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El editor del periódico salvadoreño El Faro —que mudó sus operaciones a Costa Rica por seguridad— analiza el momento que vive el país centroamericano bajo el gobierno de Nayib Bukele. Tras casi un año y medio de régimen de excepción, que mantiene suspendidos derechos constitucionales básicos, una de sus consecuencias es que el 1% de la población está encarcelada. Denuncia la violación sistemática de los derechos humanos y señala que el éxito de su gestión de seguridad —que tanto admiran en el exterior, incluyendo a Chile— se basa en los acuerdos con las pandillas y la corrupción. “Lo único que puedo decirles a quienes admiran a lo lejos a Bukele es: traten de ponerse en el lugar de una persona inocente que es detenida y no tiene derecho a garantías ni a un juicio justo”, advierte Arauz.
El pasado 1 de junio, en su discurso por el cuarto aniversario de gobierno, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez (San Salvador, 1981), propuso a la Asamblea Legislativa reducir las alcaldías de 262 a 44, para así “permitir que aquellos más pobres puedan recibir mayores recursos para obras e infraestructura”.
También propuso suprimir 24 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, que habían sido agregados en 1994 en la circunscripción nacional (popularmente conocida como “plancha nacional” y declarada inconstitucional en 2003) por acuerdo de los partidos políticos, para facilitar la elección de los líderes con menos probabilidades de ganar una diputación.
La reducción del número de diputados y el cambio de fórmula de asignación de escaños (del cociente Hare al sistema D’Hondt), más las reformas territoriales, fueron aprobadas a los pocos días, gracias a que Bukele tiene mayoría en el Parlamento, y comenzarán a regir en las próximas elecciones del 4 de febrero de 2024, las mismas en las cuales el mandatario se presentará acompañado de su actual vicepresidente Félix Ulloa, para lo que ha anunciado que renunciará al cargo en diciembre próximo.
“Por primera vez en mucho tiempo, una misma persona busca reelegirse de forma continua. Él es una figura muy popular, con un partido que además ha acumulado y concentrado todo el poder. Esto es posible por la desarticulación de la democracia y la frágil institucionalidad que tenía el país”, explica el editor del premiado periódico online El Faro, Sergio Arauz.
Nayib Bukele asumió como presidente el 1 de junio de 2019. Antes fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012) y de San Salvador (2015), ambos cargos por el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN).
En 2017 fue expulsado de ese partido y un año después formó uno propio: Nuevas Ideas. Postuló a la presidencia en 2019 a través del centroizquierdista Cambio Democrático (CD), pero cuando este partido fue disuelto por la Corte Suprema encontró un lugar en la centroderecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Así fue elegido con 53,10% de los votos, sin necesidad de ballotage y se transformó en el primer presidente que no pertenecía a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ni al FMLN, quienes habían gobernado por turno desde 1989.
Asumió uno de los países con más altas tasas de criminalidad del mundo, pero su “modelo” de persecución penal consiguió bajar los índices de los homicidios. Eso le generó un gran apoyo popular y la admiración nacional e internacional, siendo citado en muchos países (Chile incluido) como alguien a quien imitar.
Sin embargo, no se dice que gran parte de ese mérito es por los acuerdos secretos que alcanzó con las tres organizaciones criminales más poderosas de El Salvador: la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios. Con ellas comenzó a negociar el mismo día en que llegó al poder. El Faro sacó a la luz esta realidad cuando las negociaciones ya llevaban un año.
Pero algo sucedió a fines de marzo de 2022, que rompió esa “tregua”. En un solo fin de semana la Mara Salvatrucha asesinó a 86 personas. El gobierno respondió con un régimen de excepción que dura hasta hoy, debido a lo cual están suspendidos los derechos constitucionales básicos en todo el país.
La policía o los militares (que desde hace años cumplen funciones paralelas a la policía) pueden detener indistintamente a cualquiera que les parezca sospechoso, incomunicarlo por 15 días —sin derecho a un abogado— y solo después de ese plazo presentarlo ante un juez. Entre otras cosas, pueden allanar propiedades sin orden judicial.
Arauz explica que intervinieron en una primera etapa las telecomunicaciones, también sin orden legal, y ordenaron a cualquier ciudadano que les entregaran sus teléfonos desbloqueados, algo que siguen haciendo.
Durante los primeros 13 días, las personas capturadas llegaron a ocho mil y la cifra no paró de crecer día tras día. También se multiplicaron las denuncias de capturas arbitrarias, de torturas, de tratos humillantes, de falta de información sobre el destino de los detenidos y la absoluta ausencia de explicaciones sobre los cargos que se les imputaban.
El Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció que los oficiales imponían al personal una meta diaria de capturas y los amenazaban con sanciones si no la alcanzaban. Puesto que la constitución establece que el período de duración de un régimen de excepción es de 30 días, desde aquel momento, los diputados lo han renovado 14 veces hasta el momento en que se escribe esta nota. Es decir, El Salvador lleva ya un año y dos meses con las garantías constitucionales suspendidas.
Es imposible tener información oficial sobre los delitos por los que han sido acusadas las casi 69 mil personas capturadas; tampoco hay ninguna pista sobre las personas que perpetraron la masacre de marzo de 2022: no se han individualizado responsabilidades, ni se ha hecho pública ninguna información al respecto. Al igual que los juicios relacionados a las capturas del régimen, toda la información relacionada a la construcción de la megacárcel con capacidad para 40.000 personas, según lo dicho por las autoridades, es también secreta.
Gracias a los testimonios de aquellos que salieron de las cárceles del régimen la ONG Cristosal elaboró el informe más completo que se ha hecho hasta el momento. En su estudio, Cristosal denuncia una colección de horrores: apaleamientos, golpizas, uso de choques eléctricos, falta de atención médica y privación de medicamentos, limitación de alimentos, hacinamiento e incluso documentaron 139 muertes de personas en custodia del Estado.
La organización advierte que sus cifras no representan la totalidad de casos de abuso, torturas y muertes, sino que sus datos representan apenas una pequeña fracción de lo ocurrido y que ha verificado que algunos fallecidos son enterrados en fosas comunes sin notificar a sus familiares” relata el periodista, parte de un pequeño equipo de profesionales que ha sentido de cerca también el peso del régimen.
Sin embargo, especialmente fuera de El Salvador se ha impuesto la figura de un presidente Bukele dándole seguridad a su país gracias a la “mano dura”. Con un pasado en la publicidad (trabajó en la empresa familiar), es un adicto a las encuestas, a las cifras y a la imagen, que para él lo es todo.
Geovani Galeas, autor de dos libros sobre Nayib Bukele, sostiene que para el mandatario “es suficiente su teléfono para gobernar sin necesidad de perder horas y horas en desplazamientos. Describe el despacho presidencial como una mesa con varias pantallas. Y señala que la principal virtud de Bukele es ser multitask —o sea, es capaz de hacer varias cosas a la vez”, describe un antiguo perfil en El País.
Agrega que es fanático de los videojuegos, de los autos lujosos y que se ha preocupado siempre de que su origen palestino no determine su credo religioso, evitando pronunciarse por alguna religión en particular.
“Es una figura bastante sui generis, auténtico, en el sentido de que no tiene referentes. En un principio se vendió como algo fresco, cool, joven, que no se pone corbata (es uno de sus símbolos), usa bitcoins, se comunica a través de redes sociales y gobierna desde Twitter”, describe Sergio Arauz.
“Pero luego surgió este personaje autoritario, con escasa vocación democrática, altamente conservador, casi de ultraderecha, que está muy cercano de esos principios. Hoy es muy parecido a cualquier dictador moderno, sólo que es joven y se viste más informal, pero su modelo, o al menos lo que llamaríamos ‘políticas públicas’, es muy similar a la de todos los dinosaurios del pasado; es decir, violar los derechos humanos constantemente, meter presos a los opositores o provocar exilios masivos y ser muy intolerante ante cualquier crítica o disidencia, así como tampoco respetar la institucionalidad ni las leyes. Es decir, tenemos la figura de un dictador tradicional”, añade.
—Según la encuesta Gallup el 91% apoya sus medidas.
—Las personas que no tienen los beneficios de vivir en democracia, que por lo general son los más desfavorecidos, sin acceso a recursos ni a superarse, no entienden lo que es la democracia, la institucionalidad. Sin desmerecer a nadie, eso es lo que ha pasado aquí y debe ocurrir en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, hablar de derechos humanos, de tortura en las cárceles, creo que es algo que no se dimensiona, porque el estribillo de la propaganda dice: “estamos haciendo pagar a los malos”, eso es una viñeta fácil de vender. Lo único que puedo decirles a quienes admiran a lo lejos a Bukele es: traten de ponerse en el lugar de una persona inocente que es detenida y no tiene derecho a garantías ni a un juicio justo.
“Vivimos en un momento solo comparable con la situación de la guerra que sufrió el país durante 12 años, entre el ’80 y los ’90. Estamos frente a un autoritarismo clásico, creo que en Ciencias Políticas le llaman híbrido, porque básicamente estamos sujetos a los designios de una persona y de su familia, que son los hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez“.
—¿Los hermanos tienen cargos?
—No, pero manejan mucho poder. Él tiene nueve hermanos, pero tres de ellos son hijos de padre y madre. Ellos componen el círculo más influyente del presidente.
—En la próxima elección tendremos la instalación (definitiva) del modelo dictatorial de Bukele. Porque la Constitución de El Salvador es muy clara en seis artículos en los que se establece que no existe la reelección. Una persona no puede concentrar tanto poder durante tanto tiempo. El presidente Bukele es comparable con el dictador de 1932, Maximiliano Hernández Martínez, célebre y tristemente conocido por haber aniquilado y exterminado a miles de indígenas en la zona occidental del país.
Si bien ahora tenemos condiciones de paz, en el sentido de que hay menos muertes y han disminuido los índices de violencia, esta paz está basada en cientos y miles de injusticias. Es decir, en el término de casi un año y medio se han detenido y están presas o detenidas casi 70.000 personas, a las cuales se les ha llevado a prisión sin un juicio, ni debido proceso ni señalamientos de cargos. Entonces, ese es el país en que vivimos. El 1% de la población está encarcelada —explica.
—¿No hay una institución legítima que pueda hacerle frente, más allá que las voces que se alzan de organismos internacionales?
—No hay ni una institución independiente. El 1 de mayo de 2021 marcó un hito en el bukelismo y en El Salvador. Ese día se instala la Asamblea Legislativa, en la que el partido del presidente (Nuevas Ideas), inició el control del órgano legislativo. Ganaron con sus aliados 63 de los 84 votos posibles. Tienen todas las mayorías posibles: mayoría calificada, mayoría simple y mayoría absoluta. O sea, el control legislativo completo.
—Y lo ganaron legítimamente.
—Exacto. Ese día, tras la toma de posesión de esta autoridad, destituyeron a la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que son cinco magistrados con mucho poder. Los sacaron en una noche y pusieron a cinco a imagen y semejanza del bukelismo, sin explicar muy bien las razones de por qué los estaban destituyendo, y también removieron al Fiscal General de la República. Ese día se desarticuló lo que en El Salvador era una frágil independencia judicial. porque los jueces, desde 1992 hasta esa fecha, tenían cierto poder y cierta independencia. Había un sistema judicial que uno podría decir que era corrupto, pero no era un sistema judicial totalmente plegado a los designios de una persona. Y ahora así es. Ese día se desarticuló la estructura de la frágil democracia que había en el país.
Añade que a esto se suma el cambio de las reglas electorales y la reconfiguración de los distritos.
—Esto es algo histórico. Las alcaldías se redujeron a 44 en todo el país, con una clara disposición o estrategia política; es decir, municipios donde la oposición podía haber hecho competencia, desaparecieron. Ahora (esta) no tiene condiciones, porque se han agrupado de tal forma en el oficialismo, que muy probablemente va a ganar. Las fórmulas de elección de la democracia se han cambiado y en la Asamblea pasa algo similar: antes se elegían 84 diputados y hoy se elegirán 60. Cambiaron el método, la fórmula que antes eran cocientes y residuos, ahora será la que privilegia las mayorías, y en este momento, la única mayoría posible es la de Nuevas Ideas. Entonces, las proyecciones de los expertos indican que Nuevas Ideas puede ganar 42 de las 44 alcaldías y 55 de los 60 cupos de la Asamblea Legislativa.
—¿Esto tiene el apoyo de la ciudadanía?
—Es incierto decir que es con el apoyo del pueblo en el sentido de que este cambio tan drástico se hace a meses de las elecciones. Y aquí había una ley electoral que justamente decía que no se podían cambiar las reglas del juego a un año de las elecciones. Ese artículo lo derogaron. Creo que el presidente es muy popular y su partido también, pero las encuestas no reflejaban lo que pasó con los municipios. Era, creo yo, el flanco más débil, porque el presidente eliminó el Fodes (un fondo especial del Estado que estaba distribuido en las alcaldías más pequeñas del país), un fondo como de 200 millones de dólares. Y eso metió en crisis a muchos de los municipios del interior del país. Eso explica esta reforma tan dramática y tan, a mi juicio, a la carrera, porque se aprobó todo en menos de una semana.
—¿Tiene el apoyo de las Fuerza Armadas?
—Sí, él es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y al igual que en todo régimen autoritario, ha fortalecido financieramente las instituciones militares y los cuerpos de seguridad. La policía está totalmente plegada y también el Ejército.
—¿Efectivamente están presas las pandillas o los “peces gordos” zafaron?
—Hay muchos líderes que se fugaron durante el pacto y que son requeridos por Estados Unidos, pero es difícil afirmar que todas las personas que están presas son de las pandillas. Muy probablemente la desarticulación tiene a miles de pandilleros dentro de la cárcel, pero también hay una cuota importante de gente inocente a la que no se le ha comprobado ningún delito y que está únicamente allí por parecerle sospechosa al policía que la detuvo. Hay cientos de casos, nosotros estamos haciendo un registro. Hay gente que ha denunciado torturas y parece ser algo sistemático. En El Salvador te detienen sin decir cuáles son tus derechos, ni mucho menos informar cómo está documentado tu caso. Podés estar preso casi seis meses o un año y tu familia sin saber en dónde estás. Y adentro hay un sistema instalado de tortura que somete a las personas a situaciones extremas, no sólo de hambre, de hacinamiento, de maltrato, de tortura psicológica.
—Aun sabiendo todo esto, hay políticos de países como Chile que lo citan como modelo.
—Eso tiene que ver con que ahora en El Salvador se puede caminar tranquilamente. Hay muchas comunidades que antes estaban sometidas al poder de la violencia de las pandillas y ahora ya no, pero eso está basado sobre la injusticia. Es una una paz mafiosa. Es una paz que no me gusta. Es popular porque tiene un aparato de propaganda y de marketing impresionante y logra comunicar muy bien sus mensajes a públicos muy específicos. Tiene una maquinaria no sólo nacional, sino que internacional para imponer narrativas.
Es decir, uno va a cualquier país de Latinoamérica y el taxista siempre te dice: “ustedes tienen un presidente muy bueno, porque ha metido presos a todos los malos”. Es una lectura bien facilista y simplona que hace una persona que quizás no tiene acceso a toda la educación y a toda la información y que no vive aquí. Es complicado decir que el modelo de Bukele no ha sido efectivo para resolver uno de los principales problemas de la población. Su fórmula se promociona con algún éxito porque es muy simple: “voy a meter presos a todos los malos”. Ahora, creo que en ningún país del mundo con una democracia fuerte, instituciones independientes y fortalecidas podría aplicar este modelo, porque es básicamente aniquilar la institucionalidad.
—La administración muestra la imagen que quiere sin transparencia.
—Todo esto ocurre dentro de la más profunda oscuridad. Es el gobierno más opaco de la historia del país en mucho tiempo. Ni siquiera los gobiernos del pasado, que eran altamente corruptos, gobernaron de esa forma, en el sentido de que no tenemos acceso a información pública ni oficial, el Instituto de Acceso a la Información dejó de funcionar. Todo está calificado como reservado. Y creo que estamos viviendo unos tiempos en donde los funcionarios públicos tienen vía libre para corromper el sistema. Este es uno los gobierno más corruptos en la historia del país. Y hay un sinnúmero de casos que en este momento no van a ser investigados, pero que si se hace un registro, en el futuro va a servir para demostrar que este es un gobierno altamente corrupto.
El Faro está cumpliendo 25 años. Partió un 14 de mayo de 1998 como la iniciativa de un grupo de jóvenes periodistas bajo la consigna de la independencia editorial, defensora de la libertad de prensa y expresión. Es un diario regional, que cubre todo Centro América y que a lo largo de los años ha crecido en tamaño y prestigio.
Sin embargo, en abril pasado, la administración y los equipos se trasladaron hasta Costa Rica. Los periodistas siguen reportando desde El Salvador.
—¿Qué pasa con el Faro y Bukele?
—El presidente no tiene vocación democrática. Es intolerante, más con la prensa incómoda, y El Faro desde que se fundó ha sido incómodo para todos los gobiernos y para todos los políticos. Entonces, para Bukele El Faro significa el scanner que lo desnuda ante la gente, que desnuda su corrupción, que desnuda sus acuerdos con las pandillas, que desnuda su punto más frágil. Es decir, su falta de transparencia y su forma tan autoritaria de gobernar. Para el presidente somos el enemigo público número uno, quizás porque nos dedica demasiado tiempo y demasiadas campañas publicitarias en contra de nosotros, de desprestigio. Y es por eso sea porque somos una voz incómoda y porque hacemos un registro de acciones que no quiere que se sepan.
Por ello, hace un par de meses mudaron sus operaciones hasta San José de Costa Rica.
—Es para proteger El Faro, su marca y el periodismo. Si me detienen a mí, El Faro puede seguir operando, pero si nos quitan nuestro derecho al registro de marca en El Salvador y a nuestro portal podríamos dejar de operar. Entonces, tomamos esa decisión como un escudo de protección y porque además recibimos una advertencia formal del gobierno. Intentaron instalar algo que se llamaba Ley de Agentes Extranjeros, la misma que opera en Rusia y en Nicaragua, y que trata básicamente de apropiarse de la mayoría de fondos de cooperación externa que vienen de organizaciones de la sociedad civil.
—¿No lo ha hecho aún?
—No, pero se anunció y se metió un proyecto de ley que no se aprobó y que a nosotros nos dio pie para decir tenemos que asegurar la operación de El Faro. Y nos pusimos fuera de su alcance.
