Algunos actores han planteado críticas al timing de las reformas, al sostener que primero debió plantearse el cambio estructural de la Constitución y luego otras reformas, porque al hacer las reformas primero se deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.
La inauguración del segundo Gobierno de Michelle Bachelet combinó altas expectativas y cuotas relevantes de incertidumbre. Dentro de los tres cambios estructurales, el Gobierno se comprometió a establecer una nueva Constitución, nacida de un proceso democrático, institucional y participativo.
En este segundo período, la coalición de Gobierno asumía el desafío de redefinir ciertos aspectos esenciales de la carta de derechos y del sistema político propiamente tal.
Pero ello se acompañó de cierto nivel de incertidumbre y, por lo tanto, no se han definido con claridad ni los pasos ni el itinerario que se seguirán para alcanzar la meta. Los anuncios han sido algo difusos. Se habló en un primer momento que se enviaría un proyecto de reforma total al Congreso en el segundo semestre de 2014. Luego se postergó la discusión para el año 2015, por la recargada agenda que ha enfrentado la actual administración en sus primeros meses. Pero las autoridades han reiterado que sí o sí el debate se iniciará el próximo año.
[cita]Algunos actores han planteado críticas al timing de las reformas, al sostener que primero debió plantearse el cambio estructural de la Constitución y luego otras reformas, porque al hacer las reformas primero se deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.[/cita]
El establecimiento de una nueva Constitución se transformó en uno de los tres ejes prioritarios del programa de Gobierno, ya que el actual texto está sustentado en la desconfianza a la soberanía popular, lo que requería un cambio significativo al establecer estándares democráticos donde el respeto a las mayorías fuese coherente con las reglas que se establecen en el sistema democrático.
Algunos de los aspectos que llamaron la atención de la propuesta en el campo de los derechos fueron la promoción de una ley de acción positiva para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres; establecer una norma que limite la concentración de propiedad de los medios de comunicación social; consagración de derecho al trabajo, a una remuneración equitativa y protección de las organizaciones sindicales; reconocimiento del derecho a la identidad sexual; la necesidad de delimitar de mejor modo la función social del derecho a la propiedad privada; el reconocimiento del dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico; la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público; el establecimiento de una ley para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular entre hombres y mujeres; el reconocimiento de Chile como una nación pluricultural; la consagración del Estado social y democrático de derecho para asegurar mínimos de igualdad social para el disfrute colectivo de tales derechos.
Desde el punto de vista de los deberes, se propone avanzar en una concepción que supere la visión individualista de la vida en sociedad y que establezca deberes relativos a la vida pacífica, el respeto de derechos, la contribución a una sociedad solidaria, y el cumplimiento de las cargas reales y personales que establezca la ley.
Finalmente, en relación a la estructura del sistema político, se convoca al establecimiento de una república democrática que combine elementos de representación y participación en forma equilibrada, proponiéndose, entre otros aspectos, el establecimiento y el reconocimiento a una serie de derechos sociales, políticos, de género, la reforma a la Justicia Militar; el reordenamiento de atribuciones del Tribunal Constitucional y el cambio en el sistema de elección de sus integrantes; la creación de una Defensoría Ciudadana; y el establecimiento de referéndum para dirimir conflictos entre poderes al realizar reformas constitucionales o bien aprobar enmiendas a la Constitución.
El programa delineado estableció tres condiciones para la elaboración de esta nueva Constitución como son un proceso democrático, institucional y participativo.
Democrático en el sentido que se escucharían todos los puntos de vista y se respetarían los derechos de todos los sectores.
Institucional, en la perspectiva que tanto la Presidencia de la República como el Congreso deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.
Y, finalmente, participativo, esto es, que la ciudadanía debía participar activamente en la discusión y aprobación de la nueva Constitución. El debate de forma y fondo (qué aspectos modificar y cómo avanzar) se explicitaban así en las definiciones programáticas de este nuevo Gobierno.
Como dijimos, la idea que inspira la propuesta programática se sustenta en la visión compartida por las fuerzas de la Nueva Mayoría, de que los nuevos tiempos políticos requieren de ajustes significativos en la estructura del sistema político.
En esta visión es la arquitectura constitucional la que limita la voluntad popular, lo que a su vez estaría generando una deslegitimación del sistema político, el freno al desarrollo económico y afectaría su gobernabilidad. Otro sector (de centro) considera el gradualismo no ya como estrategia sino como un fin en sí mismo de la política. Se sostiene que ya el país vivió momentos traumáticos que nos dividieron por intentos refundacionales.
Para la Alianza y el mundo empresarial organizado, en cambio, la lógica argumentativa es la opuesta. En un contexto de reformas profundas como educación y estructura tributaria, la sola idea de debatir una nueva Constitución afectaría profundamente la gobernabilidad del país. En este caso, se sostiene que es la actual arquitectura constitucional la que ha dado garantías de estabilidad en los últimos 25 años, por lo que aventurarse en una transformación radical afectaría precisamente el desarrollo económico y la gobernabilidad del país. En este caso, la actual normativa es fuente de estabilidad.
La forma en que se implementaría esta propuesta de nueva Constitución ha sido parte sustancial del debate. Qué cambiar es tan importante como quiénes serán los encargados de hacerlo y cómo se hará. Esto refleja una diferencia importante respecto del objetivo que se quiere alcanzar y de ahí que no todos los caminos conducirían a la misma Roma.
Desde el punto de vista del mundo político, quienes se han mostrado favorables a realizar transformaciones constitucionales se han organizado en torno a tres posturas. En primer lugar, estarían quienes quieren reformas graduales donde destacan dos impedimentos, el primero de los cuales es la falta de una legislación que establezca esta opción y la imposibilidad de aprobar un proyecto en el Congreso que abra la opción de una Asamblea Constituyente por el quórum requerido para ello en el Congreso Nacional. Por lo tanto, la única posibilidad que existiría sería que el Ejecutivo definiese un texto que fuese sometido a una consulta no vinculante a la ciudadanía, seguido de la aprobación formal de una reforma total a la Constitución por parte del Congreso Nacional y la ratificación en un plebiscito vinculante de la propuesta definitiva.
La segunda postura es establecer una Asamblea Constituyente como condición para el establecimiento de una Nueva Constitución. Su línea argumentativa incluye tres aspectos: primero, la necesidad de que en la definición de las reglas del juego se exprese la voluntad popular; segundo, que no parece apropiado que los mismos que definen las reglas del juego sean quienes después se van a regir por aquellas reglas del juego que establecen; y tercero, que el ejercicio de un proceso constituyente por la vía de una asamblea dotará de legitimidad al proceso en su conjunto.
Además de los movimientos sociales que desde hace ya varios años han propiciado una Asamblea Constituyente, se sumó una bancada parlamentaria por una Asamblea Constituyente que en junio de este año emitió un manifiesto indicando su compromiso de promoverla.
Bachelet ante el Congreso ratificó que la Nueva Constitución era parte de su compromiso de Gobierno para el período y que era un proyecto en que se avanzaría en el año 2015.
Algunos actores han planteado críticas al timing de las reformas, al sostener que primero debió plantearse el cambio estructural de la Constitución y luego otras reformas, porque al hacer las reformas primero se deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.
Aunque gran parte de los actores políticos de la Nueva Mayoría han indicado participar del compromiso programático de tener una Nueva Constitución, existen significativas diferencias respecto del mecanismo y sentido de lo que se espera para una nueva Carta Fundamental.
Un primer camino se inicia con un acuerdo con la oposición, correspondiéndoles a los congresistas abrirle las puertas a la ciudadanía y el producto de esta negociación tendría que ser plebiscitado, por lo que se requeriría de una reforma constitucional para tales efectos.
Un segundo camino se inicia en el Poder Ejecutivo, que tendría que elaborar un borrador de texto constitucional, donde eventualmente se incorporaría algún tipo de mecanismo de participación ciudadana para ampliar la legitimidad del mismo. El texto acordado, pasaría a la ratificación del Congreso Nacional y a la ratificación final por parte de la ciudadanía en un plebiscito. Esta es la vía menos clara hasta la fecha, toda vez que desde el Gobierno no han definido la instancia ni el itinerario que se establecerá.
Un tercer camino, defendido por otros actores, es la opción de una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, la propuesta más concreta es la idea de propiciar una reforma constitucional habilitando la convocatoria a plebiscito por parte de la Presidenta de la República, lo que requeriría 3/5 de ambas cámaras para su aprobación. Este camino apuesta por la desvinculación entre el proceso constituyente (vía Asamblea) de quienes hoy detentan el poder.
Insistimos, las tres vías señaladas no conducen a la misma Roma. La primera opción claramente sería la más conservadora, dado que cualquier acuerdo implicaría una negociación con las fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso. La segunda opción podría implicar mayores márgenes de avance, pero dependerá mucho de la forma en que se despliegue el proceso de participación no vinculante para legitimar los acuerdos alcanzados.
La tercera opción es la que garantiza mayores niveles de legitimidad social pero, evidentemente, plantea más incertidumbre para la elite en el poder respecto del resultado, pues habría que esperar ver la composición de lo que sería una Asamblea Constituyente.
El panorama político de fines de 2014 encontrará a Chile con un nuevo marco tributario, un nuevo sistema electoral que comenzará a operar en el año 2018, y ciertos avances en materia de reforma de educación. La definición del camino que se tomará para llegar a Roma dependerá de la decisión política del Gobierno. Y será en el año 2015 cuando comenzaremos a vislumbrar a cuál Roma habremos de llegar.
