“En una clara mañana de septiembre de 1976, Orlando Letelier, un influyente ex embajador chileno en Estados Unidos, yacía muerto y mutilado en Sheridan Circle, en la Embassy Row de Washington, después de que una bomba a control remoto hiciera volar en pedazos el automóvil en que viajaba”.
De esta forma comienza John Dinges su libro Operación Cóndor, una de las investigaciones más completas sobre el terrorismo internacional que idearon los dictadores latinoamericanos en la década del 70 para eliminar a sus opositores que se encontraban fuera de sus fronteras.
A pesar de que este atentado significó el primer acto terrorista en tierras norteamericanas antes del 11 de septiembre de 2001, para muchos chilenos no es más que otro “punto negro” de la dictadura militar y que no empaña para nada la loable cruzada del general Pinochet para salvar a Chile del cáncer marxista.
Todos aquellos que prefieren “no abrir las heridas del pasado” y creer que es algo que ocurrió hace tanto tiempo, que no tiene relación con el Chile de hoy, la verdad es que sí tiene conexión con los problemas actuales y es de gran ayuda para entender que lo que ocurrió hace 40 años, de cierta forma configuró el Chile que conocemos actualmente.
El atentado contra Letelier, quien en ese entonces era un destacado e influyente personaje de la política internacional, significó el inicio del fin del apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Pinochet. Tanto así que el dictador tuvo que disolver la DINA, como una forma de evitar que Manuel Contreras se convirtiera en el trofeo de guerra que Estados Unidos estaba pidiendo vía la extradición.
Pero ¿qué tiene que ver el atentado a Letelier con las AFP y el modelo económico que impera hoy en Chile?
Esta “monetización de la vida y privatización de lo social”, como acuñó el periodista económico Carlos Tromben, tiene, en parte, sus inicios en la bomba que hizo detonar Michael Townley en el auto de Letelier, y aunque el ex embajador y quien lo mandó a matar estén muertos, las bases del Chile actual (económico y social) se comenzaron a cimentar hace más de 40 años, con el primer acto terrorista en suelo estadounidense.
El atentado en Sheridan Circle fue el detonante para que la administración de Jimmy Carter impusiera sanciones a la dictadura chilena. Desde Washington hubo expresa prohibición de venta de armas y nuevos préstamos de organismos financieros. Representantes internacionales se opusieron sistemáticamente a nuevos préstamos a Chile cada vez que tales créditos se decidían por votación.
En 1979, después de que la Corte Suprema de Chile se negó a la extradición de algunos de los implicados en el asesinato de Letelier (entre ellos Contreras), la administración de Carter tomó medidas adicionales. Una de ellas fue la reducción en un 25% del personal diplomático norteamericano en Santiago. Además, los nuevos préstamos del Eximbank (Agencia de créditos para exportaciones de los Estados Unidos) y las garantías de la OPIC (Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero de Estados Unidos) fueron expresamente prohibidos.
Aunque Chile fue el primer país en adoptar los principios económicos de Milton Friedman (incluso antes que Estados Unidos y Gran Bretaña), la crisis económica de principios de los 80 puso en duda el “milagro económico chileno” ante los ojos del mundo. El único argumento que ayudaba a Chile a que la comunidad internacional pasara por alto las violaciones a los derechos humanos, estaba tambaleando.
[cita tipo=»destaque»]Tras quitarles poder a los sindicatos, el siguiente movimiento de Piñera fue la privatización del sistema de seguridad social, como una forma de conseguir dineros frescos para la economía interna. Fue así como nacieron las AFP, sistema que tenía como principio no precisamente administrar y hacer crecer las pensiones de los chilenos, sino que convertirse en una enorme piscina (como la del ‘Tío Rico’) desde donde poder sacar recursos para invertir en la empresa privada.[/cita]
A fines del 70, el “caso Letelier” acosaba internacionalmente a la dictadura de Pinochet. Esto se sumó a la irrupción del “Grupo de los Diez”, dirigentes sindicales antiallendistas que se pasaron a la oposición, quienes promovieron un boicot internacional en contra de Pinochet en conjunto con las centrales sindicales norteamericanas.
Es en este escenario en que Pinochet designa, en enero de 1979, a José Piñera como nuevo ministro del Trabajo, quien tenía la misión de debilitar el movimiento sindical para detener el boicot y crear una nueva institucionalidad laboral. Es así como Piñera da origen al Plan Laboral, el cual tenía como pilares fundamentales la despolitización de los sindicatos, negociación colectiva reducida al espacio de la empresa y reducción del derecho a huelga (los que se mantienen hasta hoy).
Tras quitarles poder a los sindicatos, el siguiente movimiento de Piñera fue la privatización del sistema de seguridad social, como una forma de conseguir dineros frescos para la economía interna. Fue así como nacieron las AFP, sistema que tenía como principio no precisamente administrar y hacer crecer las pensiones de los chilenos, sino que convertirse en una enorme piscina (como la del ‘Tío Rico’) desde donde poder sacar recursos para invertir en la empresa privada. De esta forma, la seguridad social deja de ser un instrumento para redistribuir ingresos y pasa a transformarse en una maquinaria cuyas motivaciones son simplemente hacer negocios para una elite con los recursos de todos los chilenos.
“Tanto en el modelo de relaciones laborales como el sistema de pensiones, están orientados no a suplir el objetivo de un sistema de pensiones o de relaciones laborales, sino a proveer recursos a las grandes empresas”, dijo hace un par de años Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol.
Y esa misma visión es la que se ve reflejada en las últimas declaraciones de José Piñera, quien llegó al país para defender el sistema de pensiones.
«Les aseguro que expropiar los fondos de pensiones (USD $160.000 millones) de 10 millones de trabajadores sería una bomba atómica contra el modelo económico y la paz social”.
En las propias palabras de Piñera se puede leer que los miles de millones de dólares que provienen de los trabajadores tienen como objetivo principal sostener el modelo económico y no (como ingenuamente se cree) asegurar una jubilación digna a los trabajadores chilenos que imponen mes a mes. Tuvieron que pasar 30 años (la primera generación de pensionados en el nuevo sistema) para que su ideólogo corriera a confesar (sin querer) que las AFP son en realidad una gran bolsa de dinero en donde los empresarios sacan billetes para jugar al Monopoly.
