Señor Director:
Chile está en deuda con la conservación de sus peces y el consumo de productos del mar, pero para salir de este problema a veces ponemos la carreta delante de los bueyes y así nunca podremos avanzar o tal vez no se quiere avanzar. Es lo que ocurre hoy con la campaña de Asipes contra la pesca artesanal de botes de madera que subsisten pescando Merluza Común para alimentar a Chile.
Sin ir más lejos, es la propia ley en su ART. 1C, la que dispone tener en consideración objetivos de largo plazo para la conservación y administración de las pesquerías y aplicar el principio precautorio. Es decir, la autoridad debe tomar los resguardos para la conservación de los recursos cuando la información sea incierta, no confiable o incompleta, y no usar la falta de información para posponer medidas de conservación y administración.
Sobre este punto cabe ejemplificar lo ocurrido tras la autorización de los programas de monitoreo del descarte de especies como Merluza común o Reineta, cuya captura y descarte han sido autorizados inclusive el mismo año que entró en vigor la ley de pesca, sin que hasta la fecha existan resultados fidedignos de esos monitoreos y mucho menos planes de preservación al respecto. Vulnerando así los principios precautorios que establece la legislación.
Sin embargo, tras estas autorizaciones de monitoreo del descarte se ha descubierto una rentable oportunidad de negocio empresarial como sucedió con la Reineta, sumado a que empresas industriales arrastrares ingresaron a un negocio nuevo a un recurso nuevo que hasta el estudio era patrimonio de la pesca artesanal.
Con estos monitoreos arriesgamos incluso un daño irreversible sobre las especies que se buscó monitorear. Es así como ha quedado develado el grave daño que la flota arrastrare-crustacera ocasiona sobre la biomasa de especies no-objetivo como la mencionada Merluza Común que como se aprecia en el siguiente link son devueltas muertas al mar, amparado por la autoridad y sus estudios de monitoreo.
Hoy ocurre que no existe urgencia para proteger los recursos pesqueros, se toma tiempo para levantar datos e información que nunca se encuentra y entre medio se da libertad de acción a los actores industriales que utilizan los artes más depredadores del sector como la pesca de arrastre, poniendo en serio riesgo a las pesquerías y a quienes viven de ellas. Además, gracias a la ley de pesca el 60% de la merluza común está en manos de 1 empresa y un par de familias, mientras el otro 40% se tiene que repartir entre más de 10 mil pescadores artesanales. Algo anda mal en esta ley de pesca y ya todos lo saben. Es una dolorosa contradicción sostener que debemos aumentar el consumo de pescado en Chile y a la vez intentar que los pescadores artesanales sean criminalizados por llevar este pescado a la mesa chilena, la ley de pesca debe ser corregida para bien y la merluza común debe ser 100% artesanal para alimentar a Chile y a nuestra gente.
Alfredo Irarrázaval, Gerente asociación de pequeños y medianos empresarios pesqueros Pymepes AG.
