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El controvertido consejero Luis Silva indicó que la reclamación ante la Suprema por parte del bloque oficialista “es lamentable, porque este requerimiento demuestra la escasa o nula sintonía del oficialismo de uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad”. En respuesta, el consejero constitucional Yerko Ljubetic (Convergencia Social) señaló que las palabras del consejero Silva son “una falacia comunicacional de la derecha”. Además generó controversia la eliminación de la palabra “protección” en el capítulo de medio ambiente y el retorno del nombre “Tribunal Constitucional”, en vez de llamarlo “Corte Constitucional”. Ahora, la Corte Suprema tendrá diez días para resolver el escrito, mientras las negociaciones en el Consejo continúan, aunque marcadas por la jugada oficialista.
La noche del domingo, a pocos minutos de la medianoche, los consejeros oficialistas recurrieron a la Corte Suprema porque, en su opinión, las bancadas de derecha habrían incumplido el reglamento del proceso constitucional, puesto que no podrían incorporarse nuevos capítulos a la propuesta de nueva Constitución, como tampoco modificar los títulos de los capítulos acordados por la Comisión Experta al comienzo de este segundo proceso constitucional. En un escrito de 37 páginas, catorce consejeros oficialistas entregaron sus argumentos a la Suprema para que pueda definir si se ha vulnerado el reglamento o no.
Los catorce consejeros oficialistas que firmaron la reclamación ante el máximo órgano jurisdiccional en Chile fueron: Julio Ñanco (RD), José González (RD), Paloma Zúñiga (RD), Kinturay Melin (RD), Alihuén Antileo (escaño indígena), Christian Suárez (PS), Alejandro Köhler (PS), Marcela Araya (PS), Jocelyn Ormeño (PS), María Pardo (CS), Yerko Ljubetic (CS), Nancy Márquez (CS), Karen Araya (PC) y Fernando Viveros (PC). Pese a que Jessica Bengoa (CS), Miguel Littín (PS) y Aldo Valle (PS) no firmaron, al ser consultados por El Mostrador señalaron que esta es una posición que comparten y constituye una estrategia de todos los consejeros electos en la lista Unidad para Chile.
Entre los reclamos oficialistas más relevantes están los relativos a las cinco enmiendas de la derecha que incorporan capítulos nuevos. La primera es la que crea el capítulo “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, presentada por la bancada RN-Evópoli; asimismo, otra enmienda de los partidos de Chile Vamos llamada “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, y aquella que presentó el Partido Republicano, para crear el capítulo “Paz, Orden y Seguridad Interior”, ambas referidas a las policías. Además, una de las enmiendas más controvertidas para los consejeros de Unidad para Chile: aquella que, en acuerdo de todos los partidos de derecha representados en el Consejo Constitucional, crea un capítulo llamado “Defensa Nacional”, que incorpora a las Fuerzas Armadas.
El primer consejero de derecha que salió a criticar la decisión del oficialismo de recurrir al máximo tribunal, fue el delegado de la bancada republicana, Luis Silva, quien sostuvo que “es lamentable, porque este requerimiento a la Corte Suprema demuestra la escasa o nula sintonía del oficialismo de uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad”, agregando que los consejeros de Unidad para Chile “le deben una explicación a la ciudadanía”.
En respuesta a lo anterior, el consejero constitucional Yerko Ljubetic (Convergencia Social) dijo que las palabras de Silva son “una falacia comunicacional de la derecha”, ya que este recurso “no pone en cuestión, en absoluto, nuestro compromiso total con los temas referidos a la seguridad y a las víctimas de la violencia y la delincuencia en el país”, junto con agregar que la incorporación de capítulos referidos a la seguridad “es un gesto absolutamente populista”, pues “no va a haber ni un delito menos por el hecho de que el tema de la seguridad haya sido tratado por la vía de un capítulo”.
La delegada de la bancada de Renovación Nacional y Evópoli, Pilar Cuevas (RN), se sorprendió con la decisión oficialista y señaló que esto “no se condice con las conversaciones que hemos tenido con las bancadas de Unidad para Chile del Consejo Constitucional”. Por su parte, el delegado de la bancada UDI, Arturo Phillips, indicó que “el diálogo no se cierra por esta determinación”. Frente a ello, el delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, apuntó que su posición es la de “mantener una línea de conversación y de diálogo que nos permita cumplir con aquello que hemos dicho siempre, con mucha fuerza: ninguna Constitución democrática puede construirse a partir de una sola mirada y nosotros vamos a mantener, hasta el último día, los mayores esfuerzos para lograr el diálogo y los acuerdos que nos permitan entregarle a Chile una nueva, buena y moderna Constitución”.
Además, otro reclamo del oficialismo es el cambio de nombre de dos capítulos acordados por la Comisión Experta. El cambio de la “Corte Constitucional” a “Tribunal Constitucional” (dos enmiendas iguales, una del Partido Republicano y otra de RN-Evópoli), además de la modificación del capítulo “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo” a “Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo”, propuesta por el Partido Republicano. Sobre el último caso, es relevante recordar el debate del pasado jueves, donde todos los consejeros oficialistas en la comisión de Derechos les preguntaron –en reiteradas ocasiones– a los consejeros republicanos sobre la eliminación de la palabra “protección”, a lo que no respondieron, argumentando que el debate comienza recién el día de hoy, martes 1 de agosto.
La comisión ad hoc del máximo tribunal del país –a través de sorteo– quedó integrada por los siguientes ministros: Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza, María Cristina Gajardo y presidida por la ministra Andrea Muñoz. Durante la jornada de hoy, se reunirán por primera vez para discutir sobre la admisibilidad del recurso oficialista. Si es admisible, esta comisión tiene diez días para resolver la reclamación, cuestión que debería ocurrir la próxima semana.
Los consejeros constitucionales que recurrieron a la Corte Suprema no lo hicieron solo por la incorporación de nuevos capítulos o la modificación de los mismos, sino también por seis enmiendas presentadas por la derecha que deberían –a su juicio– ser declaradas no admisibles, por no hacer las referencias adecuadas y, por ende, no cumplir el reglamento.
Entre estas enmiendas reclamadas aparecen cuatro del Partido Republicano. Una es la que cambia el nombre de “Cámara de Diputadas y Diputados” a “Cámara de Diputados”, la composición de la Cámara (132 diputados) y del Senado (48 senadores), así como la que cambia “residencia” por “domicilio” entre los requisitos para ser candidato al Congreso, y aquella que elimina el concepto “referendo”, reemplazándolo por “plebiscito”. De estas, la más relevante sin lugar a dudas es la nueva distribución de escaños en el Parlamento y está en veremos si será o no admisible, cuestión que quedará en manos de la Corte Suprema.
Las otras dos enmiendas que habrían sido mal ingresadas son de la bancada de la UDI y se refieren a la indemnización por parte del Estado por “falta de servicio”, lo que es reemplazado por “actos, hechos u omisiones”, además de la enmienda que fija la fecha de las elecciones regionales y municipales en la “última semana del mes de octubre” del penúltimo año de cada periodo presidencial, cambiando la fecha propuesta por la Comisión Experta, es decir, abril del último año de cada periodo presidencial.
Igualmente, por reglamento, tres quintos de los miembros de una comisión o del pleno del Consejo Constitucional pueden incorporar nuevas enmiendas “de unidad de propósitos”, para lo que no necesitan los votos del oficialismo, pero sí la totalidad de los votos de la derecha, lo que incluye al Partido Republicano y Chile Vamos.
