Como los siniestros son eventos esporádicos, los actores tienden a cambiar sus prioridades después de acontecida una crisis. Y las prioridades tienen que ver más con políticas visibles en el corto plazo que con cuantiosas inversiones para prevenir situaciones que probablemente ocurrirán en una próxima administración. Ejemplo, en 2007 la ONEMI estimó que se requería un presupuesto de US$ 26 millones. El ministerio del Interior aprobó la idea, pero el sectorialista de Hacienda estimó que eran demasiados recursos y lo redujo a la mitad.
Revisando los testimonios de quienes concurrieron a la comisión de la Cámara que examinó la situación del terremoto, llama la atención la precariedad del sistema de prevención de catástrofes. Un país que se “vende” por su fortaleza institucional, y que, sin embargo, presenta serios déficits.
Basado en esos testimonios, al 27 de febrero la situación era la siguiente: La ONEMI fue creada hace 36 años, en 1974. Hasta el año 2006 contaba con 60 funcionarios, todos en Santiago. Sólo a partir del año 2007, se contrató personal técnico para cubrir regiones. A mayo de 2010, el 53% de las oficinas regionales no contaba con equipos de telecomunicaciones propios. En cerca del 50% de estas oficinas no se cuenta con turno 24/7.
El presupuesto de dicha repartición se mantuvo inalterado por prácticamente 32 años, aunque entre 2006 y 2009 aumentó en un 600%, lo que permitió tener oficinas en regiones por primera vez en su historia. Un dato ilustrativo: el edificio que alberga las oficinas de la ONEMI data de 1920. El 50% de sus instalaciones se destruyó en el terremoto de 1985 y nunca fue reparado. Al momento del sismo, en el país existían solo 3 camionetas móviles con capacidad de comunicarse con la ONEMI vía satelital… todas en Santiago.
Respecto del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, éste funciona en días hábiles, de lunes a viernes de 9 a 18hrs. Cierra fines de semana y festivos. En cuanto a la edificación en zonas de peligro, existen áreas definidas como de “inundación”. Nadie se explica por qué los municipios permiten la existencia de construcciones en dichas zonas de alto riesgo. En los testimonios de quienes concurrieron a la Cámara también se hicieron evidentes los problemas de coordinación entre las FF.AA. y ONEMI y problemas de comunicación interna de las propias instituciones castrenses.
[cita] ¿Es más responsable una funcionaria de la ONEMI que buscaba año a año incrementar su presupuesto o los parlamentarios que no cumplieron su función de fiscalizar estos temas?[/cita]
Podríamos seguir relatando ejemplos. La pregunta es ¿por qué sucedía esto? ¿Qué explica que un país que tiene actividad sísmica permanente y que cuenta con recursos, no desarrolló un sistema de prevención adecuado?
Aventuro tres razones. La primera tiene que ver con inercias burocráticas. Por ejemplo, en el año 2007 el gobierno decidió comprar una red de sismógrafos de última generación. Desde que se tomó la decisión y autorizó el presupuesto para tales efectos, han pasado 3 años y aún no se pueden adquirir los aparatos por razones administrativas. Se tenían los recursos, pero problemas de gestión burocrática impedían un resultado favorable.
La segunda interpretación tiene que ver con una visión cortoplacista predominante en los tomadores de decisión. Como los siniestros son eventos esporádicos, los actores tienden a cambiar sus prioridades después de acontecida una crisis. Y las prioridades tienen que ver más con políticas visibles en el corto plazo que con cuantiosas inversiones para prevenir situaciones que probablemente ocurrirán en una próxima administración. Ejemplo, en 2007 la ONEMI estimó que se requería un presupuesto de US$ 26 millones. El ministerio del Interior aprobó la idea, pero el sectorialista de Hacienda estimó que eran demasiados recursos y lo redujo a la mitad.
Una tercera explicación es que, por lo general, este tipo de eventos sucede fuera de la capital. Pese a que en la última década se produjeron dos siniestros en el país (lejos de Santiago) aquello no fue suficiente para incentivar cambios profundos en la institucionalidad.
En este escenario me pregunto: ¿Es más responsable una Presidenta que durante su gobierno incrementó sustantivamente el presupuesto de la ONEMI, o un sectorialista de Hacienda que rechazó un alza? ¿Es más responsable una funcionaria de la ONEMI que buscaba año a año incrementar su presupuesto o los parlamentarios que no cumplieron su función de fiscalizar estos temas? ¿Quién levanta la voz criticando los permisos municipales por la construcción en zonas de inundación?
Tiendo a pensar que la cadena de responsabilidades va mucho más allá que la directora de la ONEMI o la propia Presidenta. Por eso, un buen resultado de la Comisión investigadora sería tomar decisiones trascendentes: regular los permisos de construcción en zonas de riesgo, financiar a la ONEMI, mejorar sus instalaciones, invertir en comunicaciones, promover cursos de prevención. Suma y sigue. El problema es que las inercias burocráticas resisten los más serios terremotos. El desafío es, entonces, romper con dichas inercias.
