El silencio administrativo, de aprobarse, favorecería en gran medida a aquellos minoritarios empresarios que, manejando con fruición toda la frondosa información técnica-legal, se han caracterizado por sacar provecho de las imperfecciones del mercado y de las carencias fiscalizadoras de nuestro sistema público.
En el decenio 1987-97, Chile tuvo un alto crecimiento económico, por razones que todos conocemos, que durante los últimos 5 años se ha reducido. Sabemos que para crecer sostenidamente y lograr una justa distribución del ingreso, hay que invertir mucho en educación masiva de calidad, promover la investigación y conducirse con eficiencia, respeto y compromiso social, lo que no se da en Chile actual.
Se dice que el objetivo es volver a los niveles de crecimiento del 7% anual y para ello se ha optado por el simplista camino de «flexibilizar» (v. gr. desmantelamiento de las normas ambientales) por un lado y modificar las leyes, por otro, tal como lo exigen los grupos empresariales que roncan. Y es así cómo el gobierno está impulsando la reactivación productiva apelando a diferentes proyectos de leyes: plataforma de inversiones, firma digital, tribunal de la libre competencia, ley eléctrica, ley de telecomunicaciones, régimen de subcontratación, tribunales tributarios, silencio administrativo y ley de pesca.
No nos pronunciamos sobre todos ellos, porque no los conocemos, pero sí quisiéramos que los primeros 7 sean coherentes con el interés general del país, vale decir, con el desarrollo sustentable que garantiza el imprescindible equilibrio en todos los ámbitos del quehacer humano. Tenemos nuestras reservas sobre la ley de pesca que gatilló la confrontación entre el senador Ávila y los senadores Zaldívar, con ocasión de la relación de los hermanos DC con un grupo económico que explota los recursos marinos.
Ahora bien, sí tenemos opinión fundada sobre el penúltimo de ellos -silencio administrativo- ya que, de aprobarse, favorecería en gran medida a aquellos minoritarios empresarios que, manejando con fruición toda la frondosa información técnica-legal, se han caracterizado por sacar provecho de las imperfecciones del mercado y de las carencias fiscalizadoras de nuestro sistema público. Por tal razón, estimamos que la autoridad debe revisar el contenido de este proyecto de ley que establece la aprobación automática de todas las solicitudes de permisos que no cuenten con pronunciamiento formal dentro de un cierto período de tiempo.
Dentro de la corrupción generalizada que estamos observando, consideramos altamente inconveniente que se insista en incluir en la Agenda Pro Crecimiento este específico proyecto. Con esta imaginativa, contraproducente y acomodaticia figura legal se establecería la impunidad perpetua para todos aquellos agentes privados que -con natural osadía- desean obtener ventajas, compitiendo deslealmente con aquellos que sí se enmarcan en las reglas del juego.
Si el día de mañana estuviera vigente esta regresiva legislación se daría pábulo al perfeccionamiento de la connivencia pública-privada (recordemos el caso del Banco Central, Inverlink, Corfo y operadores del sistema financiero) y a través de ella, a la posibilidad cierta de desordenar aún más el sistema de mercado. Sólo bastará que el funcionario público venal deje transcurrir el período de tiempo necesario, para que la solicitud de permiso con «errores» sea autorizada «de jure».
Si el Gobierno desea reducir -no podemos decir eliminar- la corrupción ya establecida, no debe inventar fórmulas que faciliten la comisión de actos contrarios a las normas y reñidos con la ética en los negocios. Si hoy en día algunas autoridades se arriesgan con frecuencia a aprobar explícitamente permisos ilegales, qué nos esperaría si en el futuro dichos permisos se entendiesen aprobados por la mera inacción, mucho menos comprometedora.
Las asociaciones ilícitas existen y como no se formalizan a través de documentos, es imposible detectarlas y no vamos a dar ejemplos porque ya se ha informado profusamente al respecto. Facilitar su operación significaría que el descontrol se instalaría en plenitud en los más diversos estamentos de la administración central, regional y municipal. Todos debemos tener presente que más vale prevenir que curar y por ello tenemos que ser cuidadosos cuando se trata de tomar iniciativas con aparentes sesgos de conveniencia general.
Hay que tener muy en cuenta que el NÅŸ 21 del Artículo 19 de la Constitución Política «asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen«. Es decir, si dentro de los cambios contenidos en la Agenda se llegara a establecer el silencio administrativo, se estaría dando una clara señal para violar la propia Constitución, ya que el respeto a las leyes por todos sería solo una frase indicativa que se obedecería por unos y se incumpliría por otros. Y éstos últimos son los que -debido a la ausencia de prolijidad pública- han abusado de las «interpretaciones» que los favorecen solamente a ellos.
En el entendido de que el secretismo atávico ha originado las malas prácticas que advertimos, estimamos que el mejor antídoto contra la corrupción es que el Gobierno abra las puertas a la participación ciudadana en la generación de las políticas públicas. Cuando los trámites y solicitudes ante los diferentes servicios del Estado sean transparentes y de expedito acceso al escrutinio y conocimiento de la sociedad civil, se va a mejorar sustancialmente el comportamiento de aquellos funcionarios que hoy en día todavía se resisten a cumplir con el mandato que les ha entregado la sociedad.
La ciudadanía desea que la probidad a toda prueba, de los servidores públicos y del sector privado, sea la luz que la oriente en el camino de la consecución del desarrollo, palabra -por lo demás- bastante más amplia que el mero crecimiento. Así todos nos beneficiaremos en el corto, mediano y largo plazo.
Estamos convencidos que, por sanidad, por igualdad ante la ley y fundamentalmente para atajar de verdad la creciente corrupción que nos corroe, esa pretendida y burda ley de silencio administrativo debe ser archivada para siempre. Pero si la coacción de los grupos económicos es más fuerte y los parlamentarios dócilmente la aprueban, sería recomendable al menos que, su impetración por ausencia de respuesta del funcionario público, automáticamente signifique la cesación del cargo de ese «servidor» olvidadizo.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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