaron después del 2008. Sin embargo, advierte que la forma en que la usó la comisión que presidiera David Bravo “conduce a conclusiones incorrectas y con un claro sesgo”. Agrega que la mediana de tasas de reemplazo de la comisión se logra con personas que cotizaron 12,2 años promedio, muy por debajo de los niveles OCDE, donde el mínimo de años para pensionarse que se exige es 14 años.

“Se distorsiona la visión de la calidad de las pensiones si se mide un sistema contributivo, de ahorro y capitalización individual, considerando bajas tasas de densidad de cotizaciones, porque es obvio que las tasas de reemplazo serán bajas. Es un error y además con un claro sesgo”, señala tajante la entidad que preside Pérez Mackenna.

Luego cuestiona que se interprete “literalmente” un cuadro que señala que un 50% de 111 mil chilenos del tramo bajo tendrían una pensión menor a $ 12 mil y que la mitad de los 122 mil pensionados del tramo medio-bajo recibirían pensiones bajo $ 30 mil. Considera eso imposible si la Pensión Básica Solidaria es de $ 90 mil. Presumen las AFP que las causas de ello podrían venir del hecho de que un 80% de los pensionados analizados está fuera del 60% más pobre y, por ende, reciben subsidios del Estado.

Advierte que las mujeres que se pensionan reciben el Aporte Previsional Solidario (APS) solo a los 65 años, pese a que se jubilan a los 60 años, con lo cual las estadísticas de la comisión no son definitivas, pues no incluyen segundas y terceras pensiones por RUT, ni contemplan otros aportes, como pensión de invalidez. “El que las pensiones sean bajas para un gran número de personas, que cotizó muy poco y además no pertenece al 60% más vulnerable, es consistente con el diseño de focalización de la política pública aprobada en la Reforma del 2008”, explica el gremio.

La asociación agrega que hay un alto número de pensiones bajas autofinanciadas, que pertenecen al 40% más pobre del país, que pueden mejorar si se le paga la PBS. Agrega la industria que “se argumenta que en Chile no hay razón para que existan pagos de pensión inferiores a $90 mil mensual”, deslizando que para ese grupo lo mejor es pagarle PBS, aunque mejorándola.

Clapes y la PUC

La entidad que lidera el ex ministro del Gobierno de Piñera critica también un recuadro (el 13) sobre tasa de reemplazo por género, donde se devela la desventajada situación de las mujeres. El gremio cita un estudio de Clapes –el centro de estudios que creó un grupo de ex funcionarios de la administración de Piñera, bajo el liderazgo del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín– que revela “limitaciones para juzgar la situación de las mujeres en la tercera edad”.

Dice el gremio que la estadística del cuadro referido omite las transferencias al interior del hogar (entre hombres y mujeres) y además calcula tasas de reemplazo con medianas inferiores para mujeres respecto de hombres en un mismo intervalo de meses cotizados. “Se comparan pensiones y tasas de reemplazo de hombres y mujeres sin advertir la diferencia de meses cotizados entre ambos géneros”.

Luego cuestiona el cuadro siguiente (el 14) que proyecta tasas de reemplazo autofinanciadas de 15% y de 37,2% con pilar solidario. “Las variables claves de la proyección no se explicitan en el informe, tales como el monto de las pensiones, la tasa de crecimiento de los salarios, la rentabilidad de los fondos de pensiones, la densidad de cotizaciones, etc. Los resultados proyectados se alejan de los que se obtienen en proyecciones individuales por afiliados y a los resultados obtenidos por el Dictuc”, apunta el gremio.

La crítica de la Asociación de AFP es tajante para deslindar responsabilidades en el mercado laboral, advirtiendo que cualquiera sea el tipo de sistema de pensiones contributivo (de capitalización individual o reparto, o ambos mezclados) las pensiones siempre dependerán de la densidad de cotizaciones de los afiliados. “Es errado pensar que cambiando el sistema de pensiones, cambiará en forma relevante la frecuencia de cotizaciones”, dice el gremio.

La crítica se profundiza para cuestionar un antecedente que erizó a las AFP: la TIR, una cifra que busca estimar la rentabilidad, pero descontando costos que no se han considerado en el cálculo simple del retorno que han obtenido los fondos de pensiones en el tiempo. El gremio dice que, para que dicha estimación “sea correcta”, debe comprender el período completo de la inversión. En su opinión, al considerar el cálculo solo hasta 2009 y usando el promedio de afiliados con diferentes fechas de afiliación se distorsiona la cifra, pues no se alcanza a captar el hecho de que la influencia de las comisiones es más alta en el principio del periodo de cotización.

“Nuestros cálculos y otros efectuados por la Comisión Marcel no concuerdan con los resultados de la TIR bruta versus la TIR neta de comisiones calculadas en el informe”, afirma el gremio, agregando que al proyectar el nivel actual de las comisiones de 1,29% con una rentabilidad real de 5% anual, el diferencial entre la TIR bruta y neta es 0,49% en un horizonte de 40 años.

La asociación afirma que no solamente compiten por comisiones que afectan la renta mensual líquida y no el ahorro, sino que también influye en la rentabilidad y el servicio.

Asegura, asimismo, que las comisiones (sobre saldo administrado) en Chile son inferiores a las de la OCDE y agrega que un estudio de esta demuestra que son de las más bajas, comparándolas también con fondos mutuos, al tiempo que afirma que –según índices internacionales– el sector de las AFP no está concentrado.