En contraste con la política normativa recomendada por la CCTP para las empresas (EEI’s), nuestra propuesta recomienda el establecimiento de mínimos de EE, incentivos y subsidios que favorezcan a la empresa mediana y pequeña, así como a los usuarios residenciales que adopten tecnologías y políticas de gestión energéticamente eficientes.
El documento “Estrategia Nacional de Energía 2012-2030” difundido por el gobierno actual, incorpora, en el ámbito de la eficiencia energética (EE), aparentes convergencias con la propuesta que la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) presentó al país en noviembre pasado y que conviene aclarar.
Si bien el documento presidencial destaca la importancia de la EE en la política energética, la meta a alcanzar y la decisión de darle la condición de una política de Estado, no queda claro el contenido de la misma ni la institucionalidad prevista para su aplicación.
Como expertos y ciudadanos no podemos estar más de acuerdo con estas declaraciones de principio, pero nuestra discrepancia se origina en la forma propuesta para alcanzar las metas planteadas (del orden de 12% en el período 2012-2020), la institucionalidad requerida y los programas que aseguran el cumplimiento de esas metas.
Aunque ésta incluye medidas formalmente similares a las de la CCTP, detrás de la estrategia gubernamental se encuentra la presunción de que en esta área el mercado funciona perfectamente y que no se requiere una intervención mayor del Estado, ignorando de plano las barreras que impiden su pleno funcionamiento. Peor aún, el gobierno actual ha reducido dramáticamente los recursos de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), pasando de $30.000 millones en el presupuesto 2010 a algo más de $3.000 millones para el 2012, conjuntamente con prescindir del personal calificado y con más experiencia que la integraba.
[cita]En contraste con la política normativa recomendada por la CCTP para las empresas (EEI’s), nuestra propuesta recomienda el establecimiento de mínimos de EE, incentivos y subsidios que favorezcan a la empresa mediana y pequeña, así como a los usuarios residenciales que adopten tecnologías y políticas de gestión energéticamente eficientes.[/cita]
Nuestra propuesta, en cambio, enfatiza la necesidad de una institucionalidad robusta que dé soporte y sustentabilidad a los programas diseñados para lograr las metas globales y sectoriales, siendo la meta global la misma especificada en el documento del gobierno.
En primer lugar, la CCTP propone dictar de una ley que establezca la EE como una política de Estado y no de gobierno. Dicha ley deberá definir como mínimo: alcance, sectores considerados, roles y responsabilidad de los actores involucrados, obligaciones para las empresas que concentran el consumo de energía y esquemas de financiamiento de instituciones y programas.
Otro pilar central de la política de EE es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la que según la CCTP debe tener el estatuto legal de institución pública y no pública-privada, para eliminar las distorsiones que se han manifestado desde su creación. Además debe ser operativamente autónoma y tener un financiamiento independiente de la coyuntura económica, política o de otro orden, y contar con un mandato legislativo que le permita desarrollar, implementar y evaluar programas para los principales sectores consumidores.
La CCTP estima indispensable un presupuesto promedio anual US$ 90 millones para llevar a cabo los programas de EE especificados en el Plan Nacional de Acción diseñado por el gobierno anterior e incluido en la estrategia energética del Presidente Piñera. Esto se traducirá en ahorros anuales, para los distintos usuarios, del orden de US$ 950 millones, a los que se agregan elementos positivos como una menor emisión de contaminantes, más y mejores empleos, el desarrollo de nuevas actividades económicas y una reducción significativa de la huella de carbono de los principales productos de exportación, lo que contribuirá a mejorar la competitividad país.
Sin entrar en mayores detalles respecto de las medidas propuestas y que se traducen en un conjunto de programas específicos que afectan a los distintos sectores usuarios, la CCTP recomendó, en relación a las empresas que concentran el consumo de energía, denominadas energo-intensivas (o EEI’s) como las mineras y las empresas definidas como Gran Industria, que la ley de EE establezca normativas estrictas a cumplir, entre otras: la institucionalidad que deberán darse las empresas para gestionar la energía, metas de reducción del consumo, preparación de planes de mediano y largo plazo, y certificación de acuerdo a la norma ISO 50.001.
Por último, en contraste con la política normativa recomendada por la CCTP para las empresas (EEI’s), nuestra propuesta recomienda el establecimiento de mínimos de EE, incentivos y subsidios que favorezcan a la empresa mediana y pequeña, así como a los usuarios residenciales que adopten tecnologías y políticas de gestión energéticamente eficientes.
Esperamos que el gobierno recoja las recomendaciones de nuestra Comisión y aplique realmente el plan estratégico destinado a materializar los significativos potenciales de eficiencia energética detectados en el caso de Chile y que se adopte el Plan Nacional de Acción de EE diseñado por el gobierno anterior y aprobado por la administración actual durante el 2010, él que detalla los programas detallados a aplicar en cada sector, sus costos y beneficios, los actores e instituciones responsables de la promoción, implementación, ejecución, control y evaluación. De otro modo, la EE pasará a ser otro estudio que duerme en un cajón ministerial, sin proyección ni continuidad, mientras el país sufre las consecuencias de la incapacidad manifiesta para actuar en un área crítica de la política energética.
