Recientemente hemos sostenido un público intercambio de ideas con el movimiento Izquierda Autónoma, luego que convocaran a un entendimiento sustantivo post primera vuelta presidencial, respecto a las coincidencias programáticas entre el socialismo chileno y el Frente Amplio. Aquél se centró en asentar las condiciones de un diálogo que abarque, en lo medular, la estrategia que la izquierda debería adoptar para evitar la restauración conservadora que se propone Sebastián Piñera y un entendimiento con la finalidad de impulsar transformaciones democratizadoras. Como bien se evidenció en aquella oportunidad, en dicha discusión, entre otros aspectos, resulta imprescindible una aproximación autocrítica a la práctica política del socialismo chileno durante el actual gobierno.
En lo que sigue, a fin de continuar el intercambio, esta columna intentará exponer algunas ideas en el marco de dicho debate.
I Entendimiento coyuntural: evitar la restauración conservadora y proyectar una unión de fuerzas democráticas de izquierda
Los resultados del pasado proceso eleccionario dieron cuenta de la capacidad del Frente Amplio (FA) para convertirse en una fuerza política relevante y electoralmente eficaz. Hoy existe la oportunidad para que el FA participe en la construcción, mediante alianzas, de una fuerza social y política que derrote a la derecha y que enfrente el nuevo ciclo político. Ante el próximo ballotage, la decisión del FA podría ser, desde esa perspectiva, histórica.
Por otra parte, dicha participación, no solo le permitirá mostrar al país que cuenta con la madurez política necesaria para ser una alternativa seria de gobierno, sino que, además, se desarrollará en un plano de horizontalidad que le permitirá contar con una incidencia sustantiva en el plano de los principios y la acción política.
Y es que en esta segunda vuelta estará en juego la posibilidad de perfeccionar y profundizar un proceso transformador, fundado en el diagnóstico correcto del actual Gobierno, acerca de la necesidad de implementar una serie de reformas democratizadoras, con miras a que Chile alcance un desarrollo igualitario, consolidando una nueva forma de concebir los derechos sociales, el modelo de desarrollo y la relación de las personas con el Estado.
En este contexto, resulta fundamental alcanzar un entendimiento coyuntural para lograr dicho cometido trasformador y a la vez evitar una restauración conservadora y neoliberal que girará en torno al despliegue de las armas del mercado y el apego a la tradición. Solo la suma de fuerzas de una izquierda amplia y diversa puede alcanzar los objetivos democratizadores.
Los lineamientos son ambiciosos; corren de forma paralela, pero en distintas velocidades. Lo inmediato exige detener la instalación de Sebastián Piñera como Presidente de la República para el periodo 2018-2022. Paralelamente, debiésemos construir una convergencia y despliegue de trazas estratégicas y de principios que sean necesarios para abordar el desafío que se nos avecina, atendiendo los tiempos necesarios que requiere la reflexión y la deliberación crítica, y evitando pragmatismos electorales de corto alcance que son vacíos de contenido.
[cita tipo=»destaque»]A pesar del contexto político hostil al cambio constitucional, en este caso el tema se instaló en la ciudadanía y se ha perseverado en cumplir su itinerario. Acá, la clave, más que “voluntad”, es que quienes queremos elaborar una constitución en democracia debemos generar las condiciones materiales que permitan impulsarlo exitosamente. No es lo mismo que los actores político-institucionales estén obligados a algo, a que se vean obligados a hacerlo. Y esto último acontecerá cuando se aglutine una fuerza política y social suficiente, unida a una estrategia adecuada, que permita rediseñar –dicho en sentido lato– la distribución del poder en Chile. Solo así podremos terminar con casi treinta años de fetichismo institucional y alienación constitucional.[/cita]
Y es que un eventual gobierno de derecha acentuará la privatización de todos los ámbitos de la vida, desarticulando el principio de solidaridad como criterio orientador de las políticas del Estado. A ello se sumará la consolidación de la lógica del mercado y la competencia como criterio primario de resolución de los conflictos sociales. Este eje aciago en el enfoque de las políticas debe ser revertido y re-direccionado, puesto que puede conllevar una rearticulación de fuerzas conservadoras que consoliden una hegemonía neoliberal y su subjetividad propia, que fortalezcan la reacción y resistencias a actuales y futuros procesos democratizadores.
II Punto de partida: crítica y autocrítica para avanzar.
Para iniciar discusiones se requieren ciertos pisos de acuerdo. Algunos representantes del FA han condicionado el diálogo a la necesidad de una autocrítica por parte del socialismo chileno y al arribo de ciertas conclusiones. Si bien no es aceptable la petición de principio, concordamos que es necesario el ejercicio. Antes bien, esta autoevaluación parte reconociendo que las reformas no han constituido retrocesos sino que han mejorado la calidad de vida de las personas. En tal sentido, pueden ser catalogadas, en su conjunto, como un primer paso en la dirección correcta. Ello es así porque movieron los cercos de lo políticamente posible, por lo cual hoy podemos discutir acerca de cómo mejorarlas o direccionarlas: las coordenadas de la discusión pública son favorables a los objetivos transformadores. Las reformas, por así decirlo, generaron esta instancia.
Sin embargo, no puede sino ser miope sostener que dichas reformas son inmunes al mejoramiento y a su revisión crítica. Tal como lo habíamos apuntado en otro lugar, toda práctica política que hunda sus raíces en la tradición intelectual de la izquierda no solo es crítica, sino que también es permanentemente autocrítica. En ese sentido, el socialismo chileno, no puede oponerse, sin traicionarse a sí mismo, a esta matriz. En otras palabras: siempre está dispuesto a analizar críticamente sus actos y decisiones.
Al respecto, el gobierno de la Nueva Mayoría (NM) se propuso llevar a cabo cuatro grandes ejes de reformas con pretensiones igualitaristas cuyo énfasis fuera el fortalecimiento de lo público. En dicho contexto, el país, gracias al empuje de los movimientos sociales, volvió a hablar de educación para todos, de una salud pública de calidad, de participación ciudadana, cambio y legitimidad constitucional, pensiones dignas, derechos laborales colectivos y el rescate de ciertos valores cívicos que se habían extraviado.
A continuación haremos un ejercicio crítico de las reformas antes enunciadas.
II.1. Reforma tributaria para financiar derechos sociales.
En su idea originaria, esta política con fines redistributivos apuntó a un rescate del principio de solidaridad. Sobre este punto podríamos decir que sus objetivos se cumplieron pues existe un cambio en el rendimiento impositivo. Esto es así porque se asignaron cargas tributarias sobre la base del principio de capacidad de pago del contribuyente. Esto implicó mayor recaudación y justicia tributaria. El logro de dicha propuesta se concretó aun a pesar de haberse forzado un “entendimiento” en la llamada “cocina” del senador Andrés Zaldívar. Los costos de dicho proceder están a la vista: la ciudadanía relegó a la irrelevancia política a todos aquellos que actuaron a sus espaldas.
II.2 Reforma educacional
La reforma educacional no ha acabado. Es una política que se sigue ejecutando pues instalar la comprensión de la educación como un derecho social y no como mercancía, demanda tiempos más extensos que el mandato asignado para un gobierno. En razón de ello, se requiere continuidad, profundización y, por supuesto, perfeccionamiento de aquellos defectos generados por las tensiones propias derivadas de la complejidad y diversidad de quienes componen la NM. Considerado lo anterior, en este punto se hace necesario avanzar colectivamente y de modo decidido en el fortalecimiento del pilar público del sistema, tal como se hizo en el nivel parvulario. Dicho foco debe constituirse en el desafío conjunto del siguiente período.
II.3 – Reforma que moderniza el sistema de relaciones laborales.
En este aspecto, debe reconocerse la falta de visión política y de dimensionamiento del comportamiento activista que adoptó el Tribunal Constitucional (TC). Sin desconsiderar la tensión que antes describíamos, sin duda fue un error no prever que el marco constitucional vigente, en sus límites, impediría una reforma robusta en este punto. Y es que las reformas que fueron controladas preventivamente por el TC, especialmente la laboral, fueron en cierto sentido subvertidas, debido al efecto re-direccionador del proceso democrático y de las políticas que promovió el TC.
En este apartado, el objetivo conjunto debe seguir siendo avanzar en la formalización y reequilibrio de las relaciones laborales, a fin de mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores y así obtener una distribución proporcional de los frutos del trabajo
II.4- El problema constitucional.
A pesar del contexto político hostil al cambio constitucional, en este caso el tema se instaló en la ciudadanía y se ha perseverado en cumplir su itinerario. Acá, la clave, más que “voluntad”, es que quienes queremos elaborar una constitución en democracia debemos generar las condiciones materiales que permitan impulsarlo exitosamente. No es lo mismo que los actores político-institucionales estén obligados a algo, a que se vean obligados a hacerlo. Y esto último acontecerá cuando se aglutine una fuerza política y social suficiente, unida a una estrategia adecuada, que permita rediseñar –dicho en sentido lato– la distribución del poder en Chile. Solo así podremos terminar con casi treinta años de fetichismo institucional y alienación constitucional.
Finalmente, queremos decir que nadie en la izquierda podría renegar las oportunidades históricas que en este momento se abren para realizar transformaciones, so pena de incurrir en un izquierdismo infantil. Solo mediante alianzas políticas estratégicamente amplias se podría lograr, no solo la consolidación de derechos sociales garantizados, sino que también excluir de la vida social la lógica neoliberal despolitizadora y desintegradora. En ese sentido, de cierta forma, hoy podemos realizar el proyecto del Presidente Allende: transformaciones profundas, en democracia.
