Tal como en otro momento histórico de Chile se invisibilizó a los oponentes políticos haciéndolos exiliar o desaparecer, hoy nuevos terratenientes preferirían no tener que convivir con indígenas cerca.
Hacia mediados del siglo XIX el naciente Estado chileno, con el fin de promover la colonización al sur del Bío Bío promovió un censo de población que dio como resultado que existían no mas de 30 mil indígenas en el territorio comprendido entre el mencionado río Bío Bío y Valdivia, –hoy sabemos que estas cifras fueron al menos inexactas- datos que fomentaron la idea entre la sociedad santiaguina de la época que los terrenos del sur eran baldíos, tierra de nadie, se dijo. Muy pronto comenzó la campaña que culminaría con la “ocupación de La Araucanía” y el genocidio de miles de indígenas. Esto podríamos señalar fue el primer esfuerzo de un gobierno por invisibilizar a los pueblos originarios, lo que sirvió de argumento y fundamento y hasta, quien sabe, tranquilidad moral para invadir un territorio.
Recientemente, un importante medio informativo recoge en su edición dominical el relato –uno más- de un angustiado agricultor de la región de La Araucanía que denuncia con impotencia los reiterados ataques que ha sufrido por parte de “los mapuche”, quienes reivindican para sí las tierras que él declara de su propiedad. Este agricultor de aspecto citadino, señala en su providencial tribuna dominical que habría que tratar a los mapuche como extranjeros –en clara alusión al trato legal que se les da a aquellos extranjeros que cometen delitos en territorio nacional- ya que ellos se autoidentificarían como pertenecientes a la nación mapuche. Probablemente para este agricultor sería una alternativa justa que se deportara a sus vecinos, una solución definitiva a su problemas.
[cita]Tal como en otro momento histórico de Chile se invisibilizó a los oponentes políticos haciéndolos exiliar o desaparecer, hoy nuevos terratenientes preferirían no tener que convivir con indígenas cerca.[/cita]
Más allá de las declaraciones segregacionistas de este personaje y su afán invisibilizador, sea éste consciente o inconsciente, lo novedoso de la crónica no es las tomas de terreno que sufre, sino que más bien y como se encarga de resaltar el matutino, como en su calidad de ex–MAPU este agricultor hace público llamado a aplicar la Ley Antiterrorista a este y otros casos similares. Así, el periódico trata de establecer un paralelo entre aquellos que, habiendo sido parte de un movimiento político que apoyó o promovió el ascenso al poder de Salvador Allende a la Presidencia de la República, hoy también son víctimas de la furia indígena. No hay duda, el movimiento indígena afecta a moros y cristianos.
Es que la “cuestión indígena” -como se le suele llamar a la situación que viven los pueblos indígenas en Chile por quienes toman posición académica cuando la tratan- ha sido bandera de lucha de moros y cristianos a lo largo de la historia de Chile. De izquierda y derecha, prácticamente todos los gobiernos desde la creación del Estado Nación Chileno –dictadura incluida- se han ocupado de legislar “a favor de los indígenas”, para regular todo lo relativo a la posesión, administración y herencia del territorio ancestral. Con momentos más álgidos que otros, como por ejemplo cuando la recuperación de las tierras usurpadas se mezcló con la lucha por la redistribución del capital, o cuando la tierra se transformó en capital del cual había que ser propietario individual. Desde movimientos sociales político-ideológicos, hasta políticas públicas gubernamentales, la tierra ha sido y será el eje central que mueve la discusión en torno a la forma en que el Estado Nación de Chile se relaciona con sus pueblos indígenas. Es que, en ese hecho está la génesis de las naciones y consecuentemente, la génesis de los problemas.
Lo anteriormente dicho, nada novedoso, ha permeado el sistema de relaciones establecidas entre el Estado y los representantes Indígenas –si es que alguna vez lo ha habido con propiedad- todo lo cual ha determinado una estructura legal y normativa con reiteradas reformas y contrarreformas que, por primera vez en la historia de Chile alcanzaron a partir del año 1990, una línea política consecuente. Sustentadas en un claro esfuerzo de restitución de tierras –transferencias directas llamarían los economistas- por parte del Estado de Chile a las comunidades indígenas, las políticas de los gobiernos de la Concertación entendieron que la base para cualquier avance en justicia de derechos colectivos pasaba primeramente por la devolución parcial de las tierras malhabidas.
Ciertamente, a partir del Acuerdo de Nueva Imperial el año 1989, se abrió una nueva etapa en la relación entre indígena y Estado, la que tuvo rápidamente su punto cúlmine en la creación de la CEPI y la posterior dictación de la Ley Indígena 19.253. Así, se abrió una manera de gestionar las políticas públicas de forma participativa, junto a representantes indígenas elegidos democráticamente, quienes tendrían –tienen- la gran tarea de coadministrar junto al gobierno los recursos que el Estado soberanamente dispone para abordar las tareas y problemas que aquejan al mundo indígena. Nunca antes en la historia de Chile los indígenas habían sido tan visibles para el gobierno y la sociedad toda.
Sin embargo a poco andar, el mercado y la presión por asignar eficientemente los recursos pusieron sus ojos nuevamente en tierras indígenas, y la institucionalidad recién creada se puso a prueba. Una vez más, se invisibilizó a los indígenas, quienes debían subsidiar con sus tierras a empresas transnacionales en pos del bien común, y con ello hipotecar sus costumbres y forma de vida. A pesar de que la intención del legislador fue clara, esa claridad no consiguió llegar al ejecutivo, quién vio en sus propias instituciones trabas al desarrollo de Chile, optando por el camino conocido por todos. Se marca así un punto de inflexión que conduciría a un nuevo momento de la relación Estado- Pueblos Indígenas, la cual estaría marcada por el protagonismo de los medios de información masiva, cercanos a los intereses en juego, que presionaron fuertemente por criminalizar el movimiento social indígena. Nueva forma de invisibilización.
Esta etapa marca el fin de la participación indígena efectiva en los gobiernos de la Concertación -sin haber terminado éstos- y comienza desde ese momento a permear la política pública una mirada asistencialista más propia de la derecha chilena, la cual sostiene que la “cuestión indígena” es exclusivamente un tema de pobreza.
Tal como en otro momento histórico de Chile se invisibilizó a los oponentes políticos haciéndolos exiliar o desaparecer, hoy nuevos terratenientes preferirían no tener que convivir con indígenas cerca. Preferirían callar el movimiento social indígena a toda costa, encarcelar a sus líderes, no informar sobre racismo ambiental, no escuchar sus demandas, no indemnizar daños. Se ha consolidado el concepto de enemigo interno, aumentan los presos políticos mapuche, y el actual gobierno prepara unidades especiales en la policía para invisibilizar a este enemigo que, en el ejercicio de su filosofía de vida, atenta contra las bases mismas de la República, la Tierra y la Propiedad Individual.
