Hasta diciembre de este año tienen plazo las administradoras de fondos de inversión (AFI) para transformarse en administradoras generales de fondos (AGF). Así lo estableció la Ley Única de Fondos, cuerpo legal que homogeneizó la regulación para esta industria. Pero el proceso no ha sido del todo sencillo.
Por un lado, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha planteado observaciones a varias administradoras que han solicitado su aprobación para transformarse en AGF. Hace unas semanas, empresas como Moneda, CMB Prime y Penta recurrieron al regulador por este asunto, pero sus estatutos no fueron aprobados tras varias dudas de la autoridad. Y por otro, las AFP también miran estos cambios con cautela, pues les preocupa que pueda haber alteraciones en el producto que están invirtiendo.
Si bien las políticas de inversión de estos instrumentos no verían grandes modificaciones, sí existen dudas respecto de sus políticas de liquidez. La LUF permitió que los fondos de inversión puedan ser rescatables, tal como sucede con los fondos mutuos, los que frente a un rescate deben responder dentro de 10 días corridos, aunque en el caso de los fondos de inversión ese plazo puede ser mayor.
Con este escenario, las AFP se exponen a quedar sobreinvertidas en un fondo. Por regulación, no pueden superar el 35% de un emisor, pero con esta modificación se abre la posibilidad de que un aportante institucional –como, por ejemplo, una compañía de seguros– rescate su inversión, pudiendo dejar a las administradoras previsionales sobreponderadas, lo que las obligaría a adecuar sus inversiones y responder ante la Superintendencia de Pensiones (SP).
Por ello es que desde la industria afirman que hoy “las AFP están muy inactivas, están esperando a que cada fondo cambie su reglamento a la nueva ley”. Una tesis que, en todo caso, es discutida, pese a que las estadísticas muestran una disminución de la ponderación de estos vehículos en las inversiones de las AFP.
Hoy las administradoras tienen invertidos US$3.260,78 millones en fondos mutuos, de inversión y de capital de riesgo, conjunto que representa un 1,93% de los fondos previsionales, cifra que en el año ha caído desde el 2,09% y en 12 meses desde el 2,12%, siendo ésta una tendencia que también puede explicarse por la desinversión que las AFP han hecho del mercado local. De hecho, hoy las acciones representan un 8,5% del total de las inversiones de las AFP, el menor peso de la historia.
Tanto para los fondos de inversión como para los previsionales, esta situación es algo nuevo. Por ello, en momentos cuando distintas administradoras están efectuando asambleas extraordinarias de aportantes, se está optando por impedir que haya rescates por parte de los inversionistas, explican desde la Acafi, con tal de mantener las mismas condiciones previas a la LUF.
Aún así, persisten dudas sobre los efectos de los cambios en cuestión. De hecho, la semana pasada, una administradora debió postergar en un día la aprobación de su nuevo reglamento porque las AFP quisieron más tiempo para estudiarlos, afirman desde la industria previsional.
La remuneración del liquidador, el otro frente
Aprovechando estas asambleas, a las AFP les preocupa otro factor: la remuneración del liquidador del fondo.
Una reciente resolución conjunta de los tres reguladores financieros, estableció –entre varias medidas– la obligación de las AFP de pagar con sus propios recursos la remuneración de un liquidador, en caso de que la SP la considere excesiva. El límite de las comisiones máximas a pagar por la administración de un fondo ya estaba regulado, sin embargo, no así su liquidación, es decir, una vez que los recursos y la rentabilidad obtenida se reparten a los aportantes del fondo.
“La norma era aplicable sólo para cuando el fondo operaba normalmente, pero no para el periodo de liquidación, quedando en arbitrio de lo que se designara. Lo que se hizo es poner un coto a esas condiciones de liquidación para evitar algún sobrecargo a los fondos de pensiones y, por tanto, algún tipo de perjuicio para los afiliados”, afirman desde la SP.
Como no existe un parámetro objetivo, la comisión resulta muy variable dependiendo de las condiciones y circunstancias económicas de cada fondo. Por ello se pidió a las AFP que su fijación esté sustentada con un “estudio” que explique la razonabilidad del cobro, tema que sigue siendo ambiguo, pues no se descarta que las administradoras tengan que, incluso, presentar estudios de mercado para explicar que la comisión de la liquidación del fondo se ajusta a parámetros razonables.
De esta manera, lo que hoy están exigiendo las AFP es que el régimen de liquidación de un fondo quede completamente regulado en sus reglamentos internos –los cuales deben estar todos renovados antes de abril del próximo año– con tal de evitar que en el futuro tengan que asignar un liquidador y su remuneración, lo que obligaría a las administradoras a dar explicaciones a la SP.
