Carlos Pavez, titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dio ayer un golpe histórico en el caso Cascadas.
Aplicó multas totales por US$ 164 millones, de las cuales el controlador de las cascadas y presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, deberá pagar US$ 70 millones, como “ideólogo” del esquema de transacciones que se realizaron entre 2009 y 2011.
La autoridad también castigó a los cercanos a Ponce: el abogado y amigo de empresario, Roberto Guzmán Lyon, con US$ 25 millones; al gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, con US$ 22,5 millones, y al ejecutivo Patricio Contesse Fica con US$ 4 millones.
Pavez también le dio un duro golpe a LarrainVial (LV). Sancionó con US$ 20 millones a Leonidas Vial (socio de la firma con un 38% de la propiedad), con otros US$ 8 millones a la corredora; cifra similar para el gerente general, Manuel Bulnes (US$ 8 millones), y con US$ 4 millones al gerente de distribución, Felipe Errázuriz.
El titular de la SVS dijo que el caso dañó profundamente los principios básicos del mercado de valores y señaló que "la sanción aplicada por esta Superintendencia está en línea con lo que le encomienda la ley a la Superintendencia".
La defensa de Julio Ponce calificó la resolución de la SVS como "manifiestamente injusta". "Este es el primer paso de un proceso que ahora debe ser revisado por los Tribunales de Justicia, donde estamos seguros que vamos a revertir esta decisión", aseveró la defensa en un comunicado.
Cercanos a Ponce confidencian que estaba tranquilo y con confianza de que ganará la batalla en tribunales.
Vacíos institucionales
Sin embargo, y pese al duro diagnóstico que la SVS hizo de las operaciones lideradas por Ponce, la decisión dejó en evidencia los numerosos vacíos de la normativa legal, impidiendo compensar los daños provocados.
De hecho, las multas representan tan solo cerca del 50% de las pérdidas que generaron. Además, no habrá sanciones adicionales por parte de la Bolsa de Comercio de Santiago, y la SVS, con toda la fuerza de los castigos monetarios y la gravedad de los hechos que ella misma denunció, no marginó a ninguno de los involucrados del sistema financiero y no suspendió la licencia de la corredora, como algunos en el mercado anticipaban.
Las AFP, en tanto, quedaron casi obligadas a demandar masivamente a los involucrados y, aun más –dicen en el mercado–, tendrán que profundizar su distancia con LarrainVial.
Buen negocio
Según la resolución de la SVS, Ponce y todos los acusados, con distintos roles, fueron parte un esquema que forzaba a las sociedades Cascadas (donde participan Moneda, AFP y otros inversionistas) a vender barato sus acciones y comprarlas caro de vuelta.
Esta autopista de dos vías les permitió a Ponce, Guzmán y Leonidas Vial obtener ganancias por US$ 328 millones. Ponce habría obtenido utilidades por US$ 128 millones, Guzmán una cifra idéntica y Vial otros US$ 72,3 millones.
Pero como en la bolsa –dice un conocido ex operador del sistema– cuando alguien gana, otro pierde, las sociedades cascadas (y los accionistas minoritarios) perdieron unos US$ 300 millones por el sobrevalor que pagaron por la compra de las acciones a precio superior al de mercado.
Así las cosas, si Ponce, Guzmán y Vial ganaron US$ 328 millones y las multas a los tres sumaron US$ 164 millones, estas últimas sólo compensaron el daño causado en un 50%.
Un alto ejecutivo de un holding financiero local asegura, eso sí, que las multas superaron lo que todos esperaban en el mercado.
No obstante, las cifras presentadas por la SVS confirmarían una de las tesis que Julio Ponce ha esgrimido, en cuanto a que en su caso puede aparecer contradictorio que, habiendo ganado US$ 128 millones, por otro lado –dado que controla las cascadas– asumió una parte mayoritaria de los US$ 300 millones que perdieron las mismas.
Sin garrote
En el mercado bursátil señalan que fue sorpresiva la resolución de la SVS, pues –pese a señalar la gravedad de las actuaciones del grupo de personeros de LarrainVial– no hubo ninguna sanción que los sacara del mercado.
Hubo violación a la Ley del Mercado de Valores (LMV) por parte de la corredora en el artículo 53, que considera ilegal “efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor” o “efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento”. Incluso, según la SVS, la corredora vulneró el artículo 66 del reglamento de la Bolsa de Santiago, que califica de “grave” la realización de transacciones ficticias como la señalada. La SVS, sin embargo, no quitó ni suspendió la autorización para operar.
Pero tampoco lo hizo con los ejecutivos sancionados. Aunque cometieron delitos similares.
La multa, eso sí, pudo parecer castigo suficiente. Una fuente que conoce a Felipe Errázuriz señala que no tiene patrimonio para pagar US$ 4,1 millones. Situación similar ocurre con Manuel Bulnes, que debería cancelar US$ 8,2 millones, aunque algunos creen que “vendiendo todo puede llegar”.
Mientras que los US$ 8,2 millones a la corredora de bolsa LarrainVial y los US$ 20,4 millones a Leonidas Vial, aparecen abordables sin dificultades, pues sólo en 2013 la corredora ganó US$ 14 millones, y el empresario tiene un patrimonio estimado en más US$ 1.000 millones.
Fuentes que han conocido de casos anteriores, advierten que era impensado que la SVS suspendiera a LarrainVial. “Habría provocado desestabilización del sistema”, afirman. Por eso la SVS no se atrevió.
Y aunque todos los consultados se vieron sorprendidos con que no se revocara la licencia a Bulnes y Errázuriz, dada la gravedad de lo que la propia SVS detectó, en el mercado creen que Pavez fue prudente y espera que sean los propios involucrados los que den un paso al costado.
La Bolsa cierra el caso
Porque la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), al menos, no será protagonista en este caso. Ayer por la tarde, su presidente Juan Andrés Camus –asumido en abril pasado y con la promesa de hacer más transparente al mercado– retiró los dichos de su antecesor, en cuanto a que las operaciones controvertidas cumplen la norma, pero dejó claro que no habrá ninguna sanción a los representantes de LV.
“No corresponde como institución aplicar nuevas sanciones a las ya determinadas por la entidad fiscalizadora, puesto que los hechos ya han sido juzgados por esa autoridad, que además es la que ejerce el rol fiscalizador sobre la Bolsa”, dijo Camus.
La decisión no es compartida en el mercado. “Espero que la Bolsa se pronuncie”, manifestó el presidente del directorio del instituto para gobiernos corporativos Board, Alberto Etchegaray, tras conocer la resolución de la SVS ayer.
En 2013, el entonces timonel de la BCS, Pablo Yrarrázaval, había dicho que no harían comentarios mientras no hubiera acusación.
Luego, en enero, cuando hubo cargos a Leonidas Vial, LarrainVial y Banchile, indicó que mientras no hubiera sanciones no se pronunciarían ni tomarían eventuales medidas.
Ayer, con cargos y multas públicas, la Bolsa cerró el caso.
La excepción que confirma la regla
La historia indica que la decisión de la Bolsa no es la excepción. Así funciona (casi) siempre.
El 21 de julio de 2010, cuando fueron notificados de la multa de la SVS a los ex ejecutivos de EuroAmerica, Francisco Montaner y Roberto Guzmán, por uso de información privilegiada, la Bolsa no archivó el caso ni se negó a estudiar nuevas medidas, como ahora. Lo reenvió al Comité de Buenas Prácticas, presidido por Enrique Barros.
La respuesta de Barros, el 2 de agosto de ese año, reconocía que la Bolsa no puede aplicar sanciones si la SVS ya lo hizo, “pues el principio general de non bis in ídem prohíbe sancionar dos veces por los mismos hechos”.
Pese a ello, el Comité continuó analizando. Indicó que los ilícitos sancionados por la SVS (utilización de información privilegiada y uso indebido de valores en custodia) constituyen infracciones especialmente graves “que afectan la fe pública involucrada en el mercado de valores”.
Luego recordó que los estatutos de la Bolsa mandatan al directorio a tomar todas las medidas necesarias para propender a formar “un mercado abierto, competitivo, ordenado y transparente” y que el directorio de la Bolsa “se encuentra facultado para adoptar las medidas preventivas que exijan las circunstancias a efectos de proteger la confianza en el mercado bursátil, con independencia de los recursos administrativos y las acciones judiciales que se interpongan en contra de las sanciones de la SVS, que pueden demorar largo tiempo en ser resueltas por los tribunales superiores”.
La entidad presidida por Barros le indica también que tales medidas no incluyen la suspensión de un corredor, un socio o un empleado, pero que tiene alternativas.
Por ello, el Comité recomienda a Fit Research Corredores de Bolsa (la entidad donde estaba en 2010 Montaner y Guzmán) ordenar a los ejecutivos para que no sigan en sus cargos hasta la audiencia de formalización del caso en tribunales, que ocurriría algunos días después.
Luego Barros da en el clavo. Le recomienda al directorio de la Bolsa que estudie “la conveniencia de revisar sus estatutos a efectos de facultar expresamente al directorio para suspender a corredores de bolsa, o a sus administradores, operadores o empleados, en carácter preventivo, con consulta al Comité, cuando la medida sea conveniente o necesaria, en opinión del directorio, para proteger la confianza en el mercado bursátil”.
Dado que el referido directorio no modificó los estatutos como sugirió el Comité de Barros, hoy la Bolsa tiene excusas para no sancionar a Vial, a su corredora o a sus ejecutivos.
Justamente, en ese momento el presidente de la Bolsa era Pablo Yrarrázaval, vicepresidente Leonidas Vial y director Juan Andrés Camus. También estaban en la mesa el controlador de CorpBanca, Álvaro Saieh; de Banco de Chile, Andrónico Luksic; de BCI, Luis Enrique Yarur; de Bice, Bernardo Matte Larraín; el socio de Nevasa, Eduardo Muñoz (hoy vicepresidente de la Bolsa), y el presidente de Santander, Mauricio Larraín.
Alberto Etchegaray ya había criticado antes la actitud de la Bolsa en el caso. El 29 de octubre de 2013, pocos días después que se conocieran los cargos a Julio Ponce y se supiera de la participación de Vial, dijo en un seminario que en vez de pedirle un informe al Comité de Barros, deberían darle atribuciones y empoderarlo.
AFP: el todo o nada
Pero no sólo la SVS y la Bolsa están en el ojo del huracán. Las duras sanciones monetarias conocidas ayer pusieron a las AFP en una posición incómoda.
Junto con Moneda Asset Management, las administradoras de los fondos de pensiones han sido las principales detractoras y denunciantes de Julio Ponce.
Incluso, en los últimos aumentos de capital de Oro Blanco y Norte Grande prefirieron diluirse y no concurrir con aportes adicionales, a diferencia de Moneda que sí aportó.
Con LarrainVial las gestoras tampoco han sido buenas amigas. Desde que se conocieron los cargos contra la firma decidieron, una a una, dejar de transar con la corredora en la Bolsa. Nuevamente, a diferencia de la entidad que preside Pablo Echeverría, que sigue operando con la firma de Leonidas Vial “por una cuestión de cercanía personal”, como señala un cercano a su vez a Moneda (Echeverría y su pareja son amigos personales de Manuel Bulnes y su señora).
No obstante, las AFP le dieron una aspirina a LarrainVial a fines de abril pasado, cuando decidieron mantenerse por al menos un año más en el fondo de inversión Beagle que gestiona la Administradora General de Fondos (AGF) de LV.
Las AFP mantienen US$ 400 millones en el fondo y representan más del 70% de los aportantes a Beagle.
Luego de las multas, las dudas aumentaron en las AFP respecto de Beagle. Dice un ejecutivo del sector financiero que las administradoras se ven obligadas a dejar el fondo, dado el impacto reputacional del caso.
La única alternativa sería que LarrainVial diera una señal relevante de cambio. Lo hizo hace unos meses con la salida de Leonidas Vial del directorio de Larrain Vial S.A., pero ahora no sería suficiente.
AFP Capital fue la única que comentó públicamente el fallo de la SVS, señalando que las sanciones son un elemento más para apoyar la demanda civil.
Rechazan los cargos
Ayer LV dio señal de fuerza negando las acusaciones de la SVS, asegurando que esperan ser escuchados en los tribunales y defendiendo corporativamente a todos los multados.
A través de un comunicado, LarrainVial dijo que la sanción les parece "injusta y desproporcionada" y que ejercerán "todos nuestros derechos para acreditar nuestra total inocencia".
Pero debiera haber cambios
“Se van a tomar unos días y debiera haber cambios”, opina un ejecutivo que los conoce.
La salida de Bulnes y Errázuriz parece inevitable. Sin embargo, la presencia de León Vial como socio y de LV en la AGF son dos variables claves.
Fuentes de mercado señalan que LV podría vender su 75% en la AGF, donde el resto de la participación es de Consorcio, el holding de Juan Hurtado Vicuña que hace poco reemplazó a León Vial en el directorio de Larrain Vial S.A. Hay rumores de que Hurtado podría comprar o que entraría un inversionista extranjero.
Además, dice un ex superintendente del sector financiero, las sanciones debieran forzar a todas las AFP a demandar penalmente a todos los involucrados. Capital ya lo hizo y ayer confirmó la validez de su denuncia. Las otras AFP siguen en duda y esperarían a ver los pasos de LarrainVial para actuar.
Junto a las AFP, los fondos extranjeros también estarían revaluando su continuidad con LarrainVial como gestor de sus recursos. El representante de uno de ellos en Chile, sin embargo, cree que la decisión no es tan tajante y que lo evaluarán en los próximos días.
Si esto ocurriera, casi la mitad de los montos que maneja LarrainVial se perderían. Con ello, la corredora más tradicional del país comenzaría a perder su poder rápidamente.
Comisión Investigadora pedirá extender plazos
El monto de las multas de la SVS no solo sorprendió al mercado, sino que también al mundo político. De acuerdo al Diario Financiero, varios de los integrantes de la Comisión Investigadora del caso Cascadas de la Cámara de Diputados pedirán hoy que la instancia se extienda por 60 días, dadas las nuevas aristas que se abren con el fallo.
El diputado DC Fuad Chahin dijo que la Comisión citará a declarar a Julio Ponce y al ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.
No fue un buen día para Julio Ponce
Ayer también se supo que los tribunales acogieron la solicitud de la Fiscalía Centro Norte y se sobreseyó la querella de Ponce contra Fernando Coloma. La demanda también alcanzaba al Intendente de Valores Hernán López y al ex jefe de Área de Cumplimiento de Mercado Hugo Caneo, quien ahora es parte del Centro de Gobiernos Corporativos de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.
