No estamos en tiempos de los ejercicios de enlace o cuando la Cámara de Diputados debía vergonzosamente paralizar una investigación sobre el fraude al fisco del hijo de Pinochet porque ello colocaba en riesgo la propia transición. Estamos en otro Chile y por eso ha sido posible que la derecha ganara las elecciones.
Mal ha comenzado el preámbulo de su gobierno el presidente electo Sebastián Piñera. Lanzar una campaña comunicacional que pretende imponer a la oposición una fantasmagórica “política de los acuerdos” y un supuesto “gobierno de unidad nacional” es una demostración que el Presidente electo no ha entendido que terminó el tiempo de las promesas electorales y que su gobierno debe iniciar con un sello de seriedad política, de oferta de diálogo real a la otra mitad del electorado en torno a temas programáticos concretos, y no con gestos de pirotecnia comunicacionales que para todo el mundo tienen el objetivo evidente de intentar dividir y debilitar a la coalición perdedora.
La primera tarea de Sebastián Piñera y de su coalición de derecha es demostrar a los chilenos que después de 50 años de ausencia en el poder, exceptuando el período dictatorial, están en condiciones de gobernar, con el programa y los equipos que le prometieron al país.
[cita]Intentar paralizar a la sociedad civil en sus demandas y en su protagonismo, que fue otro de los resultados de la “política de los acuerdos” de aquellos años, es un grave error, pero además, es algo infructuoso ya que la ciudadanía de hoy no está dispuesta a esperar.[/cita]
Nadie en la oposición democrática, que actuará con seriedad y responsabilidad desde el primer día, se ha planteado negar la sal y el agua a su gobierno, ya que ello sería contrario a los intereses del país. Nadie ha pensado que se pueda ejercer el rol opositor sin la búsqueda de acuerdos con el gobierno en torno a los temas que permitan hacer avanzar reformas que fortalezcan los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores.
Sin embargo, plantear revivir la “política de los acuerdos” que se dio entre un gobierno democrático que recién se instalaba después de 17 años de dictadura y una oposición que respaldó al dictador para que este permaneciera en el poder hasta 1997, implica colocar las agujas del reloj en el pasado y no comprender, con rigor histórico, que este fue un hecho inédito, construido en circunstancias donde el dictador desplazado del poder permanecía como Comandante en Jefe del Ejército como garante armado de que los enclaves autoritarios no serían tocados y que no se investigarían ni los crímenes por violaciones a los derechos humanos ni los numerosos escándalos financieros de los hombres del régimen.
Es en esas condiciones que la “política de los acuerdos” selló un pacto para democratizar el país y modificar la economía solo “en la medida de los posible” y ello, que permitió gobernabilidad y cambios muy graduales significó, a la vez, una transición eterna que en los temas institucionales y laborales aún no termina.
Poner hoy el tema de la “política de los acuerdos”, en un contexto en el cual los gobiernos de la Concertación le han dado a Chile una democracia política sólida, es un mensaje demagógico, retrógrado, y, además, completamente contradictorio para una coalición que prometió el cambio toda vez que esa política supuso avanzar solo en aquellas cosas en las cuales había consenso y sabemos que los chilenos y sus coaliciones políticas tienen diferencias, en temas de fondo, que no pueden ser ocultadas, que deben ser debatidas abiertamente, en el Parlamento y en la sociedad, y en torno a las cuales la voluntad ciudadana deberá dar su palabra.
No estamos en tiempos de los ejercicios de enlace o cuando la Cámara de Diputados debía vergonzosamente paralizar una investigación sobre el fraude al fisco del hijo de Pinochet porque ello colocaba en riesgo la propia transición. Estamos en otro Chile y por eso ha sido posible que la derecha ganara las elecciones ya que la mayoría de los chilenos cree que el país, su economía sus instituciones son sólidas y pueden gobernar quienes hace 20 años fueron parte de un régimen dictatorial que ya pertenece al pasado.
El país quiere que los temas se debatan, que haya más y no menos libertades, no quiere inmovilismo ni tantas razones de Estado, quiere más participación ciudadana. La sociedad chilena no votó por paralizar el país, votó por la preservación de las grandes conquista sociales, de género y de derechos que consagraron los gobiernos de la Concertación pero, mayoritariamente, por la innovación prometida por Piñera.
Ello supone, como en toda democracia moderna, la asunción de roles distintos: unos, la mayoría, gobierna y busca el diálogo con sus contrincantes y otros, la minoría, hace oposición responsable, vive y opera en el parlamento y en la sociedad civil y busca, como lo haremos, defender las conquistas construidas, hacer cumplir lo positivo de lo prometido por Piñera y hacer avanzar una agenda reformadora con la cual el progresismo se comprometió ante los chilenos.
Intentar inhibir ello, intentar paralizar a la sociedad civil en sus demandas y en su protagonismo, que fue otro de los resultados de la “política de los acuerdos” de aquellos años, es un grave error, pero además, es algo infructuoso ya que la ciudadanía de hoy no está dispuesta a esperar y exigirá al gobierno cambios a partir de todo lo logrado.
Por nuestra parte no daremos jamás consenso, ni en el parlamento ni en la sociedad, a ningún tipo de privatización de CODELCO, o a la reducción del salario mínimo, o al cierre de los procesos judiciales por las violaciones a los derechos humanos. Estamos dispuestos a acuerdos para reformar el sistema político y electoral, para que haya una AFP estatal, para que haya más negociación colectiva y sindicalización, para todo lo que signifique avanzar en un Chile más moderno, más justo, mas democrático.
Porque colaborar es posible, el camino de instalación del gobierno de Sebastián Piñera no puede reducirse a un gran gesto de pirotecnia comunicacional, ya que ella queda al desnudo muy fácilmente y es casi un agravio a la inteligencia de los chilenos. No puede ser tampoco el buscar desesperadamente un tránsfuga de la Concertación para ofrecerle un ministerio y demostrar algo que no es, desvalorizando, de paso, a los hombres y mujeres de su propia coalición.
La unidad del país no se construye de esta forma. Se construye con rigor ético y asumiendo cada cual los roles que el electorado nos ha entregado. Nosotros lo haremos como una Concertación que se renueva escuchando las exigencias y las críticas que nos puso el país y con el orgullo de que la Presidenta Michelle Bachelet tenga, a pocas semanas de abandonar el gobierno, el altísimo nivel de aprobación de la inmensa mayoría de los chilenos y, aún más, el cariño de la gente. Ese es un gran patrimonio del progresismo y el Presidente electo no debiera olvidarlo.
