Opinión
Si bien se ha progresado en institucionalidad acuícola, el control de Sernapesca sigue siendo limitado y dependiente de reportes de las empresas. El año 2018, inspeccionaron solamente el 23% de los centros de cultivo de la región de Los Lagos. Lo curioso es que la cobertura de fiscalización en Magallanes es considerablemente más alta (83% para el 2017; 100% para el 2018), y en esa región opera Nova Austral.
El mundo salmonero se ha visto (nuevamente) envuelto en un escenario complejo. Tras la investigación de El Mostrador, se informó que la empresa Nova Austral habría entregado información incorrecta sobre mortalidades al ente fiscalizador Sernapesca de forma deliberada. Si bien la investigación está en curso, el nuevo gerente de la empresa reconoció que se entregó información incorrecta sobre las mortalidades a Sernapesca.
Este escenario vuelve a sembrar dudas para la actividad salmonera a distintos niveles. Para la región de Magallanes, en donde se está discutiendo las implicancias de intensificar la actividad en la zona, el hecho genera dudas sobre las prácticas de una empresa que esta exclusivamente ubicada en la zona y se jactaba de respetar altos estándares de sustentabilidad ambiental. A nivel nacional, la manipulación de cifras sobre mortalidades entregadas por Nova Austral siembra dudas sobre la estabilidad sanitaria y ambiental de un sistema regulatorio que depende notoriamente en reportes entregados por las mismas empresas.
El hecho de Nova Austral da cuenta de que el fortalecimiento institucional acuícola, que se ha desarrollado incrementalmente desde el 2007 en adelante, es bastante frágil. Si bien se agradece el rol de El Mostrador, la pregunta es donde estaba el ente fiscalizador, quién debería estar resguardando la sustentabilidad del bien común. Igual que en el futbol, quién pierde la marca del rival es responsable del gol. ¿Quiénes perdieron la marca en esta jugada? Por un lado, la certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council) de la WWF (World Wilidlife Foundation).
Si bien esta certificación fue recientemente sancionada para la empresa, la manipulación de información pone en tela de juicio la capacidad del sistema de certificaciones para garantizar la sustentabilidad productiva. Por otro lado, y quizás lo más grave, es el Estado como garante sanitario y ambiental de la actividad acuícola.
Si bien se ha progresado en institucionalidad acuícola, el control de Sernapesca sigue siendo limitado y dependiente de reportes de las empresas. El año 2018, inspeccionaron solamente el 23% de los centros de cultivo de la región de Los Lagos. Lo curioso es que la cobertura de fiscalización en Magallanes es considerablemente más alta (83% para el 2017; 100% para el 2018), y en esa región opera Nova Austral[1].
Es decir, la manipulación de datos ocurrió en una región considerablemente más controlada que en Los Lagos. Este hecho da cabida para muchas dudas, las que el gobierno ha tratado de despejar mediante promesas para mejorar el control. Aun así, la información que proveen las empresas sigue siendo crucial. Lo central del asunto es si efectivamente se puede delegar en los productores la facilitación de la información clave para fiscalizar las prácticas sanitarias y ambientales de la industria. Sin duda es algo riesgoso. No por qué los empresarios sean malas personas, sino porque al tener intereses económicos comprometidos, son susceptibles a alterar la información. De este modo, un sistema regulatorio basado en la confianza en los actores privados es, a lo menos, frágil.
Pese a la fragilidad, el castillo de naipes se mantiene por que los empresarios salmoneros tienen cierto interés por los bienes públicos, eso que está fuera de sus empresas y fluye a través de sus jaulas de siembre: el mar. Este interés se basa en dos condiciones. En primer lugar, particularmente después de la crisis del virus ISA, el sector salmonero se dio cuenta que las prácticas que tenga un centro de cultivo son relevantes para la totalidad de los otros centros. Debido a que comparten el mar como medio de producción, las prácticas que tenga mi vecino productor pueden impactar en mi centro productivo, por muy pulcro y limpio que sea yo.
En segundo lugar, la salmonicultura en Chile tiene mala reputación, y eso no solo incide en la opinión pública, sino en la disposición a pagar de los consumidores en el extranjero. Como documentamos en una reciente publicación, las utilidades por kilogramos del salmón producido en Chile son comparativamente más bajas, y esto se basa en buena medida en la reputación internacional.
En este contexto, las empresas salmoneras tienen un interés instrumental por el bien público. Sin embargo, el umbral que separa sus motivaciones económicas y el resguardo de lo público se puede cruzar fácilmente. En caso de que el riesgo sanitario se mantenga bajo, y la prospección de mercado sea atractiva, habría un estimulo para cruzar el umbral. En efecto, pareciera ser que este fue el caso de Nova Austral, pese a que sea disfrazado de falta administrativa. Del mismo modo, mientras las prácticas de las empresas no salgan a la luz pública, las certificaciones comerciales seguirán operando y endeblemente garantizando estándares.
En este escenario, es posible que la industria espere que la fiscalización se mantenga laxa. La pregunta es: ¿Qué espera el Estado con el actual modelo de fiscalización? La fiscalización no puede recaer en el auto reporte de las empresas, sino que debe estar en el Estado como garante de lo público. Si es que es posible una acuicultura sustentable, la garantía de esta no puede recaer en actores que tienen intereses comprometidos necesariamente en las utilidades. El punto es donde están los intereses del estado en la materia.
[1] Los correos de El Mostrador son del año 2016, en donde Sernpaesca no tiene porcentaje de centros visitados con respecto al total.
