Aldo Motta, el gerente general de Norte Grande y Pampa Calichera –dos sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM–, dio el zapatazo más duro que podía en el caso Cascadas.
Pese a que ya obtuvo de la Corte de Apelaciones una orden de no innovar contra el Oficio 493 del 13 de junio de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que dio inicio a la etapa probatoria de la causa en que es acusado de formar parte de un esquema de operaciones ilegales junto a Julio Ponce Lerou, ahora decidió ir más allá y llevar la discusión al Tribunal Constitucional (TC).
El viernes pasado, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra dicha norma, la cual sustenta la decisión de la autoridad de ordenar que Motta y los otros acusados fueran quienes fijaran los hechos y medios de prueba en el procedimiento.
La acción presentada por los abogados Germán Pfeffer y Víctor Vial no es trivial, pues incluye la solicitud de que el TC detenga la revisión, por parte de la Corte de Apelaciones, del recurso de ilegalidad presentado por los mismos abogados contra la resolución de la SVS y que incluyó la orden de no innovar contra el procedimiento que lleva adelante la entidad dirigida por Carlos Pavez.
Impacto del requerimiento
Según abogados cercanos al caso, si el TC admite a tramitación el requerimiento, se congelaría tanto el proceso contra Motta en la SVS como la vista del recurso –por el cual hoy está declarada la orden de no innovar– en la Corte de Apelaciones, sembrando aún más dudas sobre el futuro del caso, al menos en lo que concierne a Motta.
Además –afirman las fuentes–, dificultaría la decisión final de la SVS en el caso, puesto que, aunque concluyeran todos los términos probatorios del resto de los acusados, Pavez se vería imposibilitado de dictar una resolución final sin haber cerrado la etapa probatoria de Motta.
Detalle de los cuestionamientos
En concreto, el precepto legal cuestionado –incluido en el inciso segundo del artículo 35 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado– señala: “Cuando a la administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija”.
Según la presentación de Pfeffer, si el TC lo rechaza, la Corte de Apelaciones podrá usarlo para decidir sobre el fondo del recurso de ilegalidad presentado el 23 de junio pasado, lo que “producirá en ella efectos contrarios a la Constitución, pues vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a defensa, la igualdad ante la ley y el contenido esencial de los derechos…”.
Por cierto, los abogados advierten que el precepto cuestionado no ha sido declarado previamente conforme a la Constitución.
Según Pfeffer, la SVS abrió un término probatorio, pero no señaló cuáles son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se deben probar, decisión que funda en la normativa cuestionada.
“La disposición objetada de inconstitucionalidad permite entonces al organismo público abrir un término de prueba, pero a su turno invierte el onus probandi en el procedimiento administrativo sancionador, pues tal es el efecto que se produce cuando se exime al ente persecutor de fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que requieren prueba”, señala el recurso.
Agrega que al trasladar al imputado la carga probatoria “y exigirle que señale los hechos que no le consten a la administración –lo que naturalmente desconoce, ignora y no puede suponer– se vulnera de esta forma la igualdad ante la ley, el derecho a defensa, la presunción de inocencia, la racionalidad y justicia de todo procedimiento”.
“La norma, al habilitar a quien está llamado a ejercer la potestad sancionatoria –para que omita fijar los puntos de prueba– conlleva a la privación del ejercicio del derecho a defensa, en tanto resulta insostenible que el imputado elucubre, especule o adivine acerca de los hechos que no le constatarían a la administración y debiera probar, todo ello en vista a acreditar su inocencia, cuando justamente esta se presume en su favor”, continúa.
Así las cosas, la presentación de Motta ante el TC podría frenar en forma indefinida el proceso de Motta, el cual hoy ya está detenido por la orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones y en cuya tramitación de la causa de fondo la SVS ya respondió.
La semana pasada, además, también recurrió a la Corte de Apelaciones contra la SVS el socio de LarrainVial, Leonidas Vial.
