viernes, 19 de agosto de 2022 Actualizado a las 01:48

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Mejor trabajo hasta que mis hijos me mantengan: para entender la crisis de las AFP

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En meses recientes el mundo entero ha observado con curiosidad las imágenes de cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños manifestándose en las principales ciudades de Chile frente a un sistema de pensiones que parece estar cayéndose a pedazos. Después de alrededor de 20 años de democracia con una ciudadanía que guardó silencio frente a las herencias que dejó la dictadura militar, en los últimos 5 años ya son muchas las manifestaciones multitudinarias que han repletado las calles reclamando por los derechos sociales que fueron extirpados en el marco de las denominadas reformas estructurales de los años 80.

En los años 90, Chile mostró importantes avances en materia económica y social, presentando un notable incremento del nivel de ingresos, una sostenida y marcada disminución de la pobreza, altas coberturas en salud e incluso una de las mayores coberturas de pensiones dentro de América Latina. Sin embargo, las masivas manifestaciones revelan el creciente malestar de una ciudadanía que exige que el Gobierno tome acciones frente a la evidente desprotección que amenaza su vejez.

En 1981 Chile fue instauró una reforma de pensiones sin precedentes en el mundo, pasando de un modelo de reparto a un modelo de contribuciones obligatorias a un sistema privado de cuentas individuales. En pocas palabras, la reforma de 1981 estableció: contribuciones obligatorias de los trabajadores (10% de su salario), exención del aporte de los empleadores, acumulación de los ahorros en cuentas individuales, administración de los fondos por instituciones privadas con fines de lucro (AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones), las cuales invertirían los ahorros a fin de generar rentabilidad, y el pago de comisiones de administración por parte de los trabajadores a las AFP.

El nuevo sistema prometía entregar tasas de reemplazo (% del salario que se recibirá como pensión) de al menos 70% y sobrellevar de manera eficaz las dificultades asociadas a la rápida transición demográfica (envejecimiento de la población). Chile se transformó así en un referente de las nuevas tendencias en las políticas de protección social, siendo posteriormente imitado total o parcialmente por varios países en las distintas regiones del mundo.

El deficiente desempeño del sistema de AFP, sumado a la inexistencia de un programa substancial de reformas definidas por parte del Gobierno, han despertado la crítica ciudadana respecto a la individualización de los riesgos y la mercantilización de los aspectos más fundamentales del bienestar.

A comienzos de los años 2000, el sistema de AFP daba evidencias de serias dificultades tanto para proveer montos de pensiones mínimos de subsistencia, como para extender la cobertura a un mayor porcentaje de la población. Por ello, en 2008 se implementó una serie de reformas sobre la base de las propuestas elaboradas por el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional del año 2006 –conocida como Comisión Marcel–.

En términos de beneficios directos, estas reformas estuvieron principalmente enfocadas en: 1) Incrementar la cobertura por medio del establecimiento de un piso mínimo para la mitigación de la pobreza (pensión básica) y de la obligatoriedad gradual de contribuciones de los trabajadores independientes; y 2) reducir las brechas de género. Sin embargo, los pilares fundamentales del Sistema de AFP no fueron alterados.

Como las dificultades continuaron, el año 2014 se conformó un nuevo consejo asesor, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones –conocida como Comisión Bravo–, la cual presentó su informe final a la Presidenta Bachelet en septiembre de 2015. Sin embargo, en esta oportunidad la Comisión no logró llegar a una propuesta única para resolver los problemas que aquejan al actual sistema previsional, lo cual ha estimulado el cuestionamiento e incertidumbre de los ciudadanos frente a lo que les espera una vez que terminen su vida laboral. Por último, recientemente la Presidenta Michelle Bachelet anunció el fortalecimiento del pilar solidario en un plazo de máximo de 10 años, a través del aumento de un 5% de las cotizaciones con cargo al empleador.

Entender qué está ocurriendo con las pensiones en Chile después de 35 años del nuevo modelo, no solo es una necesidad para este país o para aquellos que han imitado el modelo, sino un asunto de relevancia para el mundo entero. El análisis del caso chileno, como país pionero en este modelo, atrae el interés mundial, puesto que por primera vez es posible contar con evidencia sobre los resultados de las reformas privatizadoras de la seguridad social y el bienestar. A continuación se muestran algunos datos clave.

Chile evidencia uno de los porcentajes más altos de cobertura de pensiones en América Latina. En 2013, 84.5% de las personas de 65 años o más recibían algún tipo de pensión. Además, desde el año 2006 ha habido un incremento significativo en la cobertura, relacionado con la introducción de la “Pensión Básica Solidaria” producto de las reformas aplicadas en 2008, lo cual ha beneficiado especialmente a un gran número de mujeres que hasta ese momento no cumplían con los requisitos mínimos para recibir una pensión.

Sin lugar a dudas, el aspecto más crítico del actual sistema es aquel relacionado con el monto de las pensiones recibidas (en la actualidad y proyectado en las próximas décadas). De hecho, de acuerdo a los datos de la Comisión Bravo, la mediana de las pensiones autofinanciadas entre 2007 y 2014 fue de $37.667, ascendiendo a $82.650 al ser complementadas con el aporte solidario (APS). En 2014, el 80% de las pensiones de vejez otorgadas por el Sistema de AFP fueron menores que el ingreso mínimo, y el 60% estaba por debajo de la línea de la pobreza (esta cifra se reducía a 50% con el complemento del fondo solidario), siendo esta una situación más frecuente entre las mujeres.

En estrecho vínculo con el punto anterior, otro aspecto crítico son las exiguas tasas de reemplazo alcanzadas por el actual sistema. La mediana de tasa de reemplazo, es decir, la cifra por debajo de la que se encuentra el 50% de la población, está muy lejos del 70% vaticinado en 1981, especialmente para las mujeres. Además, las proyecciones sugieren que, si el sistema no cambia, la situación será peor en los próximos años.



Este es el actual escenario que las personas enfrentan en Chile. Todo parece indicar que el Sistema de AFP no funcionó como se había prometido y que, de no producirse un cambio substancial, los habitantes de nuestro país continuarán necesitando ser mantenidos por sus familias para sobrevivir la jubilación.

El sistema de AFP carece de legitimidad y es cada vez más criticado por la ciudadanía. En una encuesta encargada por la Comisión Bravo:

  • 72% de las personas considera que “Solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”
  • 66% considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”
  • 60% está muy en desacuerdo con la expresión “Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión”

El deficiente desempeño del sistema de AFP, sumado a la inexistencia de un programa substancial de reformas definidas por parte del Gobierno, han despertado la crítica ciudadana respecto a la individualización de los riesgos y la mercantilización de los aspectos más fundamentales del bienestar.

En las actuales condiciones es creciente el llamado, que esta vez no nace desde las elites políticas sino desde los ciudadanos, a generar un nuevo pacto social orientado a la colectivización de los riesgos, la recuperación de los bienes públicos y la reemergencia de un sistema de bienestar basado en el principio de derechos sociales.

Los ciudadanos ya no quieren depender de las reglas del mercado para alcanzar los aspectos más básicos de su bienestar, así como tampoco seguir dependiendo del apoyo familiar como alternativa obligatoria. Movilizaciones como las del pasado 4 de noviembre, convocadas por los ciudadanos, son para pedir una sociedad que valore su trabajo y lo retribuya con el derecho garantizado de una vejez digna.

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