Reiterados, han sido los recursos judiciales vinculados al proyecto El Mauro de Minera Los Pelambres (MLP), desde hace 6 años que nunca han dejado de estar pendientes recursos administrativos o judiciales contra MLP, hasta el pasado 3 de noviembre, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago declaró ilegal y anuló el permiso otorgado por la Dirección General de Aguas, para construir un depósito de residuos mineros con capacidad para 1.700 millones de toneladas, que contempla un muro de arena de 240 metros de altura.
Paradojalmente, MLP dio curso a la construcción del polémico tranque, sabiendo que podían recibir un fallo adverso, pero aún así, optó por la misma política de los hechos consumados que utilizó Luchetti en la construcción de su planta en Lima, Perú, con tan malos resultados.
Al alero de los recientes acontecimientos, MLP ha afirmado, a través de sus representantes, que los tribunales no pueden contradecir los dictados de la Conama, por ser éste un ente técnico, claramente este argumento no se sostiene, pues entonces los privados tendrían que renunciar a los recursos que la ley les concede, contra las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos.
No debemos engañarnos (más) afirmando que la Conama toma decisiones técnicas. Este «punto de vista» fue argumentado hasta el cansancio por las empresas, las consultoras y el gobierno por mucho tiempo, porque a todos convenía, pero lo cierto es que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) creado y administrado por la Concertación fue hecho para que el gobierno de turno pudiera aprobar, a su antojo, cualquier proyecto, cumpliera o no la ley.
Sin embargo, con el tiempo, la fantasía se ha desplomado, y en el camino han caído Cascada, Trillium y Alumysa, por mencionar sólo algunos emprendimientos que, en mi opinión, fueron mal planteados principalmente por la tentación que significaba saber que obtener el favor del gobierno (y la consiguiente aprobación ambiental) no pasaba ni por el cumplimiento de la ley, ni por el respeto a los terceros afectados. Es más, deberíamos además recordar que incluso la central Ralco, colgó de un hilo cuando en el 2003, luego de 6 años de un juicio ordinario, la justicia declaró la nulidad de la resolución de calificación ambiental. Las obras habían comenzado en 1998 y a la época de la sentencia se habían colocado más de 1 millón de metros cúbicos de hormigón compactadoÂ… y la empresa tuvo que llegar a acuerdo con las hermanas Quintremán.
No es posible pensar que MLP no consideró el escenario actual como posible. ¿Entonces? Obvio, el viejo recurso de echar la caballería encima, imponerse de facto. Total, ¿qué juez va a atreverse a paralizar una obra de tantos millones de dólares?
Aquí quiero detenerme en una cuestión moral. Es verdad (sí, lo es) que en Chile hay personas que son privadas de libertad durante años por robar gallinas. ¿Es que acaso los jueces allí pueden tomar en cuenta el monto comprometido para no aplicar la ley? No, simplemente no pueden. Esto debería bastar sobre el punto.
Ahora, ¿el fallo para MLP cuestiona la institucionalidad? Claro, cómo no hacerlo si se entregan facultades omnímodas a la autoridad política y esto crea falsas expectativas a unos y puede frustrarlos a todos. El modelo de gestión ambiental chileno es «insostenible», pero la falta de certeza viene de allí y no de un tribunal que -por fin- aplica la ley sin detenerse en quién financia la campaña política.
¿Y esto afecta al sector minero en su conjunto, como afirma la millonaria campaña de opinión pública liderada por MLP? Sólo si los entes gremiales persisten en el error de subirse al buque que se hunde por la porfía de su capitán. Sin ir más lejos El Mercurio se ha hecho eco del discurso de la empresa y ha exigido que la Corte Suprema revierta el fallo, lo mismo que han hecho un par de senadores de la UDI y los altos ejecutivos de la empresa.
No podemos dejar de reconocer que la campaña comunicacional y de opinión pública de MLP ha sido excelente, pero no es argumento válido para una Corte Suprema que enfrenta la falta de prestigio del poder judicial y que no debiera prestarse para jugar el triste rol que jugó en el caso Celco, con nefastas consecuencias para todos. Por lo demás, la fundamentación del abogado integrante Llanos y de los ministros Chevesich y Rojas y la brillante redacción de este último, dejan bastante poco espacio para la Corte Suprema, que puede revisar el fallo muy limitadamente por la vía de la casación.
¿Será casualidad que detrás del mismo estilo de manejo de los conflictos ambientales de Luchetti en Perú y de MLP en Caimanes, haya estado el mismo Grupo económico? Saque usted sus propias conclusiones.
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José Ignacio Pinochet Olave. Director Ejecutivo Fiscalia Medio Ambiente (FIMA)
