Señor Director:
En vísperas del “Día del Niño” se anuncia el envío de un proyecto de ley para dividir el actual Servicio Nacional de Menores en dos servicios distintos: un Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente.
El día del niño se celebra a nivel internacional y tiene por objeto reforzar el compromiso de las sociedades en el respeto y promoción de los derechos de niños y niñas. En nuestro país, esta fecha se ha convertido en una especie de fin en sí mismo donde se festeja más bien la existencia de una masiva industria de productos y consumos especializados en la infancia y bastante poco se reflexiona acerca de los deberes de la comunidad y el Estado en relación a este sector de los derechos humanos.
Si bien en principio parece razonable diferenciar las formas de intervención ante supuestos tan distintos como el ámbito proteccional del infraccional, materias que en el modelo del “Derecho de Menores” son intencionadamente confundidas, una mera división del viejo Servicio en dos no resulta para nada satisfactoria desde la perspectiva de la necesidad de crear un Sistema Integral de protección de derechos de la infancia. Una iniciativa así de seria requiere por lo menos de una Ley de Protección de Derechos infanto-adolescentes (que de paso derogue la anticuada y polémica “Ley de Menores”), la creación de un Defensor de la Niñez, e idealmente de una Reforma Constitucional que consagre explícitamente los deberes de la sociedad y el Estado en aras de la primacía del principio del interés superior del niño.
El modelo de las reformas parciales ha sido el adoptado entre 1990, y la modestia de sus efectos salta a la vista. Adicionalmente, no se logra por esta vía reforzar la condición de sujetos de derecho que hoy en día deben tener todos los niños, niñas y adolescentes, sino que la mirada sigue centrada de manera paternalista y autoritaria en los “menores” entendidos como un sector de la infancia que presenta algún tipo de “irregularidad” a la que se pretende hacer frente con criterios de emergencia.
Sin una perspectiva integral, medidas aisladas tendientes a remediar aspectos parciales del modelo existente quedarán siempre por debajo no sólo de nuestras expectativas sino que del marco de compromisos adoptados por el Estado de Chile en 1990 al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
