La elite chilena conservadora del siglo XIX constituyó Chile pensando desde el portón de sus haciendas. En efecto, desde el portón de la hacienda hacia fuera, consideraron necesario establecer una autoridad tan poderosa (un cuasirrey) que fuera capaz de imponer (con brutalidad si fuere necesario) el orden y la seguridad en la vía pública. Pocos, si es que prácticamente ninguno, fueron los derechos y garantías que las personas podían oponer al ejercicio del poder.
Sin embargo, la elite decimonónica estando consciente del peligro de un poder que pudiera amenazar sus privilegios, consideró necesario someter a este cuasirrey al Derecho. El interesado “amor por el Derecho” de la elite chilena, surgió junto con la preocupación de resguardar el contenido de lo que se encontraba desde el portón de sus haciendas hacia adentro. Su mayor preocupación era instaurar un derecho de propiedad tan inviolable que les permitiera a sus titulares hacer lo que quisieran con todo y todas las personas que se encontrarán dentro de ella. Asimismo, era necesario que el poderoso cuasirrey reconociera que su autoridad encontraba en el portón de la hacienda un límite infranqueable.
Lamentablemente, poco ha cambiado hasta el momento y la agenda corta antidelincuencia es prueba de ello. Pese a la fuerte oposición de calificadas organizaciones especializadas de DD.HH., la medida conocida como la “detención por sospecha” fue aprobada por el Senado.
En un Estado democrático de Derecho, corresponde al Congreso determinar la forma de equilibrar valores tradicionalmente antagónicos, tales como el orden público, por un lado, y la libertad individual, por el otro. De ellos se espera que los representantes de todos los sectores de la sociedad deliberen intentando resolver problemas públicos, teniendo siempre en cuenta los estándares mínimos que legitiman el actuar de un Estado: esto es, evitar la instrumentalización de las personas mediante el respeto a sus derechos y libertades fundamentales.
[cita tipo=»destaque»]La opción de recurrir al Tribunal Constitucional no debe entenderse como la legitimación de una institución cuestionada. Aquí no estamos intentando proteger una norma impuesta en dictadura para garantizar inmunidades que eximen a una elite del escrutinio democrático. Muy por el contrario, estamos defendiendo principios, que no solamente se encuentran reconocidos en esta Constitución sino que además son ampliamente reconocidos por el Derecho internacional de los DDHH.[/cita]
Dichos estándares, que por lo demás se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales de DD.HH., constituyen parte de los consensos mínimos civilizatorios. Entre ellos destacan criterios tan básicos como que la determinación de las causas por las cuales una persona puede ser detenida se encuentren en la ley, que el medio adoptado sea idóneo para alcanzar el objetivo propuesto y que los entes encargados de restringir libertades lo hagan de una manera fundada e imparcial, además de garantizar siempre la revisión judicial. Creemos que este proyecto de ley no cumple con ninguna de esas medidas, por lo tanto, lo impugnaremos ante el Tribunal Constitucional.
La opción de recurrir al Tribunal Constitucional no debe entenderse como la legitimación de una institución cuestionada. Aquí no estamos intentando proteger una norma impuesta en dictadura para garantizar inmunidades que eximen a una elite del escrutinio democrático. Muy por el contrario, estamos defendiendo principios, que no solamente se encuentran reconocidos en esta Constitución sino que además son ampliamente reconocidos por el Derecho internacional de los DDHH. No creemos que sea necesario esperar a la elaboración de una nueva Constitución hecha en democracia –aun que la creemos urgente– para defender en todas las instancias que corresponda principios tales como la libertad personal y la interdicción de la arbitrariedad policial, respecto de los cuales no existe nadie que seriamente plantee excluirlos de nuestra futura Carta Magna.
Los liberales del siglo XIX se alzaron para defender las libertades y limitar el poder absoluto del Ejecutivo de la época; los liberales del siglo XXI continuaremos con esta causa.
