No viene al del caso referirse con detalle las minucias argüidas para sofocar la participación ciudadana, en especial por algunos servicios públicos, aunque estamos conscientes que esta actitud refleja una conducta habitual, prácticamente transformada en norma en nuestro país, que encapsula las relaciones Estado-ciudadanía.
A partir del próximo 4 de noviembre, y en el transcurso de las dos semanas que le siguen, los responsables de los gobiernos signatarios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) se enfrascarán en sesudas deliberaciones tendientes a iluminar el destino de un sinnúmero de especies que corren algún peligro cierto de extinción como consecuencia del comercio internacional a que son expuestas.
Es relevante constatar cómo la comunidad organizada, en un reconocimiento explícito de la fragilidad de los ecosistemas y de la vulnerabilidad de las diversas especies, ha resuelto normar cuidadosamente su flujo comercial a través de un instrumento jurídico internacional vinculante. Esta iniciativa debiera hacer meditar a quienes propugnan que sólo a través de la desregulación de los mercados advendrá la solución a los problemas de conservación, receta que, por lo demás, extienden para aventar cualquier tensión que comprometa la sustentabilidad.
Como este año le ha correspondido al gobierno de Chile actuar como país anfitrión de la 12° reunión de la Partes de Cites, los ojos del mundo se posarán sobre esta extendida geografía para seguir con atención las discusiones, pues la supervivencia de muchas especies de flora y fauna silvestre dependerá de la aplicación, voluntad y perspectiva de futuro de los gobiernos que nos visiten.
La Convención establece una operatoria bajo la cual cada país presenta las especies de flora y fauna silvestre que desea proteger, proponiendo su inclusión en algunos de los tres Apéndices que la Convención ha estatuidos para ese fin. Así, por ejemplo, el texto de la Convención establece que «el Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio de especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta, a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia, y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales».
Por las restricciones que impone, este Apéndice ha sido el más demonizado por quienes aspiran a un flujo de bienes sin limitaciones de ninguna clase. Pese a los reparos y reclamos, no hay que olvidar que merced a este acuerdo internacional podemos disfrutar todavía de la existencia de diversas especies de flora y fauna silvestre que ante la inexistencia de este compromiso sólo conoceríamos de oídas.
La labor de crear y acopiar la información científica y de respaldo a las propuestas que poblarán los Apéndices recae indistintamente en el sector público, las universidades y las diversas organizaciones de la sociedad civil. La vastedad y complejidad de los temas no admitiría, en la perspectiva de un trabajo serio, un tratamiento diferente.
Por lo demás, sólo a través de un proceso de esta naturaleza, que convoque a los actores relevantes, cada país puede garantizar que su propuesta está dotada del respaldo que la legitima.
Es indispensable, en este contexto, que la autoridad abra espacios reales de diálogo, propicie el debate, aliente la confrontación de ideas y, en definitiva, decida sobre la base de un soporte científico-técnico incuestionable y transparente. Sin estos atributos se corre el riesgo serio de desdeñar antecedentes, investigaciones e información relevantes para la conservación de una especie.
Cabe preguntarse, ante la inminencia de la reunión de las Partes, cómo ha sido la conducción de la autoridad nacional en este proceso. Nuestra experiencia nos obliga a dar una respuesta que constata la escasa apertura de espacios a la participación. El desinterés y la desmotivación exhibidos por los funcionarios públicos de algunos servicios se condice con el papel jugado por el gobierno de Chile en la pasada Cumbre de Desarrollo Sustentable, cuando las organizaciones de la sociedad civil se enteraron del informe y propuestas presentadas por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en Johannesburgo solo a través de la prensa.
No viene al del caso referirse con detalle las minucias argüidas para sofocar la participación ciudadana, en especial por algunos servicios públicos, aunque estamos conscientes que esta actitud refleja una conducta habitual, prácticamente transformada en norma en nuestro país, que encapsula las relaciones Estado-ciudadanía.
En esta importante convención nos parece que de las diversas especies silvestres en juego merecen una especial atención la ballena Minke y la ballena Bryde (Balaenoptera acutorostrata y Balaenoptera edén), que el gobierno japonés postula traspasar del Apéndice I al apéndice II de la Cites; el bacalao (Dissostichus eleginoides y D. Mawsonii) y la caoba (Swietenia macrophylla) que los gobiernos de Australia y Nicaragua, respectivamente, postulan incluir en el Apéndice II.
Las negociaciones serán intensas, pues los intereses económicos en juego no son desdeñables. Por ello, en el momento de decidir sobre el destino de estas especies, así como el de otras, habrá que tener suficiente coraje para remontar exigencias de corto plazo y demandar claridad en la aplicación del Principio de Precaución, cuyo texto señala que «cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente» (principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 1992).
Aunque no puede embargarnos un optimismo ingenuo, tampoco debemos abandonarnos a mascullar un gravoso pesimismo. La fuerza de los hechos y nuestras inveteradas luchas nos han hecho pacientes. Por eso apelamos a una visión de futuro donde se remonte gradualmente el estilo de gobernar que rehuye el reconocimiento del debate.
Creemos que la historia ha puesto en un lugar de privilegio a los funcionarios públicos con responsabilidades en este proceso. Ellos probablemente no lo buscaron, pero ahora no podrán eludir su compromiso, y sin duda alguna la próxima Convención de Cites les dará la oportunidad de demostrarlo.
(*) Director ejecutivo de Greenpeace Chile
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