Se está llegando así a una situación virtualmente increíble. Muchos de los que están acusando duramente a los tribunales por no haber hecho justicia en el pasado, están buscando impedirles hacer justicia en el presente y el futuro Ä„respecto de los mismos casos!
Como lo han señalado Human Rights Watch («El Mercurio», 18-12-2004) y el abogado Jorge Ovalle («El Mercurio», 19-12-2004), el proyecto de ley gubernamental destinado a mantener el secreto por 50 años del Informe Valech constituye una grave violación de la Constitución y de los derechos humanos fundamentales.
De partida, al ignorar la opinión de la Corte Suprema sobre aquel proyecto se está violando flagrantemente el Artículo 74 de la Constitución que estipula explícitamente que «la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema».
Además, al restringirse en dicho proyecto la facultad de los tribunales de acceder a los contenidos del Informe referidos a hechos constitutivos de delitos, se está impidiendo la vigencia del Artículo 73 de la Constitución que le confiere plenos y exclusivos poderes a los tribunales para impartir justicia.
Por otro lado, con aquel proyecto se está violando también el Artículo 5 de la Constitución que establece que «el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». La violación de este artículo se produce al restringirse las facultades del Poder Judicial para acceder a informaciones que dan cuenta de crímenes de lesa humanidad como la tortura, con lo que se obstaculiza la aplicación -entre otros tratados- de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El proyecto de ley que está aprobándose con extrema rapidez en el Congreso -y sin escuchar siquiera la opinión de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de los abogados expertos en la materia- vulnera especialmente el derecho a la justicia, al cercenar las facultades de los tribunales de imponerse de oficio de las miles de imputaciones delictivas que se formalizaron en el Informe Valech.
Es más, con este proyecto el Gobierno y la Concertación, que lo está apoyando, están llegando a una inconsecuencia monumental y grotesca. Ésta es, de haber hecho suya -con razón- la conclusión del Informe de que el Poder Judicial actuó con extrema negligencia e incluso connivencia con la dictadura, al -entre otras cosas- denegar sistemáticamente los miles de recursos de amparo presentados por el Comité por la Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Y, por otro lado, Ä„de impedir en gran medida con esa iniciativa legislativa que el Poder Judicial pueda hoy y en el futuro hacer justicia respecto de miles de crímenes contra la humanidad cometidos entre 1973 y 1990!
Se está llegando así a una situación virtualmente increíble. Muchos de los que están acusando duramente a los tribunales por no haber hecho justicia en el pasado, están buscando impedirles hacer justicia en el presente y el futuro Ä„respecto de los mismos casos!
Por tanto, en caso de ser aprobado dicho proyecto de ley, el Gobierno y la Concertación estarían solapadamente aprobando la más grave medida legislativa en favor de la impunidad, desde el decreto-ley de autoamnistía de 1978.
Felipe Portales es sociólogo y vicepresidente del Área Democracia y DD. HH. de la Corporación Representa.
