Los escándalos contables en las empresas Enron y WorldCom en Estados Unidos y los protagonizados en Chile por el Grupo Inverlink y Gate, han reimpulsado el estudio sobre la ética en los negocios, preocupación que si bien es de larga data en muchas grandes compañías, no es una práctica de amplia difusión en el país.
Hace un par de años, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) convocó a un grupo de destacados empresarios para discutir sobre este tema. Entre los invitados había relevantes figuras industriales: la banca, auditoras, profesionales y dirigentes de gremios. El objetivo era la creación de un código de buenas prácticas empresariales, ampliamente aplicable.
Sin embargo, después de varias reuniones con la autoridad y ante el temor que tal código se transformara en fuente de nuevas regulaciones, los grupos empresariales decidieron seguir su propio camino, trasladando los trabajos hacia sus instituciones gremiales, las que han elaborado sus propias pautas para estar al día con las exigencias de los mercados globales.
Como se sabe, en Estados Unidos estas obligaciones aumentaron abruptamente tras los escándalos Enron y WorldCom. Y en julio de 2004, la autoridad norteamericana exigió a todas las empresas del país y las extranjeras que operan en Estados Unidos, tener y publicar un código de buenas prácticas (Ley Sarbanes-Oxley). Quienes no lo posean, deben justificar su inexistencia.
En Chile, 24 empresas deberán cumplir con dicha legislación.
Cabe señalar que en nuestro país muchos de los contenidos de la Ley Sarbanes-Oxley ya habían sido cubiertos con diversos cuerpos legales, especialmente la Ley de Opas, aunque existe coincidencia que aún es necesario avanzar en el perfeccionamiento de las normativas que regulan el actuar de las firmas auditoras.
La Ley de Opas tuvo buenos efectos: aumentó la confianza de los inversionistas, fundamentalmente por la creación de comités de directores, la regulación de transacciones entre partes relacionadas, el establecimiento de la acción civil derivada, la igualdad expresa de los derechos entre accionistas y las nuevas causales que dan derecho a retiro. La primera compañía chilena que realizó la tarea fue Telefónica CTC Chile, que en septiembre del año pasado lanzó su código de ética. También destaca el de Xerox Corporation Chile y los de las grandes empresas mineras, sobre el tema responsabilidad social y ambiental.
Por su parte, la SVS no detuvo su esfuerzo y continuó trabajando el tema con las Universidades de Chile, Los Andes y Católica, contactándose con Icare, SFF y Ernst&Young, que tienen un código de ética de carácter genérico, para que cada firma lo adecue a su propia realidad. Algo similar ocurre con la industria aseguradora que cuenta con un consejo de autorregulación, formado por profesionales externos. Asimismo, cada AFP tiene su propio código y su asociación trabaja en uno sectorial. Otras agrupaciones empresariales disponen de sus respectivos códigos tales como la Asociación de Empresas profesionales para el medio Ambiente, Amcham; la Cámara de Comercio de Santiago, SalmónChile y otras.
Juan Claro, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SFF) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), propuso recientemente la creación de un código más amplio que el que actualmente tiene la SFF, que posibilite la autorregulación y evite desbordes en la regulación gubernamental. La autoridad reguladora, por su parte, ha sostenido que las firmas chilenas poseen buenas condiciones de ética empresarial.
Sin embargo la pregunta subsiste. ¿Sirve actuar éticamente en los negocios? ¿La competencia global y las fuertes exigencias que esta impone facilitan la conducta ética de las compañías? El destacado economista Milton Friedman ha señalado que «hay una y sólo una responsabilidad social de la empresa: usar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus ganancias, en tanto se respeten las reglas del juego, esto es, la competencia libre y abierta, sin caer en el fraude y el engaño».
Y si bien la obligación primera de las empresas es producir la renta que posibilite la viabilidad y sobrevivencia de la compañía, el propio desarrollo de los mercados le ha impuesto a las empresas, además, otra serie de obligaciones sociales, ambientales y de calidad que, de no cumplirlas, atentan contra el citado objetivo básico.
En efecto, diversos hechos demuestran que la aplicación y difusión de un código de ética mejora el desempeño financiero, pues alinea los intereses de directivos, empleados y accionistas; se reducen los robos y el despilfarro de recursos, hay menos ausentismo, más productividad y menos conflictos. Un estudio realizado por la De Paul University de EEUU, a 300 firmas, concluyó que el valor bursátil de las que hacían un compromiso explícito de ceñirse a su código de ética era el doble de las que no lo hacían.
Asimismo, una conducta ética sube las ventas y mejora la imagen corporativa. Una encuesta realizada en 25 países por Environic Internacional, encontró que casi el 50% de los consumidores ha pensado en castigar a una empresa fruto de acciones sociales consideradas negativas, y cerca del 30% ha evitado comprar productos de una empresa por igual razón. Sólo en el Reino Unido, dos de cada tres consumidores han boicoteado al menos una marca por caer en comportamientos anti éticos, según una investigación de Quentin Bell Organization.
Otro efecto positivo de la vigencia y compromiso con un código es que fortalece la lealtad, el compromiso de los empleados y la motivación en el trabajo. Un sondeo elaborado en Estados Unidos por Walker Information determinó que sólo un 6% de los trabajadores que piensan que sus jefes no se comportan correctamente, se inclina por permanecer en la firma, mientras que el 40% que cree que sus superiores son éticos desea continuar en su actual puesto de trabajo. Otra encuesta del Hudson Institute encontró una correlación positiva entre altos estándares éticos, con más compromiso laboral y lealtad, y concluyó que los empleados que sienten que trabajan en ambientes éticos son seis veces más leales que quienes consideran que sus organizaciones no lo son.
Pero hay más. El no adoptar un código aumenta los peligros de una sobrerregulación de los mercados, como de hecho ocurrió en Estados Unidos, tras los sucesos Enron y WorldCom. Su vigencia, en cambio, evita perder negocios: en 1998, la Shell canceló 69 contratos con compañías que había fallado en su adhesión a sus políticas de salud, seguridad y medioambiente; y en 1999, el gobierno japonés revocó la licencia para realizar negocios a un banco europeo, por prácticas de contabilidad financiera inapropiadas.
Como corolorario, se demuestra que, además, las empresas sólidamente ancladas en un código de ética tienen más facilidades de acceso al financiamiento, pues la confianza y seguridad que ello inspira es un factor relevante a la hora de los análisis de riesgo. Una mala reputación corporativa puede cerrar del todo o encarecer la posibilidad de tomar créditos bancarios o emitir bonos en el mercado de capitales.
Dicho todo esto, ¿su empresa ya tiene un código de ética conocido por sus directivos, empleados, accionistas, proveedores y consumidores?
