Ejecutivos de Calichera, PCS y SQM acudieron ayer a las oficinas de la Corporación para pedir una nueva reunión con Eduardo Bitran, vicepresidente de la estatal, con miras a resolver el conflicto por incumplimientos en los contratos de arriendo del Salar de Atacama.
No alcanzó a pasar un día desde que Sebastián Piñera ganara las elecciones presidenciales, para que Corfo y SQM buscaran, nuevamente, una salida definitiva a un conflicto que –según se preveía– iba a heredar la próxima administración.
Esto, porque Julio Ponce estaría abierto, definitivamente, a perder el control de la minera. No necesariamente su propiedad –que bordea el 32% de la sociedad–, pero sí su condición de amo y señor en el directorio de la empresa.
Ayer, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, recibió en la Corporación –junto a otros directivos de la institución– a representantes de las sociedades SQM, la canadiense Potash (PCS) y Pampa Calichera, quienes solicitaron una audiencia vía Transparencia.
En la reunión, los representantes de Calichera –una de las llamadas sociedades cascada de Ponce– dio a conocer a la estatal una propuesta de cambio en la estructura de gobierno corporativo de SQM, consistente con los objetivos buscados por la Corporación.
Cabe recordar que Corfo había exigido cambios relevantes en el directorio de SQM, particularmente la pérdida de Ponce Lerou de su condición de controlador. Todo ello, luego de una serie de infracciones que la estatal le imputa a la minera en los contratos de arriendo de pertenencias del Salar de Atacama, cuya solución no sería viable en la medida que una persona como Ponce –salpicada por el escándalo de platas políticas y el caso Cascada– siguiera manejando la compañía.
Ahora, sin embargo, estaría dispuesto a perder su poder controlador. Según informó Calichera a la SVS, esta se halla dispuesta a terminar su pacto de actuación conjunta con Kowa, sociedad japonesa dueña del 2% de SQM. Desde 2006 que ambas sociedades tienen suscrito un pacto de actuación conjunta, contrato que le permitió a Ponce ganarle la carrera a PCS por el control de SQM.
El término de este acuerdo deberá cumplirse dentro de 30 días, siempre y cuando Corfo y SQM lleguen a un acuerdo definitivo.
Este pacto había quedado temporalmente suspendido hasta diciembre de 2020, después que PCS, Kowa y Calichera firmaran un acuerdo provisorio con miras a mejorar el gobierno corporativo de SQM, el cual ponía en pausa el pacto de actuación conjunta entre los japoneses y Ponce.
A lo anterior se suman otras obligaciones a las que se compromete Calichera sobre materias puntuales, en las cuales el presidente del directorio perdería la capacidad de voto dirimente. Cuestión que a Ponce le ha permitido ejercer el control, pues dicho puesto fue ocupado por él durante 28 años y en la actualidad lo ejerce su hermano, Luis Eugenio Ponce.
De esta forma, en lo que respecta a “efectuar donaciones o cualquier otro acto o contrato a título gratuito”, “celebrar operaciones con partes relacionadas a Grupo Pampa” e “iniciar cualquier tipo de acción jurisdiccional respecto de Corfo, o del Estado de Chile, sujeto a este último caso a que se relacione con cualquier instrumento, acuerdo o convención en que Corfo sea parte o tenga interés”, el presidente del directorio no podrá ejercer su voto dirimente, siendo todas cuestiones que tendrán que ser aprobadas o rechazadas solo por mayoría simple en el directorio de SQM.
Otros compromisos de Calichera tienen que ver con designar, con las acciones A, al menos a un director independiente en la firma y también votar en todas las juntas de accionistas, con las acciones de la serie B, por un candidato independiente. La sociedad se obliga a no nominar ni votar como director de la serie B a persona alguna relacionada con las cascadas y que aquel director elegido con las acciones de la serie A, vote para presidente del directorio a cualquier carta independiente.
Además, Calichera no nominará ni votará a ningún pariente ligado a Ponce, hasta el segundo grado de consanguinidad, ni por él mismo.
Calichera se comprometió también a no suscribir acuerdos de actuación conjunta con terceros, ni ningún acuerdo comercial con cualquier persona natural o jurídica, distinta a SQM, que realice operaciones de extracción de salmueras con contenido de litio en pertenencias mineras de propiedad de Corfo localizadas en el Salar de Atacama.
Todos estos últimos compromisos no tendrían caducidad sino hasta 2030 y, al mismo tiempo, amarran la relación de Ponce con SQM, pues todos perderán efecto en la medida que el empresario no pueda por sí y/o a través de otras personas jurídicas, elegir al menos a tres directores de la serie A de SQM.
Todos estos compromisos están condicionados a que la Corfo los acepte dentro de un plazo de 120 días y dar por cerrado el conflicto arbitral que por meses vienen arrastrando.
Calichera busca que la Corfo y SQM modifiquen los contratos de arrendamiento sobre las pertenencias mineras y que puedan seguir siendo explotados por SQM.
Al respecto, las condiciones que había exigido Corfo, además de los cambios en el gobierno corporativo de SQM, decían relación con que se aumente el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle; establecer los derechos y protecciones de Corfo como propietario del Salar de Atacama; establecer el más alto estándar de vigilancia de cumplimiento de contratos y normas ambientales; aportar recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales; aportes significativos a investigación y desarrollo; opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile, destinado a agregar valor al litio, y mantención de contrato vigente hasta su fecha establecida, es decir, año 2030.
La respuesta a la propuesta de Calichera no se hizo esperar por parte de Corfo.
Es que, con este nuevo escenario, Corfo y SQM solicitaron ayer abrir un nuevo proceso de conciliación, dándose un plazo de 30 días (corridos) de suspensión del arbitraje. SQM expresó su disposición a considerar las condiciones propuestas por Corfo en el nuevo proceso de conciliación.
“Si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación –que se realizará en el marco del arbitraje–, de ser exitoso, además de obtener las condiciones exigidas por Corfo, la ampliación futura de las cuotas de Litio, permitirá a Chile expandir significativamente la oferta de Litio, durante el periodo del contrato, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad, con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2. La Corporación reitera su compromiso con establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando así a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”, dijo la Corporación.
