Revolución Democrática: bienvenidos al club

Raúl Torrealba, alcalde por 24 años de Vitacura (RN en ese entonces), y los jefes comunales en ejercicio de Ñiquén y San Ignacio (ambos UDI) en la cárcel por cohecho, malversación de fondos, asociación ilícita, entre otros delitos. Una sospechosa compra de un terreno en Las Condes –con una aún más sospechosa forma de pagar “comisión”– para construir un Cesfam. La escandalosa tasación de la clínica Sierra Bella en Santiago (alcaldesa PC). Allanamiento de municipio de Puente Alto (alcalde Codina, RN) en búsqueda de pruebas en el caso “luminarias” –que tiene a una gran cantidad de personas y municipios, de todos los colores, bajo investigación–. Y, claro, el caso de la Fundación Democracia Viva, que impacta en el corazón del oficialismo y deja a Revolución Democrática (RD) navegando en las mismas aguas turbulentas que condenó y denunció en otros.

A esto se suman los “asesores” que distintas autoridades utilizan como mecanismo para contratar a todo tipo de parientes, desde choferes hasta “especialistas” con 4° medio rendido, como supimos esta semana, respecto del caso de la pareja de la diputada republicana Barchiesi, que debutó como “asesor” de Republicanos en el Consejo Constitucional. Agreguemos los “sobrecitos” del MOP-Gate, los “raspados de olla” pedidos para campañas a la empresa Penta, los aportes de SQM a políticos desde izquierda a derecha, los excomandantes en Jefe del Ejército procesados en el caso “Milicogate” –varios de ellos en la cárcel–, así como los oficiales y suboficiales de Carabineros juzgados en el denominado “Pacogate”. La lista, lamentablemente, es muy larga.

Si a esta coctelera de actos de falta de probidad en la política agregamos la colusión de farmacias, supermercados, pollos, y otros cientos de casos similares, podríamos coincidir con el diagnóstico que hizo la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, quien señaló que Chile vivía una crisis moral, pero agregaría de la política chilena. Claro que lo hizo para apuntar con el dedo al Gobierno, olvidando que, en su propio partido, no pudo asumir un consejero por haber sido acusado de un delito sexual y que ella pudo ocupar la testera gracias a que otra colega republicana debió bajar sus aspiraciones por haber sido acusada de robo en su juventud. Por lo visto, a nuestros políticos les cuesta ver la viga que cada uno lleva en el ojo

Pero volvamos al escándalo de Democracia Viva –qué nombre más poco afortunado a la luz de los hechos que hemos conocido–. El caso es simple: una mala práctica de quienes llevan años en el poder y se saben todas las triquiñuelas para recolectar recursos para fines distintos de los que aparecen en el papel. Nos guste o no, ha existido en todas (todas) las administraciones previas, aunque nadie lo confiese. La regla de oro es que, cuando alguien descubre el truco –generalmente un medio de comunicación, un enemigo político, un damnificado a la hora de asignar puestos o candidaturas–, el resto debe saltar y condenar los hechos con fuerza. Y, claro, el que cae en desgracia debe cargar con todo el peso de la falta. Lo vimos en la figura del exministro Carlos Cruz, en Jovino Novoa o Jaime Orpis. Los tres fueron crucificados para expiar las culpas de todas y todos y, por supuesto, para evitar que la mirada recayera sobre ellos. 

Más allá de las faltas y/o delitos cometidos por militantes de RD, lo más grave son dos elementos. El primero, que habrían desviado fondos destinados a la gente más marginal de todas, los sin casa. Imperdonable para cualquier persona con sensibilidad de izquierda. Y segundo, el hecho político que involucra a una generación joven de la política, cuyos miembros se jactaron por años de ser “distintos” a quienes los precedieron, los viejos vinagre de los ochenta y noventa, llenos de mañas y trucos de magia que había que erradicar. Con el caso Democracia Viva se derrumbó la premisa de la autoimagen de superioridad moral, poniendo otro derechazo a una generación que ha tenido que ir regulando su discurso y su accionar a punta de golpes de realidad.

El caso ocurrido en Antofagasta parece ser la punta del iceberg de una práctica compartida por muchos por décadas y que, en este caso, ha dejado en el ojo del huracán a Revolución Democrática, sembrando un manto de dudas respecto de otras asignaciones directas a organizaciones ligadas a ese partido y, lo que es peor, ha traído de vuelta ese fatídico capítulo de la política chilena: el financiamiento ilegal. Como bien dijo el ministro Carlos Montes, esto está comenzando y el daño para RD puede ser catastrófico. 

Sin embargo, esta vez es Revolución Democrática el que ha quedado en la mira, teniendo que responder por la responsabilidad que tienen, y en cierta forma dar cuenta por otros respecto de esta mala práctica. La máxima aquí es el que es sorprendido paga por todos, como le pasó a Orpis. Por ahora, el partido oficialista se ha preocupado de acotar el daño en actores secundarios de la trama, aunque, tarde o temprano, golpeará a la cúpula de RD y, por supuesto, a la diputada Catalina Pérez. Si hay algo difícil de comprender para la opinión pública es eso de “me enteré por la prensa”, cuando los involucrados son su pareja y su exjefe de gabinete. Aunque haya suspendido su participación en la mesa de la Cámara –todos deben presentar su renuncia esta semana– y desapareciera de escena, tarde o temprano tendrá que dar la cara y eso traerá un nuevo terremoto en el joven partido.

Pero también los RD tienen la oportunidad de aprender que, de estas crisis, a veces, se puede salir fortalecido si se manejan bien. La transparencia debe ser total, las sanciones ejemplificadoras y el relato creíble. Lo mismo rige para el Gobierno y el ministro Carlos Montes –que hasta ahora no había tenido un rol muy protagónico, pese a su tremenda experiencia política–, quien al menos en  la primera parte de este caso ha estado a la altura, desplegando un discurso firme y tomando medidas concretas, incluyendo exigir el restablecimiento de los recursos. Por supuesto que esta es una crisis que golpea duro al Gobierno –impresionante que, cada vez que empieza a levantar, viene un autogol–, de ahí que deben actuar con dureza. Las señales dadas, hasta ahora, por el Presidente –incluida la salida de la subsecretaria– van en esa línea.

Una lección que deja el caso Democracia Viva es que Revolución Democrática –arrastrando al Gobierno– perdió la inocencia y recibió un choque de realidad brutal. Bueno, la verdad es que esta administración terminó por perder la inocencia por completo. Algo que la gente de Republicanos debería intentar entender y leer con atención, si es que quieren llegar a ser Gobierno, prometiendo el cielo y la tierra –que les permitió obtener un 35% en las elecciones del 7 de mayo–, porque el ciclo del regreso a un centro más estable –centroizquierda y centroderecha– pareciera que se puede empezar a vislumbrar, recién, una vez que el otro extremo tenga que pasar también por un duro baño de realidad.