La resolución que informa de este trámite, sin mayor detalle, lleva la firma del presidente peruano, Alan García; de la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, y del ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde.
El Gobierno peruano envió al Congreso para su ratificación el acuerdo por intercambio de notas de contenido idéntico entre Perú y Ecuador sobre límites marítimos, según una resolución suprema publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
La resolución que informa de este trámite, sin mayor detalle, lleva la firma del presidente peruano, Alan García; de la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, y del ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde.
Precisamente, el canciller explicó el viernes a la prensa que Perú deberá modificar las denominadas líneas de base en su frontera marítima tras haber suscrito esta semana un acuerdo que fija esos límites bilaterales.
García Belaúnde resaltó que el acuerdo con Ecuador le permitirá a Perú tener 4.300 kilómetros más de mar territorial que actualmente están en aguas internacionales.
«Es un proyecto de ley que modifica la ley de líneas de base en el extremo norte, de forma tal que podamos compatibilizar las dos líneas de base, la de Ecuador y la de Perú», dijo el canciller.
El Gobierno de Perú reconoció el pasado martes la «Carta náutica» ecuatoriana, lo que supuso la confirmación expresa de los límites marítimos entre ambos países.
Según ambos Gobiernos, esto despejó las dudas generadas por el litigio por límites marítimos que Perú ha presentado contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Ecuador estaba preocupado por la posibilidad de que Lima hiciera a Quito un reclamo parecido al que tiene con Santiago, sobre una zona marítima ahora en soberanía de Chile y que se sustenta en unos acuerdos suscritos por los tres países en 1952 y 1954.
Según las autoridades peruanas, el reconocimiento a la carta náutica ecuatoriana confirma que esos acuerdos se refieren solo a asuntos pesqueros y son tratados de límites, tal como sostienen las autoridades chilenas.
