Querámoslo o no, el debate sobre energía nuclear se ha instalado en el ambiente político de nuestro país, lo que impone un pie forzado en la discusión energética y nos lleva a develar lo que hay detrás.
Una forma de abordarlo es analizarlo desde el punto de vista de los compromisos adquiridos por la presidenta Bachelet. Más allá de las declaraciones de buenas intenciones respecto de su posición personal sobre la energía nuclear, ella ha dado su aprobación a los estudios sobre esta materia, y por tanto tiene una responsabilidad con el país por haber abierto la puerta al tema. Es una clara señal de que la Presidenta no es capaz de cumplir lo que prometió siendo candidata. Antes incluso de empezar a debatir si la energía nuclear es apropiada o viable para este país, se plantea un nuevo escenario, ya que este incumplimiento pone en duda todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía y por tanto genera un serio cuestionamiento a las promesas ambientales. No está de más recordar que ya existe una larga historia de incumplimientos por parte de los gobiernos de la Concertación en materia ambiental.
Respecto a la energía nuclear, es absolutamente legítimo que existan sectores que impulsen el debate sobre el tema -los interesados e involucrados con la industria nuclear tiene todo el derecho a hacerlo-, pero eso no significa en ningún caso que la discusión la financie el Estado. Debatir es una cosa y avanzar en estudios de factibilidad sobre energía nuclear con fondos del Estado es otra; no hay que confundir las cosas.
Resulta particularmente grave que sea el Estado quien financia el debate, pues admitir estudios en esta materia significa que el gobierno de Chile y por tanto el país estaría dispuesto a instalar este tipo de tecnología. Es totalmente artificial y absurdo que estemos hablando de financiar estudios de factibilidad para instalar energía nuclear en un país como el nuestro, donde la lista de carencias en distintos sectores es extremadamente larga. Otorgar fondos para una discusión que puede resultar estéril, significa restar fondos para realizar estudios, implementar políticas o acciones en otras materias que claramente son prioritarias.
Si sólo nos centramos en el tema energético, la discusión sobre energía nuclear es poco acertada, pues el problema energético debe ser abordado en dos escenarios: uno, el actual y coyuntural, y otro de largo plazo. En el escenario actual y coyuntural, nuestros políticos y gobernantes deberían estar preocupados de solucionar la posible crisis energética de los próximos años y para eso la discusión, el hacer estudios y gastar fondos en el tema nuclear no tiene sentido.
Por otro lado, la discusión de largo plazo debería estar fundada en desarrollar e implementar lo que se ha llamado el Plan de Seguridad Energética, que está destinado a hacer de Chile un país independiente en esta materia. En este escenario de análisis, discusión y propuestas, tampoco sirve hablar de energía nuclear, pues ésta no garantiza ningún grado de independencia: todo lo contrario, plantea un escenario de dependencia y de riesgos asociados al tema a la utilización de este tipo de tecnología.
En conclusión, la energía nuclear no cabe en la discusión publica, ni en el corto ni en el largo plazo, si mantenemos los objetivos de generar un plan de seguridad que garantice cierto grado de independencia en esta materia. Entonces, cabe preguntarse a quienes beneficia toda esta falsa discusión, ¿a la industria nuclear? ¿a los lobbystas en la materia? Lo que está claro es que no beneficia a Chile ni a sus ciudadanos, y por tanto no puede ni debe ser implementada con fondos públicos.
Lo que necesitamos en el país es que todos lo chilenos y chilenas podamos contar con antecedentes reales sobre cómo implementar una política energética eficiente y que el Estado pueda garantizar un suministro de energía justo y equitativo que beneficie a los ciudadanos y no sea controlado, manipulado y propiciado por los sectores empresariales que lucran del tema. Esa es la discusión que hace falta y es a eso a lo que el Estado debería abocarse y aportar fondos a sus servicios públicos para la realización de estudios.
______________________
Flavia Liberona. Coordinadora Nacional Ecosistemas.
