Al finalizar el año 2006 es el momento de hacer un análisis retrospectivo de algunos hechos relevantes de lo que han sido estos doce meses de funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en el país. Al 30 de noviembre la Defensoría Penal Pública había atendido un total de 199.765 imputados, concentrándose el mayor número de ingresos al sistema en la Región Metropolitana con un 37%. Del total de causas ingresadas el mayor porcentaje se concentra en delitos de menor lesividad, tales como lesiones, hurto e infracciones a la Ley de Tránsito alcanzando en total un 44,3%. En contraste a ello, el delito de homicidio llega al 0,6%, los delitos sexuales al 1,8% y los delitos establecidos en la ley de Drogas al 3,6%.
En cuanto a las formas de término, sobre el total de causas finalizadas en los últimos doce meses, un 40% de aquellas corresponden a salidas alternativas, un 30,6% a condenas y un 1,0% a absoluciones.
Respecto de las medidas cautelares decretadas en el mismo período, el mayor porcentaje de aquellas recae en la obligación del imputado o imputada de presentarse ante el juez u otra autoridad con un 34,8 %, seguido por la prisión preventiva que asciende al 16,0%. En tercer lugar, el arraigo que llega al 15,7%.
Estas cifras son elocuentes. El nuevo sistema de enjuiciamiento criminal ha demostrado ser más eficiente y eficaz en la persecución y el castigo de los responsables de la comisión de un delito. Asimismo, ha comprobado ser riguroso y estricto en la aplicación de las medidas cautelares, al alcanzar la prisión preventiva cifras superiores a otras medidas de menor entidad y que resultan ser más acorde con la naturaleza de los delitos en los que se aplican.
Referirse en estos días a un excesivo garantismo o mano blanda de los tribunales de justicia resulta inapropiado y no ajustado a la realidad. Al agrupar los delitos que inciden e impactan en la sensación de inseguridad de la ciudadanía, advertimos que estos no superan el 6,0% del total de las causas ingresadas. De igual modo advertimos que existe un gran número de causas en las que se ha decretado la prisión preventiva del imputado, no obstante que como medida cautelar de última aplicación debiese ser restringida a situaciones de mayor peligrosidad para asegurar los fines del procedimiento.
Por otro lado, particular es la situación que se ha presentado en el sector oriente de la región Metropolitana, que comprende las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Macul y La Florida. En los últimos dieciocho meses hemos atendido un total de 24.823 imputados, concentrándose el mayor número de defensas en delitos de hurto con un 29% de los casos, seguido por el delito de lesiones con un 9,9% y finalmente los delitos de robos violentos con un 8,1%. En un 19,1% de las causas ingresadas en el sector oriente se decretó la prisión preventiva, cifra no menos importante si se considera que se sitúa por sobre la media nacional. Puede destacarse que, del total de las sentencias absolutorias, el 16,8% de estos casos corresponden a imputados que estuvieron sujetos a la medida de prisión preventiva.
Al observar estas cifras podemos aseverar que la mayor tasa de judicialización se concentra a nivel nacional en lo delitos contra la propiedad, y en especial en el hurto. De igual modo las cifras nos demuestran que la prisión preventiva continúa siendo una medida cautelar cuya aplicación no es excepcional sino, por el contrario, su ámbito de aplicación se ha extendido a delitos cuya peligrosidad es discutible.
Todo lo anterior demuestra, indudablemente, que el sistema judicial chileno funciona y da las respuestas a las demandas de justicia de todos, sean estos víctimas o agresores.
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Eduardo Sepulveda Crerar. Defensor Nacional
